¿Qué ha pasado en el PP entre Casado y Ayuso? Claves del contrato y los cobros de su hermano

Tan solo tres días después de que el PP ganase por la mínima las elecciones en Castilla y León, El Confidencial desveló la noticia que ha hecho que el vaso de tensiones entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la dirección general del Partido Popular —con Pablo Casado, el por el momento presidente del PP, como interlocutor directo— se desborde en una guerra interna de partido que está todavía lejos de terminar y que ya ha provocado la dimisión en cadena de varios cargos del Partido Popular, incluido José Luis Martínez-Almeida, el hasta hora portavoz nacional de los populares, y Teodoro García Egea, el que fuera también hasta estos momentos secretario general del PP. En vilo, está el cargo que ocupa actualmente Casado, que podría cambiar de manos en las próximas horas en favor de Alberto Núñez Feijóo.

Desde que la polémica se iniciase, militantes y votantes del Partido Popular se han manifestado a las puertas de la sede de la formación en Génova para pedir la dimisión de Casado por la trama de espionaje y la promoción de Díaz Ayuso como presidenta del partido. Así, según una encuesta de IMOP-Insights para El Confidencial, a día de hoy más de un 70 % del electorado del PP elegiría a Ayuso como presidenta del Gobierno, en detrimento de las opciones de Casado, que en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de este miércoles, 23 de febrero, ya se ha despedido como jefe de la oposición a nivel nacional con un discurso que ha despertado el aplauso de buena parte de las filas del hemiciclo y que ha venido seguido, tras la respuesta de Pedro Sánchez a la pregunta del líder del PP formulada, por la marcha de Casado del Congreso, arropado por quienes aún le apoyan: la presidenta del partido en Navarra, Ana Beltrán; el vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos; y, por último, el vicesecretario y exalcalde de Boadilla del Monte, Antonio González Terol.

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Todo estalló este 16 de febrero cuando se dio a conocer públicamente una trama de espionaje con la que altos cargos y puestos de confianza del Partido Popular —figuras a las que se hace también referencia, en jerga política, como fontaneros por ser quienes pueden sostener o defenestrar a un representante del partido— pretendían investigar de forma secreta, con la ayuda de detectives privados, al entorno familiar de Ayuso, concretamente al hermano de la presidenta, Tomás Díaz Ayuso, por sospechar que cobró una comisión por un contrato concedido por el Ejecutivo madrileño a un supuesto amigo empresario, Daniel Alcázar, para adquirir mascarillas en abril de 2020. La Fiscalía Anticorrupción ha abierto ya diligencias para investigar el contrato del hermano de Ayuso tras tres denuncias presentadas por el PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid.

Según pudo saber El Confidencial, la intención de Ángel Carromero, exdirector general de Coordinación del alcalde de Almeida que dimitió este mismo jueves tras publicarse nuevas pruebas de la trama de espionaje, y otros cargos relevantes del PP involucrados en la polémica era conseguir información sobre facturas emitidas por Priviet Sportive SL —la empresa a la que se licitaba en el contrato un presupuesto de 1,5 millones de euros, con impuestos, para proveer mascarillas y otro material de protección para el pabellón 10 del hospital de campaña de IFEMA que se montó durante lo más crudo de la pandemia— y el hermano de Ayuso. Sin embargo, ni recurriendo a agencias privadas de investigación se logró una vía discreta desde el Partido Popular para seguir adelante con esta investigación.

El intento de investigar a la familia de Ayuso, incluido su exmarido, Sergio Hernández-Torre, y su exnovio, Jairo Alonso, ambos empresarios, para buscar vínculos entre sus negocios y la administración regional, se convirtió en un secreto a voces entre las filas del PP y llegó al círculo de confianza de la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien contactó con la dirección general del partido para acusarles de haber emprendido contra ella, con la intención de dañar su imagen como mandataria en la región de la capital, una campaña "cruel e injusta".

Así, Ayuso acusó directamente al presidente del PP, Pablo Casado, y a su número dos del partido, el secretario general Teodoro García Egea, de querer desprestigiar su imagen con una guerra "sucia", unas acusaciones que la dirección nacional del PP consideró "gravísimas, casi delictivas", razón por la cual la dirección nacional del PP optó en un principio por abrir a Ayuso un expediente informativo. No obstante, poco después y tras una reunión en Génova entre Casado y Ayuso, la dirección nacional de los populares decidió cerrar el expediente a la presidenta de la Comunidad de Madrid al dar por suficientes las explicaciones que había dado con anterioridad la líder del PP en Madrid.

