La Guardia Civil acude a varios ministerios a por los 'contratos covid' que denuncia el PP

La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado al Gobierno los expedientes de 13 contratos adjudicados durante la pandemia. Tras la denuncia que el PP madrileño presentó en marzo, la Guardia Civil ha acudido ahora como 'mensajera' a varios ministerios para recopilarlos, informan fuentes jurídicas a El Confidencial. Los populares apuntan, entre otras cuestiones, a las subvenciones a Playbol, "vinculada a los padres del presidente", y a un contrato de Beedigital, "vinculada con el marido de la vicepresidenta (...) Nadia Calviño". También denuncian la posible influencia de los exministros de Transporte, José Luis Ábalos y de Sanidad Salvador Illa en la adjudicación de siete contratos.

La Fiscalía Anticorrupción comenzó a investigar estas ayudas y contratos el pasado abril. Su valor total supera los 326 millones de euros y, según argumentan los populares, el Gobierno pudo incurrir en "delitos de prevaricación, tráfico de influencias o malversación" a la hora de adjudicarlos. El PP madrileño presentó su denuncia poco después de que el PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid llevaran también a la Fiscalía Anticorrupción el contrato vinculado con el hermano de Isabel Díaz Ayuso.

Fiscalía abre una investigación

La solicitud de los expedientes se trata, por tanto, de un primer paso a la hora de analizar hasta qué punto tiene base la denuncia del PP. El hilo conductor de su acusación se centra en la vinculación de cada sociedad con las distintas administraciones y "la falta de comprobación de la concurrencia de los requisitos mínimos para la formalización de los contratos". Para reforzar esta idea, dejan caer los supuestos lazos que unen a las empresas con Pedro Sánchez, Nadia Calviño, José Luis Ábalos o Salvador Illa.

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En el caso del Sánchez, apuntan a un posible "tráfico de influencia" en la "concesión de subvenciones y ayudas" a Industrias Plásticas Playbol, una empresa "vinculada a los padres del presidente del Gobierno". Según explican, esta empresa recibió una "ayuda equivalente" a 64.959,82 euros entre febrero de 2020 y mayo de 2021 por parte de sociedades que dependen a su vez del Ministerio de Industria y del de Asuntos Económicos. En cuanto a Calviño, ponen el foco en la adjudicación de un contrato de 532.400 euros en 2019 por parte del Ministerio de Inclusión a Páginas Amarillas Soluciones Digitales (Beedigital), en la que su marido ejerce como "director de Marketing".

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La denuncia incide a su vez en una serie de contratos que podrían estar vinculados con el entorno de Illa y Ábalos, tras lo que termina señalando a otras tres empresas: Member of the Tribe, Wihai Textile e Hyperin Grupo. En estos casos, critica que no consta "correlación del objeto social de la empresa con el de los contratos", que el precio que se pagó por su material fue "mucho mayor del que en esas mismas fechas ofrecieron otros proveedores" o que sus responsables incumplieron determinados aspectos.

En un decreto hecho público en abril, la Fiscalía Anticorrupción ya indicaba que valoraría si del relato del PP y la documentación contienen "elementos que permitan apreciar la existencia, al menos indiciariamente, de cierta relevancia penal que justifique la incoación de las diligencias de investigación solicitadas por el denunciante". También advertía de que la denuncia "nada aporta, salvo la referencia a la publicación en diversos medios de comunicación, sobre la relación de los adjudicatarios con las personas aforadas que se indican y su posible intervención o ayuda en la obtención de los contratos, esto es, sobre su participación en los hechos".

Apoyándose en este razonamiento, la Fiscalía consideró necesario realizar "algunas diligencias que, sin dirigirse inicialmente contra personas físicas o jurídicas, permitan confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados". "Y ello debido a la relevancia que tiene el recto y normal funcionamiento de la Administración Pública con sujeción al sistema de valores instaurado en la Constitución y a la indiscutible trascendencia social del contexto en que tienen lugar los hechos descritos en la denuncia". Las indagaciones no pueden llevarse a cabo sin antes incoar diligencias de investigación penal, y ese es el paso que Anticorrupción dio hace dos meses.