Hacerse rico traficando con gases contaminantes: los 'listos' que trajeron de China 110.000 kilos

El beneficio era jugoso y por eso “vendían contenedores como churros”. Una botella de 10 kilos de gas para uso industrial que suele tener un coste medio de unos 900 euros, por aproximadamente un tercio de este valor. Si introdujeron irregularmente al menos 110 toneladas, la cuenta es fácil. Más de tres millones de euros de ganancias, cuyo margen era mucho mayor al no pagar aranceles ni el impuesto medioambiental que grava la comercialización de este tipo de productos altamente contaminantes.

Este era el 'modus operandi' de la mayor red de tráfico de gases desmantelada en Europa y que ha sido desarticulada por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria en la operación Marum. La investigación se ha salado con 27 detenidos y ha tenido dos focos principales de actuación: Valencia y Granada.

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EFE

En estas dos provincias era donde estaban asentados los principales cabecillas de este entramado que, según pudo saber El Confidencial de fuentes cercanas al caso, podría llevar operando “con apariencia de legalidad” al menos durante “cinco años”. El perfil de los responsables era variado, aunque tenían algo en común: les gustaba el lujo. Con el dinero ilícito que obtenían, disfrutaban de escapadas a destinos exclusivos —Marbella era uno de los recurrentes—, donde visitaban los mejores restaurantes y clubes.

El número uno tenía su base en Valencia y es una de esas personas que “se saben mover en este tipo de situaciones”. En 2009 fue investigado por supuestamente ‘importar’ vehículos robados procedentes de Alemania para su posterior venta en África. También llamó la atención que una vez fuera sorprendido en un aeropuerto de Cataluña con una veintena de teléfonos móviles y su nombre se vinculó con una investigación sobre tráfico de precursores de cocaína.

Los dos individuos al frente de la sucursal granadina fueron definidos como unos “buscavidas”. Ese tipo de personas que, sin pensar en las consecuencias, se lanzan de cabeza si la tajada es suculenta. Uno de ellos, sin ir más lejos, era un empresario que dejó su actividad atraído por el dinero fácil y se dedicó “en exclusiva” a este comercio ilícito y se apoyó en el otro, que conocía el sector y que contaba con antecedentes por hechos similares.

El cabecilla de la red había sido investigado en el pasado por tráfico de coches robados

Las fuentes consultadas señalaron que el entramado se estructuraba de forma jerarquizada y guardaba similitudes con cualquier grupo de delincuencia organizada. No en vano, se les incautaron cantidades de diversas drogas. “En el primer nivel se situaba el importador de estos gases, cuya empresa tiene su base en Valencia. Por debajo, una red de distribución con dos cabecillas y base en Granada. Estos, a su vez, poseían una red de distribución secundaria repartida por toda Andalucía y otras provincias españolas”.

“Tienen todos los elementos asociados al crimen organizado, pero en este caso, en vez de traficar con drogas, lo hacían con elementos que afectan al medioambiente”, señaló este martes en rueda de prensa José Antonio Alfaro, jefe de Delitos Medioambientales de Europol.

Este producto, altamente dañino para la capa de ozono, por lo que su utilización está regulada, se suele emplear habitualmente en instalaciones frigoríficas y en el sector de la automoción. El jefe del Grupo de Investigación de Contaminación de la Unidad Central Operativa Medioambiental (Ucoma) de la Guardia Civil, Carlos Astrain, insistió en que estos gases contaminantes son los que “provocan el cambio climático”, y por ello están limitados en la Unión Europea y gravados con un impuesto adicional en España. Por lo que el quebranto a Hacienda se ha estimado en 3,5 millones de euros.

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En total, han sido detenidas 27 personas por los supuestos delitos de pertenencia a organización criminal, contrabando, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, blanqueo de capitales, contra el medio ambiente, contra la salud pública y contra los derechos de los trabajadores. Entre los arrestados, el principal cabecilla, así como su compañera sentimental y dos colaboradores estrechos. También cayeron los responsables de la red en Granada. Las fuentes consultadas señalaron que ingresaron en prisión.

