Los precios lastran la obra pública andaluza: quedan desiertos proyectos por 100 M

La construcción de un aparcamiento subterráneo en Marbella por 18,8 millones de euros, un centro de innovación de la Universidad de Cádiz presupuestado en 3,8 millones o la edificación de nuevas instalaciones en el Hospital Torrecárdenas de Almería cifrada en 11,5 millones. Estos son tres de los 111 proyectos de obra pública andaluces que el año pasado quedaron desiertos o fueron desestimados por los constructores debido al incremento de los precios y el desabastecimiento de materiales que los hacen poco rentables económicamente. Una situación que ha hecho aflorar un nuevo roce entre la Junta de Andalucía y el Ejecutivo central por los peros de la secretaria de Estado de Política Territorial al decreto autonómico que facultaría una revisión de los términos de los contratos para que vuelvan a ser atractivos para las empresas.

La patronal regional de los constructores, Fadeco Contratistas, ha analizado esta problemática por provincias y de su estudio se deduce que Málaga es donde más proyectos han sido rechazados. En total, 33; entre los que llaman la atención una actuación de ahorro energético en los juzgados de Marbella, la construcción en Ronda de una pasarela peatonal sobre las vías del tren o la edificación de 11 Viviendas de Protección Oficial (VPO) en Nerja. Casi la totalidad de las obras eran municipales —27—, por cuatro estatales y dos regionales. El montante total de todas ellas era de 31,2 millones.

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Cádiz es la segunda con 25 concursos desiertos y dos desestimados. Un total de 27 que sumaban 29,1 millones de euros en una provincia donde cualquier actuación es necesaria para revitalizar su tejido económico. Es la provincia donde el Estado, con 11, impulsa más proyectos por la presencia de Navantia, el Consorcio Zona Franca y las bases militares. Destaca la creación de una Incubadora de Alta Tecnología para el fomento de la innovación, mientras que entre las ocho licitadas por la Junta de Andalucía llama la atención la construcción de un aulario en el campus universitario de Jerez por 4,5 millones.

Por cuantía económica de los trabajos rechazados, siguen Sevilla —24 proyectos valorados en 15,1 millones— y Almería —tan solo cuatro iniciativas, pero por un importe de 12,3 millones—. Jaén se sitúa a la cola en ambos indicadores, ya que los tres proyectos ofertados y que quedaron desiertos suponían un gasto público de 379.320,65 euros. Mientras que Almería, Huelva, Córdoba y Granada suman cuatro, cinco, siete y ocho contratos que quedaron en blanco, respectivamente.

De las 111 obras públicas para Andalucía que no se adjudicaron, 100 quedaron desiertas

En total, son 111 los proyectos de obra pública que no se acometieron durante el pasado año en Andalucía, de los que 100 quedaron desiertos y 11 fueros desestimados, según los datos recogidos por Fadeco Contratistas, que señala que el importe de los mismos era de 93.774.847,77 euros. Un total de 74 de los proyectos —por 42,3 millones— fueron licitados por administraciones locales, mientras 19 —por 30.567.813,41 euros— tenían un origen regional y el resto, 18, con un presupuesto de 20.903.017,2 euros, eran estatales. El hecho de que un porcentaje elevado de estas infraestructuras sea impulsado por ayuntamientos hace que muchos de los contratos no superen el millón de euros, por lo que su ‘paralización’ daña especialmente a las pequeñas y medianas empresas de este ámbito económico.

La explicación a esta situación, que parece incomprensible en un sector tan competitivo, se encuentra en el actual contexto económico y la coyuntura internacional, cuyas consecuencias se plasman en una encuesta elaborada por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) a finales del pasado año. Para la elaboración de este trabajo se sondeó a más de 300 empresas del sector en todo el país que basaron sus respuestas en relación con su experiencia en los tres meses antes.

La subida de los precios supuso la cancelación de un contrato para el 39,5 de empresas del sector

El 75,61 confesó que en ese periodo había sufrido desabastecimiento de materiales o un "retraso inusual" en su suministro. Madera, aluminio y acero eran los que más incidencias acumulaban, mientras que la maquinaria y los vehículos, así como los sanitarios y la grifería, con 80, 87,6 y 84,4 días, respectivamente, eran los que registraban una demora más alta.

Esta situación se tradujo en retrasos en la ejecución de obras para el 51,66 de los encuestados, aunque para el 21,80 supuso la paralización de los trabajos. Solo el 2,37, afortunadamente, vio cancelado el contrato. La CNC estimó que la cuantía de las penalizaciones económicas podía oscilar entre los 1.000 y 2.000 euros por día natural.

Alza de precios

La escasez de materiales incrementa la demanda e incrementa unos precios ya disparados por la inflación de dos dígitos que afecta al país hasta elevarlos una media del 22,2%. El coste de la madera, por ejemplo, ha crecido un 125%, mientras que la piedra un 68% y el cobre un 63%. A esto hay que sumarle la subida de los gastos de transporte —un 23,75%—, muy influenciada por las alzas de los carburantes, y de la inversión en mano de obra —24%—.

El crecimiento de los precios ha obligado a cancelar algún contrato o a sufrir una penalización para el 39,47% y el 23,68%, respectivamente, afirma la patronal nacional.

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Ante este panorama, que parece no mejorar por la cronificación de la guerra provocada por la invasión rusa de Ucrania, Fadeco Contratistas no oculta su malestar por el hecho de que la secretaria de Estado de Política Territorial haya puesto pegas al plan de la Junta de Andalucía que posibilitaría revisar los términos de los contratos de obra pública para poder adaptarlos a la actual coyuntura económica.

Esta medida "excepcional" fue aprobada por la Administración autonómica en abril y la patronal andaluza se muestra "profundamente preocupada" por los efectos que tendrá en la actividad licitadora de las distintas administraciones y las consecuencias en el empleo su posible marcha atrás.

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Recordó que los distintos decretos de revisión de precios surgen para paliar los efectos de la intensa inflación que sufre el sector y el principal objetivo de estos es cubrir los costes en los que incurren las constructoras que ejecutan obra pública; de ahí que sea imprescindible que la medida incluya los proyectos ejecutados en el periodo de mayor incremento de costes: obras con certificaciones en 2021. "Lamentablemente, el Gobierno de España no las recoge en su decreto y se basa en aquellas de mayor duración, dejando fuera todas las terminadas antes de marzo de 2022 y que sí recoge el Ejecutivo andaluz en su norma", explicó Fadeco Contratistas. Su presidente, Rafael Sánchez Alcalá, incide en la necesidad de que las empresas con certificaciones de 2021 puedan acogerse; si no, en su opinión, esta herramienta será "inútil" y "sin recorrido alguno".

"El mecanismo excepcional de revisión de precios andaluz complementa al nacional en cuanto a las materias primas que han incrementado su coste, con la intención de dar cobertura a cualquier tipología de obra, ya sea civil, de edificación, hidráulica, de carretera…", apuntó, para destacar que de este modo se evita “excluir de forma caprichosa multitud de ellas”.