"Externalizar no es privatizar lo público, sino 'publificar' lo privado"

Pasa cada poco tiempo: cada vez que un ayuntamiento, diputación o comunidad autónoma anuncia que va a externalizar un servicio público, se armó el follón: los partidos políticos discutiendo, los ciudadanos temiendo posibles recortes, los empleados públicos pensando qué será de ellos...

La externalización, que en varias ocasiones puede acabar desembocando en los llamados modelos de colaboración público-privada, tiene detractores, pero también defensores. En este último grupo se encuentran Francisco Caamaño, José María Gimeno, Gonzalo Quintero y Pascual Sala, coautores del libro 'Servicios públicos e ideología: el interés general en juego'. Hemos charlado largo y tendido con ellos para conocer su defensa de la externalización de servicios públicos hacia otro tipo de modelos.

Privatizar y externalizar: diferencias

Para empezar, cabe plantearse un debate: ¿a qué nos referimos cuando hablamos de que un servicio público ha sido externalizado? El recuerdo colectivo nos lleva a pensar en una mayor o menor privatización, pero los autores del libro rechazan dicha posibilidad e insisten en las diferencias entre ambos conceptos.

“Son claramente distintos”, asegura José María Gimeno. “En una privatización, los poderes públicos ponen en manos de la empresa privada la gestión de una actividad... y se desentienden de ella. Y esto último es lo importante: que se desentienden”.

Sin embargo, “en la externalización, la Administración pública sigue controlando la actividad, lo que busca es un socio privado que le ayude a prestar mejor el servicio. Externalizar no es privatizar ni dejar en manos de alguien el interés público. La externalización es básicamente lo contrario de una privatización: es 'publificar' la gestión privada al servicio del interés general”, afirma Gimeno.

"La externalización está al servicio del interés general" (José María Gimeno)

Además, “la titularidad del servicio y el establecimiento de las condiciones de la concesión siguen siendo de la Administración pública”, recuerda Pascual Sala. “No se puede confundir a la gente; privatizar es decir: 'No quiero saber nada de esto'. Pero eso no es lo que pasa cuando hay una externalización”.

De hecho, “hay externalizaciones que llevan décadas implantadas y muchos ciudadanos no son conscientes de que llevan tiempo viviendo con ellas. Un ejemplo es el de las recaudaciones municipales, que para pagarlas no vas a una oficina pública, sino a un negocio privado”, asegura Gonzalo Quintero.

"Es una cuestión de ideología"

Si una externalización, sobre el papel, no se corresponde con una privatización, ¿por qué en el imaginario colectivo ambos términos se mezclan? Los autores de 'Servicios públicos e ideología: el interés general en juego' nos identifican dos posibles motivos.

En primer lugar, las inclinaciones políticas. Para Gimeno, “está claro que es una cuestión de ideología, pero necesitamos transmitir los conceptos clave y no plantear un debate falso. La ideología puede ser una u otra, pero hay unos conceptos básicos, como el interés general, que no solo los realiza la Administración pública, sino también las empresas”.

"Un servicio con gestión público-privada es incluso progresista" (José María Gimeno)

Y es que “el interés general no es un concepto abstracto”, asegura Sala, “sino algo referido al resultado. En un servicio público, habrá interés general si van a poder beneficiarse más ciudadanos, si va a haber mejor precio, si la regularidad del servicio está garantizada... Eso es el interés general. Lo que no puedes hacer es llamar a todo interés general porque, con tu ideología, te guste más lo público que lo privado”.

Gimeno, de hecho, llega a darle la vuelta al asunto: “Externalizar un servicio y hacer una colaboración público-privada no es privatización. Si me apuras, incluso es progresista”.

La desconfianza ciudadana: corrupción

El segundo motivo por el que la externalización de servicios tiene tan mala fama reside en una sospecha ciudadana. Esa sospecha se llama corrupción y, por desgracia, ha convivido en demasiadas ocasiones con las concesiones públicas, con lo que la desconfianza social no solo es evidente, sino también comprensible.

“La gente cree que una gestión público-privada está siempre condenada a acabar en corrupción”, considera Pascual Sala. Y es que “en España ha habido muchos casos de despilfarro, y el despilfarro es la antesala de la corrupción, cuando no la corrupción misma”.

"En España hubo mucho despilfarro, y eso es la antesala de la corrupción" (Pascual Sala)

Y es que las grandes obras, infraestructuras e iniciativas de la España precrisis han dejado un paraje que a Francisco Caamaño le resulta muy ilustrativo: “España es un país de piscinas sin nadadores, polígonos industriales sin industrias, casas de la cultura sin gente, etcétera”.

Sin embargo, para Sala, “eso no quiere decir que haya que huir de las externalizaciones. En España ha calado un mensaje del tipo 'como ha habido corrupción, ahora hay que volver a lo público', pero eso no es así”.

¿Cómo vigilamos una externalización?

Para los autores del libro, el potencial peligro de las externalizaciones reside en que, una vez adjudicadas, no sean controladas ni sometidas a criterios de evaluación de calidad.

Y ahí es donde, según José María Gimeno, España ha ido fallando: “Aquí se han dado plazos muy largos a los adjudicatarios, nadie vigilaba lo que se hacía y lo que no, se encarecía el presupuesto para beneficiar al socio privado, etc. Al final, todo esto acaba perjudicando al ciudadano y al servicio, que tiene que ser equitativo”.

"Si el servicio lo pagamos todos, tiene que ser fiscalizado y controlado" (Quintero)

Para Gonzalo Quintero, “ya que se va a realizar una concesión y eso generará unos gastos y costos que van a los hombros de los españolitos, tiene que haber un modo de fiscalizar que dentro de ese servicio no se hagan cosas que no se pueden hacer. La legislación de concesiones contempla el deber de seguimiento, y eso es lo que hay que hacer”.

De hecho, “la Administración pública tiene la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de este servicio y de condiciones óptimas para el ciudadano”, afirma Pascual Sala. “Y si no se cumple, puede romper el contrato u obligar a la empresa a que lo cumpla”.

¿Necesitamos empresarios o políticos?

Para Francisco Caamaño, en todo el debate en torno a las externalizaciones debe hacerse una reflexión: “El reto de la Administración pública en el siglo XXI es saber qué tiempo le tiene que dedicar a la gestión y qué tiempo a la política”.

Y es que “un representante elegido por los ciudadanos es un servidor público, pero no necesariamente un gestor público, son cosas distintas. Tiene que cuidar su mensaje, su comunicación con la ciudadanía y por supuesto tiene que asumir sus responsabilidades, y dentro de ellas está supervisar y procurar mejorar la calidad de los servicios públicos”.

Sin embargo, “nadie puede ser a la vez bombero, especialista en aguas, conductor de autobús, saber de limpieza de jardines, contratación de personal, etc. Es imposible que un político gestione todo esto como si fuera un empresario de cada uno de estos sectores”.

Así pues, Caamaño considera necesario hacerse una pregunta en alto: “Mis políticos, ¿para qué están mejor preparados? ¿Para gestionar un servicio o para supervisar su concesión? ¿Tienen que ser empresarios de cualquier sector? No, tienen que saber llevar eso y delegarlo”, finaliza.