Ayuso aclara ahora que su hermano cobró 55.000€ pero elude explicar otros tres pagos

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha emitido un comunicado en el que por primera vez ofrece datos del dinero que cobró su hermano de la empresa a la que el gobierno regional adjudicó un contrato de un millón y medio de euros por comprar mascarillas en el mercado Chino. La dirigente ha cifrado en 55.850 euros el dinero que percibió su hermano, pero aclara que no fue una comisión, sino fruto de las gestiones por conseguir el material en el mercado asiático.

"La factura a Priviet Sportive no es una comisión por obtener el contrato de la Administración, sino el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid, que es distinto. Es una contraprestación por su trabajo, no una comisión por intermediación. Esa factura es de 55.850 €, más IVA", dice el comunicado y aclara que fueron cuatro facturas las que envió durante el año 2020.

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Esta información sale a la luz minutos antes de la comparecencia de sus consejeros de Hacienda y Sanidad para arrojar luz sobre este contrato. Estaba previsto que en esta rueda de prensa compareciese también el consejero de Justicia e Interior y hombre fuerte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Enrique López. Ex magistrado del Tribunal Constitucional, López también es al mismo tiempo Secretario de Justicia y Administraciones Públicas del Partido Popular bajo la presidencia de Pablo Casado.

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Según el documento difundido por la presidencia de la CAM, la factura de 30 de junio de 2020 fue por gestiones para la compra de mascarillas en China, vendidas a la Comunidad de Madrid a 5 € cuando los precios en ese momento llegaban a 10,5. "Del resto de las facturas no tengo que dar cuenta porque no tienen relación con la Comunidad de Madrid y mi hermano tiene derecho a su privacidad", sentencia.

Conflicto de intereses

Esta información llega después de que el PSOE de Madrid haya presentado en la Fiscalía Anticorrupción una denuncia para que se investigue el contrato entre la Comunidad de Madrid y la empresa del conocido de la presidenta por el que luego cobró una comisión el hermano de la presidenta. Los socialistas apuntan a la comisión de posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios y malversación de caudales públicos.

Apelan a las normas que impedían a la Comunidad de Madrid conceder un contrato por la vía de urgencia a esta empresa llamada Priviet. Una de ellas es la legislación de contratación pública. En su artículo 64 establece como conflicto de intereses “cualquier situación en la que el personal al servicio del órgano de contratación, que además participe en el desarrollo del procedimiento de licitación o pueda influir en el resultado del mismo, tenga directa o indirectamente un interés financiero, económico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de licitación”.

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El escrito presentado por el PSOE también recuerda el código ético de los altos cargos de la Administración de la Comunidad de Madrid aprobado en 2016. “Se entiende que un alto cargo está incurso en conflicto de intereses cuando la decisión que vaya a adoptar pueda afectar a sus intereses personales, de naturaleza económica o profesional, por suponer un beneficio o un perjuicio a los mismos”. En este ámbito se recoge expresamente “los intereses familiares y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad”. También los de “las personas jurídicas o entidades privadas a las que los familiares estén vinculados por una relación laboral o profesional de cualquier tipo, siempre que la misma implique el ejercicio de funciones de dirección, asesoramiento o administración”.

Este viernes, la propia presidenta de la Comunidad de Madrid ha concedido una entrevista en la Cadena Cope donde ha ampliado la explicación que ofreció el día anterior cuando admitió una “relación comercial” entre su hermano y la empresa adjudicataria. Isabel Díaz Ayuso --que sostiene haberse enterado en septiembre de esta adjudicación-- ha dicho que no le ha preguntado a su hermano cuánto dinero había cobrado, aunque ha mostrado su impresión de que no coincide con la cifra de 280.000 euros que difunde la dirección nacional del PP. No ha descartado otras comisiones por contratos públicos de su familiar, pero insiste en que es legal.