El Gobierno andaluz amarra pactos ante 50.000 pleitos que suman 2.000 millones

Uno de los problemas que afrontará la hacienda andaluza en los próximos años será el pago de sentencias muy cuantiosas. El Gobierno de PP y Cs denunció que los socialistas les habían dejado una herencia de 762 millones de euros en condenas judiciales, con 300.000 euros de intereses de demora por cada mes de impago. Ahora toman medidas para afrontar futuros litigios.

Ahora mismo, la Junta tiene sobre la mesa 50.000 reclamaciones en litigios que suman 2.000 millones de euros. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ya advirtió de que es una prioridad una defensa lo más eficiente posible de esos litigios para minimizar al máximo sus posibles consecuencias. En las filas del Gobierno andaluz achacan esa avalancha de demandas a la "indolencia" y la "desidia" del anterior equipo del PSOE.

El Gobierno no quiere arriesgarse a que todo quede en manos de los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía. Un cuerpo de funcionarios que se enfrenta en los casos más cuantiosos a empresas muy potentes que disponen de los servicios de aguerridos bufetes de abogados. Por eso una de las enmiendas introducidas por PP y Cs al Presupuesto andaluz para 2019, que se aprobará la semana próxima en el Parlamento, refuerza en el articulado de la ley la posibilidad de que el Gobierno negocie conflictos, la mayoría con grandes firmas constructoras, en la vía extrajudicial y cierre acuerdos para evitar los litigios. No es una práctica habitual en las administraciones y menos en la andaluza.

Aval del Parlamento

Para evitar suspicacias, fuentes del Gobierno explicaron que esa enmienda incluye una cláusula que deja en manos del Parlamento convalidar por mayoría esos acuerdos. Tanto PP como Cs saben que será difícil tener el apoyo de PSOE y Adelante Andalucía en el actual clima político pero quieren intentarlo y el consejero de Hacienda, Juan Bravo, se caracteriza por ser un optimista impenitente.

El Gobierno apuesta por "una fórmula que permita llegar a acuerdos extrajudiciales de manera transparente", explican fuentes del Ejecutivo autonómico. Por ejemplo, en el caso de Sacyr y el metro de Sevilla, se pudo llegar a un acuerdo por 60 millones de euros, que ofertó la empresa y la Junta ni siquiera consideró. Finalmente, la sentencia ha dictaminado que la Junta debe abonar 170 millones, una cantidad que crece con los intereses y ronda ya los 200 millones de euros. De haber llegado a un acuerdo cuando la empresa lo ofreció el ahorro a las arcas públicas habría sido notable. Ese dinero, lógicamente, se paga del bolsillo de todos los andaluces.

Fuentes del Gobierno explicaron que esa enmienda incluye una cláusula que deja en manos del Parlamento convalidar por mayoría esos acuerdos

Hasta ahora, el consejo de Gobierno de una comunidad autónoma está capacitado para llegar a este tipo de acuerdos, aunque en el caso de Andalucía "no ha sido una vía utilizada, ni siquiera en casos en los que se anticipaba que el resultado final del proceso judicial no sería beneficioso", según explican desde la Consejería de Hacienda.

Poco habitual

La enmienda 275 al articulado del Presupuesto andaluz, de PP y Cs, implica al Parlamento para la terminación de un procedimiento de responsabilidad patrimonial. "Se podrá saber de manera transparente las condiciones de un acuerdo y todas las fuerzas políticas podrán fijar su posición sobre el mismo. Se trata de una medida novedosa, ya que no es una práctica habitual por parte del poder ejecutivo hacer partícipe al legislativo de este tipo de decisiones, pero implica que cualquier acuerdo relevante deba ser explicado previamente con total transparencia", aclaran desde la administración autonómica.

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Isabel Morillo. Sevilla

Los 50.000 procedimientos judiciales que tiene 'vivos' en este momento la Junta de Andalucía están promovidos por ayuntamientos, diputaciones, particulares, empresas privadas y otros organismos autónomos. Una maraña legal que ocupa al casi medio centenar de letrados de los servicios jurídicos de la Junta.

548 millones en cuatro años

Entre 2016 y 2018, la Junta desembolsó 548 millones de euros que afectan a todas las consejerías y organismos públicos como el Instituto Andaluz de la Mujer, el Instituto de la Juventud, el Servicio Andaluz de Salud o la Agencia Tributaria de Andalucía.

Por primera vez, el nuevo Gobierno desveló que a este desembolso hay que sumar otros 241 millones de euros que habrá que imputar en los próximos ejercicios presupuestarios. El fallo judicial más importante se refiere a los sobrecostes del metro de Sevilla, 167 millones de euros. Para evitar los intereses de demora, Bendodo se comprometió a liquidar esa deuda cuanto antes.

Los grandes casos

Otras sentencias judiciales de abultado coste económico se refieren al caso Nevada, 165 millones, por la construcción de un centro comercial en Armilla (Granada), donde la Junta ni siquiera se presentó y ganó el promotor Tomás Olivo. La Junta mantuvo paralizada las obras durante ocho años y después no se presentó en una vista clave del litigio, pese a lo cual el Gobierno andaluz ascendió al letrado que se ausentó de la vista que allanó el camino al desembolso millonario al empresario.

Otras empresas con litigios millonarios son el Centro sanitario Pascual, 21 millones, empresa con la que la Junta tiene un importante concierto sanitario; Red Eléctrica, 57 millones. En total, desde 2014 y según los datos aportados en su momento por el consejero de Presidencia, se han contabilizado más de 600.000 expedientes. La mayoría se refieren a casos de posible responsabilidad patrimonial de la Administración; expedientes sancionadores o impugnaciones de resoluciones y justiprecios.

Entre los asuntos pendientes, el Gobierno andaluz no se refirió a otra importante demanda, la que impuso Gas Natural por daño patrimonial contra la Junta por dejar parado el proyecto de gasoducto en Doñana, que finalmente no se hará, y por lo que exige 358 millones de euros. Ni la empresa ni el Gobierno andaluz desvelan más detalles.

La enmienda del Presupuesto

"Disposición final decimoquinta. Adición de un nuevo artículo 118 a la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

Artículo 118. Terminación convencional en procedimientos de responsabilidad patrimonial.

1. Para determinar la responsabilidad patrimonial de la Administración de la Junta de Andalucía, se podrán celebrar acuerdos, pactos o convenios conforme a lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, con las especialidades derivadas de la organización de la Administración de la Junta de Andalucía.

2. Sin perjuicio de otras que pudieran proceder por aplicación de las disposiciones legales en materia presupuestaria, se requerirá autorización por el Parlamento de Andalucía, siempre que la terminación convencional del procedimiento de responsabilidad patrimonial suponga el reconocimiento por parte de la Administración de la obligación de indemnizar por cuantía superior a doce millones de euros, o por una cuantía inferior, siempre que se acredite de forma motivada que el reconocimiento de tal obligación puede incidir en los principios de estabilidad presupuestaria o de afectación de los ingresos, o que para atenderla se precisa un crédito extraordinario o un suplemento de crédito",

Justificación

Mejorar el proceso de terminación convencional en procedimientos de responsabilidad patrimonial.