Los agentes han intervenido 110 toneladas de diferentes tipos de gas valoradas en 11 millones de euros, varios maletines de trasvase de gas a aire acondicionado, 364.000 euros en metálico, varios vehículos de alta gama, gran cantidad de documentación y material informático, 600 aparatos de aire acondicionado, además de 435 gramos de cocaína base, 435 comprimidos de éxtasis, material para el corte de sustancias estupefacientes, una balanza de precisión, una prensadora y otros efectos utilizados para el tráfico de drogas.

Para la explotación del caso, se llevaron a cabo 20 registros domiciliarios, se inspeccionaron 10 empresas y hubo arrestos en las provincias de Granada, Valencia, Albacete, Madrid, Toledo, Murcia, Sevilla, Almería, Jaén, Córdoba y Badajoz. De manera cautelar, se han bloqueado total o parcialmente cuentas bancarias de los integrantes de la organización.

Mercancía de China

Las investigaciones de los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada y de la Ucoma comenzaron en septiembre de 2021, tras constatarse que en distintas localidades de la provincia granadina se estaba vendiendo de manera clandestina gas refrigerante de efecto invernadero (GEI) importado de China a un precio muy bajo. De esta forma, copaban el mercado.

El importador del gas procedente de China lo introducía irregularmente, amparándose en la figura del llamado tránsito aduanero comunitario externo, que permite que una empresa pueda circular por territorio de la Unión Europea (UE) mercancía importada de países extracomunitarios con destino a un tercer Estado ubicado fuera del espacio europeo. “Todo ello, sin la necesidad de estar sujeta dicha mercancía a la satisfacción de ningún tipo de derecho de importación, ni de aranceles o impuestos, ni política comercial”, precisó el Instituto Armado.

El operativo se aceleró porque entraba en el periodo en que más venta de estos gases se produce, las semanas previas del verano

El puerto de Valencia fue la entrada de toneladas de gas que supuestamente viajarían por varios países de la UE hasta su destino final, pero lo cierto era que esa mercancía se quedaría en España y sería distribuida por la red en todo el territorio nacional por un importe final tres veces por debajo del precio de mercado. Lograban este precio tan ventajoso con la exención de gravámenes, además de la elusión del impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero.

Las fuentes consultadas señalaron que la actuación se aceleró porque “la gran venta” de este producto se produce en las semanas previas del verano y se pensaba que la red había acumulado suficiente para satisfacer la demanda. En el mes de marzo, durante una inspección en una nave industrial propiedad de los detenidos, los agentes localizaron una partida de gas R404A que había entrado por el puerto de Valencia. Estas botellas tenían que haber acabado en un depósito de Hamburgo (Alemania) para su posterior exportación a Jordania, sin embargo, fueron encontradas en una nave de un polígono industrial de Jun (Granada). Su introducción en España se había producido de forma fraudulenta.

Empresa fantasma

“Para facilitar la circulación y distribución de la mercancía por el territorio español, el cabecilla de la organización había creado una empresa fantasma en Portugal que supuestamente era destinataria de la mercancía, lo que otorgaba apariencia de legalidad a los transportes del gas si eran eventualmente inspeccionados por los agentes, intentando hacerles creer que la carga se dirigía al país vecino”, precisó la Guardia Civil.

Los detenidos blanqueaban el dinero obtenido a través de una sociedad fantasma creada al efecto: bien comprando vehículos de alta gama o bienes inmuebles. También se apoyaban para esta labor en una agencia de viajes madrileña —cuyos responsables también han sido detenidos— donde los clientes pagaban el gas como paquetes de vacaciones o servicios de hoteles.

La normativa continental sobre estos gases regula su introducción en la Unión Europea y dispone, entre otras cosas, que los operadores han de estar registrados en el portal F-Gas. Los investigadores han confirmado que las empresas adscritas a esta organización criminal no figuraban inscritas en dicho registro, ni contaban con autorización para la comercialización y distribución de estos gases fluorados. Los trabajadores tampoco poseían la formación adecuada para su tráfico, manipulación, almacenamiento y venta.

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Cabe destacar que los trasvases entre botellas de estos tipos de gas requieren de autorización y se deben realizar en condiciones de seguridad óptimas para las personas y el medio ambiente. En este caso, se hacía de manera rudimentaria, con el consiguiente peligro.

Las diligencias de la investigación, en la que también han participado Europol y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF, por sus siglas en inglés), están a disposición del juzgado número 4 de Granada y de la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía de Granada.