El 'superdecreto' para las empresas en Andalucía topa con el bloqueo político

El Gobierno andaluz aprobó este martes un voluminoso decreto ley para la simplificación administrativa que defiende que es un instrumento clave para agilizar las inversiones y captar empresas e inversión privada, en un momento en el que la recuperación económica vuelve a verse amenazada por la pandemia. La Junta de Andalucía quiere una tramitación lo más rápida posible. De “extrema urgencia”. La semana próxima, con el acelerador a fondo, el decreto llegará al Parlamento y PP y Cs no tienen los apoyos suficientes para convalidarlo.

Es el primer bloqueo político grave que sufre el presidente Juan Manuel Moreno después de que la oposición y la ruptura con Vox, su aliado parlamentario, tumbaran los presupuestos. El PSOE ha ofrecido una negociación, pero pide que se tramite como ley, lo que alargaría unos tres o cuatro meses su aprobación. El Gobierno ha rechazado esa oferta y no acepta condiciones. Moreno había desvelado públicamente que no creía que la actividad parlamentaria se frenara hasta febrero, cuando empieza el próximo periodo de sesiones. Las dificultades han comenzado antes.

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En ese momento, ya dijo Moreno que, si el Parlamento se convertía en “un callejón sin salida”, tendría que convocar elecciones, por más que quiera agotar la legislatura. Tras tumbarse el presupuesto de 2022, el Gobierno ha tenido varios balones de oxígeno. Nada permitía atisbar en el corto plazo ese famoso bloqueo que precipitaría el adelanto electoral. Salió la ley del suelo, un asunto clave para el Ejecutivo, y este miércoles toda la oposición, excepto Vox, que se quedó aislado, dio luz verde a otros dos proyectos de ley.

El Gobierno andaluz sacó adelante con la izquierda la creación de la Agencia Trade, que fusiona cuatro entes públicos (Extenda, Andalucía Emprende, IDEA y la Agencia Andaluza del Conocimiento) y también aprobó la ley de apoyo a las entidades locales autónomas (ELA). Vox, además, se quedó solo y vio decaer su ley de concordia por la abstención de PP y Cs. Era uno de los compromisos del acuerdo de investidura.

Ritmo frenado

Sin embargo, el ritmo de aprobación de leyes se verá interrumpido el próximo pleno. El Gobierno ha colado en el orden del día de forma urgente el decreto ley por el que se adoptan “medidas de simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía”, una norma que incorpora más de 330 medidas, agrupadas en medidas de simplificación administrativa, medidas de mejora de la regulación o derogaciones normativas. El decreto aún no está publicado en BOJA y los partidos de la oposición en la izquierda a los que se pide su voto, sobre todo al PSOE, no han tenido ni siquiera ocasión de leerlo.

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Estas medidas, que afectan a 33 materias (medioambiente, turismo, educación, agricultura, pesca, patrimonio histórico, vivienda, puertos, energía, fondos europeos, salud, colegios profesionales, fundaciones, transportes o urbanismo, entre otras), suponen la modificación de 80 normas entre leyes, decretos leyes, decretos u órdenes, incluyendo diversas derogaciones normativas.

La norma cuenta con el apoyo ferviente de la patronal y los sectores económicos que se verán liberados de trámites, sobre todo en el ámbito del ladrillo y la construcción, pero no con el visto bueno de los sindicatos. Vox sigue endureciendo su tono contra el Gobierno. PP y Cs no cuentan con que el partido de extrema derecha salve el decreto por más que crean que va en la línea de sus principios económicos. El PSOE no se fía de esa tramitación urgente y advierten de que un decreto que modifica de una tacada otras 80 leyes necesita, al menos, que se debata como ley, se escuche en el Parlamento a los agentes económicos y sociales, a los ayuntamientos, que se pueda corregir y enmendar para evitar sorpresas.

Portazo a la oferta socialista

La portavoz socialista, Ángeles Férriz, utilizó su turno en la sesión de control en la Cámara al presidente andaluz para ofrecer los votos del PSOE, facilitando la tramitación del decreto de simplificación administrativa, pero con la condición de que se tramite como ley, aunque sea con carácter urgente. Si Moreno tiene junio u octubre, según él mismo ha desvelado, como fechas posibles para celebrar las elecciones andaluzas, la nueva normativa podría estar aprobada antes de agotarse la presente legislatura. En unos tres o cuatro meses.

La sorpresa fue la rotundidad con la que el Gobierno andaluz dio un portazo a esa tabla salvavidas que le lanzó el PSOE. Fuentes próximas al presidente de la Junta descartaron con rotundidad alargar el procedimiento y subrayaron que, si ese decreto tan ansiado por las empresas decae, serán los partidos que han propiciado el bloqueo “los que tendrán que dar explicaciones”.

Queda una semana clave para saber qué ocurrirá con un decreto al que el Gobierno andaluz concede una importancia capital en la travesía de la recuperación económica. Si decae, el relato del bloqueo que obliga a adelantar elecciones cogerá fuerza tras semanas de capa caída. También la acusación de PP y Cs de que Vox hace pinza con la izquierda volverá a estar en la primera línea. Hasta ahora, los hechos demuestran que PSOE y Unidas Podemos han salido al auxilio del Gobierno de Moreno y Vox se regodea en ese “abrazo” cariñoso de los conservadores y liberales con la izquierda en Andalucía. Todos hablan de la importancia de anteponer la economía, pero están haciendo sus propios cálculos electorales.