La Junta da vía libre a regularizar 300.000 viviendas ilegales en Andalucía

El Gobierno andaluz de PP y Cs ha aprobado este martes un decreto de medidas urgentes para sacar del limbo viviendas irregulares en Andalucía. Según las estimaciones de la Consejería de Fomento, actualmente hay 327.583 edificaciones no autorizadas y ninguna provincia andaluza se salva del ladrillo irregular.

Días después de que las tormentas hayan dejado graves daños en Almería y la costa tropical de Granada y Málaga, el Gobierno andaluz precisó que no se salvarán aquellas casas que estén en cauces o arroyos, que se someterán a la piqueta. El Gobierno de Murcia, tal y como informa este martes El Confidencial, tramitó en mayo un cambio de ley para volver a edificar en cauces. Andalucía trató de marcar distancias con esa regulación.

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Sin embargo el catálogo de situaciones de estas viviendas irregulares es muy amplio. Fomento no supo precisar cuántas están en suelos inundables, pero sí habló la consejera, Marifrán Carazo, de "sentido común" y de que no entran las que se ubiquen en "suelos en especial situación". Solo se podrán además acoger al decreto las viviendas irregulares cuya situación esté prescrita, a los seis años, no tengan sentencia de derribo y entren en el limbo legal.

La regularización de viviendas ilegales en Andalucía no es nueva. Es más, son ya varios gobiernos, también del PSOE, los que desde 2003, hace 16 años, anunciaron acciones para dar una solución al ladrillo ilegal en Andalucía y a los propietarios de estos miles de viviendas. Desde ese año, cuando se contabilizó un primer intento, se creó la figura del AFO, 'asimilado a fuera de ordenación'. Viviendas que no se podían derribar, su ilegalidad estaba prescrita, y que tampoco podían incluirse como legales en los planes de ordenación de los municipios, por lo que no tenían acceso a servicios básicos como la luz, el agua, el asfaltado de sus urbanizaciones o la limpieza.

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Desde 2003, según comentó la consejera de Fomento, los sucesivos gobiernos del PSOE en Andalucía fueron aprobando decretos, hasta tres, y una orden para dar salida a estas viviendas irregulares. "Se aprobó un primer decreto sin garantías que dejaba muchos cabos sueltos", aseguró Carazo.

Esta situación, admite el actual Gobierno, ha generado "un grave problema", pero desde Fomento aseguraron que no se puede hablar de "una amnistía". El decreto aprobado tiene carácter urgente y provisional porque una posterior ley del suelo regulará definitivamente esta materia. La declaración AFO permitirá a los propietarios inscribir sus viviendas en el Registro de la Propiedad, y se aplicará también a urbanizaciones o grupos de viviendas, lo que hasta ahora no se contemplaba.

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Hasta la fecha, según Fomento, en los últimos años se han regularizado, de la mano de los ayuntamientos en Andalucía, un total de 1.500 viviendas ilegales. A partir de ahora se agilizan los trámites, según destaca la Junta, para que estas situaciones se puedan resolver en un plazo de entre 12 y 18 meses.