Andalucía completa la reforma de su modelo urbanístico con una normativa más flexible

El Gobierno andaluz ha culminado la remodelación completa del modelo urbanístico que rige en la comunidad. El último paso ha sido la aprobación del reglamento que desarrolla la normativa del suelo, que lleva en vigor casi un año. El propio Juanma Moreno calificó la Ley de Impulso a la Sostenibilidad de Andalucía (Lista) como la más relevante de la pasada legislatura y ahora se desplegará en su totalidad para regular los aspectos relacionados con la construcción de viviendas y de desarrollos urbanísticos del territorio.

Quedan algunos flecos, como la actualización del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), pero el Ejecutivo del PP logra el objetivo que se marcó al llegar a San Telmo: reducir los trámites burocráticos en materia urbanística para generar actividad económica. La tesis popular es que "la maraña" normativa generada por 37 años de mandatos socialistas era un freno al desarrollo y con este articulado se desatascan numerosos proyectos que se veían encorsetados por el atasco de los planes de ordenación urbanística de los municipios. La oposición de izquierdas rechaza este postulado y asegura que el objetivo de Moreno con esta apuesta —lleva tres decretos de simplificación normativa— es conceder barra libre a la especulación.

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Uno de las principales novedades de esta norma es la reducción de los plazos para aprobar estos marcos reglamentarios que condicionan el desarrollo de las localidades y que muchas veces se han visto atascados en los tribunales. "No debe paralizarse todo con este nuevo marco jurídico, es flexible", ha defendido la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, responsable del texto, que ha negociado largamente con los municipios. Ahora se tardará un máximo de tres años para este tipo de planes, aunque la Junta contempla un modelo más sencillo para localidades pequeñas y otro más detallado para grandes ciudades.

Hay que recordar en este punto que la Lista salió adelante con la abstención del PSOE después de la negativa inicial que provocó su rechazo en primera instancia. No obstante, los socialistas tenían claro que era necesario reformar las dos normas previas de 1999 y 2002, que no dieron los frutos deseados. De hecho, la Lista asume algunos de los postulados que contemplaba la ley urbanística que se le quedó en el tintero al último Gobierno de Susana Díaz. Pero no aceptaron la posibilidad de construir viviendas unifamiliares en suelo rural sin estar vinculadas a un uso concreto, lo que provocó que no apoyaran el texto.

Esta novedad, según ha defendido Carazo en San Telmo, servirá para asentar a los habitantes en un entorno con problemas de despoblación, ya que permite los usos que no sean únicamente agrícolas, como ocurría hasta que se aprobó la Lista. Esta flexibilidad de los usos en zonas rústicas no solo atañe a las viviendas, sino a otros usos como el de instalación de generadores de energías renovables. La apuesta del Gobierno por multiplicar la implantación de plantas eólicas y fotovoltaicas se verá favorecida por la consideración de estos usos como "ordinarios", pero Carazo ha recordado que su puesta en marcha debe compaginarse con las leyes sobre protección ambiental.

Las 300.000 viviendas irregulares

El reglamento de la Lista que acaba de aprobar el Gobierno andaluz entrará en vigor antes de final de año y deja claro el procedimiento para regularizar las 300.000 viviendas que el Ejecutivo andaluz calcula que existen en la comunidad. El Ejecutivo de Juanma Moreno ya dio el primer paso a principios de su primer mandato, pero esta apuesta quedó integrada en la ley urbanística, que no ha amnistiado aquellas viviendas edificadas en ramblas o zonas inundables. Carazo no tiene información sobre cuántas de estas construcciones han sido ya legalizadas, pero ha destacado que la Junta está colaborando con municipios como Carmona, en Sevilla, Vejer, Barbate o Chiclana, en Cádiz, para facilitar la regularización de estas viviendas e impedir la proliferación de nuevas.

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Este año, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha registrado expedientes que afectan a 343 edificaciones y 644 parcelaciones irregulares. 125 de esos expedientes tienen que ver con el restablecimiento de la legalidad en el suelo rústico. Carazo ha destacado que el número de actuaciones en este sentido ha ido creciendo desde las 22 de 2018 de forma paulatina gracias al fortalecimiento de la inspección.

Esto es posible gracias al uso de nuevas tecnologías, como drones o geolocalizaciones, ya que la Junta solo cuenta con 26 inspectores. Para paliar este déficit, Fomento sacará una convocatoria pública con cinco nuevas plazas y creará un cuerpo de subinspectores por medio del reglamento recién aprobado.

Más colaboración público-privada

La falta de personal no es exclusiva de la Administración autonómica y, para paliar el atasco administrativo que sufren muchos proyectos, la Junta ha dado un paso más en su apuesta por la colaboración público-privada. Se trata de la habilitación de las "entidades urbanísticas certificadoras", que pueden ser profesionales o colegios que colaboren con los ayuntamientos en la gestión de licencias o la comprobación de declaraciones responsables, siempre que no se trate de funciones propias de los funcionarios públicos.

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El reglamento tiene un importante papel en la aclaración de competencias y permite que la Administración autonómica pueda paralizar obras que infrinjan la normativa regional, algo hasta ahora reservado a los ayuntamientos. A pesar de todo, Carazo se ha mostrado optimista y ha defendido que la sociedad ha avanzado desde la aprobación de la anterior normativa urbanística de la Junta, hace 20 años.

También ha asegurado que el texto de la Lista es ya el modelo para otras tres comunidades que están en proceso de remozar sus leyes de suelo y que incluso el Estado ha asumido algunas propuestas para la regulación a nivel nacional después de alcanzar un acuerdo en la comisión bilateral Junta-Gobierno. Hay que recordar que el Ejecutivo central recurrió esta norma al Constitucional por invasión de competencias, pero hubo un acuerdo que se cerró con la inclusión de dos disposiciones adicionales al texto autonómico.