Los cargos del PP involucrados en la trama de espionaje intentaron responsabilizar de lo ocurrido a una empresa pública del Ayuntamiento de Madrid

Tras darse cuenta de que sus gestiones habrían llegado hasta los oídos de Isabel Díaz Ayuso, los cargos involucrados en la trama de espionaje intentaron atribuir la responsabilidad de lo ocurrido a una empresa pública del Ayuntamiento de Madrid. De ahí, el que el alcalde de Madrid Almeida —a quien dio la voz de alarma de las sospechas que tenía Ayuso el exministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón— saliera a dar explicaciones para defender, tan solo como alcalde de la capital, que investigó la trama de espionaje contra Ayuso, pero no encontró ninguna prueba. "Hemos llegado hasta el final", explicaba Almeida, pero de momento "no tenemos ninguna prueba", añadió también con respecto a la supuesta reunión entre un detective y un empleado de la Empresa Municipal de Vivienda. Ahora, los medios de comunicación se han hecho también eco del deseo de José Luis Martínez-Almeida de dejar la portavocía nacional del PP.

Por su parte, el PSOE presentó en la Fiscalía Anticorrupción una denuncia contra Isabel Díaz Ayuso por las presuntas irregularidades en el contrato adjudicado a la empresa Priviet Sportive SL que se relaciona con el hermano de Ayuso al considerar que se podrían haber cometido hasta cuatro delitos: prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios y malversación de caudales públicos. Además, Más Madrid aportó en esta denuncia unos SMS anónimos que recibió Mónica García sobre el cobro de una comisión por parte de Tomás Díaz Ayuso al gestionarse el contrato para el hospital de Ifema.

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Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid

Tras ganar las elecciones autonómicas en Madrid en 2021 rozando casi la mayoría absoluta con 65 diputados, Isabel Díaz Ayuso se encuentra en el ojo del huracán de la polémica. La líder del PP en Madrid denunció este 17 de febrero a la dirección nacional del partido después de que se publicase la primera información sobre la trama de espionaje de los fontaneros del PP y defendió el viernes en declaraciones a la emisora COPE que "no es ilegal" el cobro de dinero de parte de la administración que recibió su hermano, Tomás Díaz Ayuso, y que no se produjo tráfico de influencias.

En este sentido, la presidenta aclaró también en un comunicado compartido a los medios de comunicación que en realidad su hermano cobró una cantidad que se cifra desde la presidencia de Madrid en 55.850 euros. "Como la honorabilidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid y mía personal está puesta en tela de juicio por la dirección nacional de mi partido", aclaraba la misiva, Ayuso apuntó a que la factura a Priviet Sportive "no es una comisión por obtener el contrato de la administración", sino que se trata de un cobro por las gestiones realizadas para conseguir material en China y su traslado a Madrid. Sin embargo, del "resto de facturas", señalaba también el comunicado, Ayuso aseguró que no tiene por qué dar cuenta, ya que "no tiene relación con la Comunidad de Madrid y mi hermano tiene derecho a su privacidad.

Asimismo, en rueda de prensa, desde la Comunidad de Madrid se justificó que el contrato fue "legal" y que pasó todos los controles previos y posteriores, por lo que es "irreprochable". Además, apuntaron que Isabel Díaz Ayuso no estuvo en ningún momento vinculada a la gestión del contrato de ese servicio.

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Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta

El hermano de Isabel Díaz Ayuso se ha encargado desde hace años de la gestión de empresas, incluidas algunas familiares, y se ha dedicado en parte al comercio de artículos médicos. Según se ha podido saber por el comunicado emitido por la presidenta de Madrid, en el ejercicio de 2020 la empresa Priviet Sportive emitió un total de cuatro facturas a favor de Tomás Díaz Ayuso, una de ellas, la emitida a 30 de junio de 2020, como una "contraprestación a un trabajo" relacionada con gestiones para la compra de mascarillas en China. No obstante, a día de hoy, el Gobierno regional no ha aclarado públicamente todavía cómo se desglosan el resto de pagos.

Tal y como informó El Confidencial, la adjudicación del contrato a Priviet Sportive se produjo en abril de 2020, en pleno confinamiento domiciliario por la pandemia de covid-19, y sirvió para adquirir mascarillas FFP2 y FFP3. El importe de la licitación ascendió a 1,5 millones de euros. El administrador de esta empresa, Daniel Alcázar Barranco, es un vecino de Sotillo de la Adrada (Ávila), el municipio en el que Isabel Díaz Ayuso y su hermano veranean desde hace décadas.

Ángel Carromero, excoordinador del Ayuntamiento

El que ejerciera hasta la fecha como coordinador general de la alcaldía del Ayuntamiento de Madrid, Carromero, es uno de los cargos que han movido los hilos de la trama de espionaje contra Isabel Díaz Ayuso. Antiguo secretario general de las Nuevas Generaciones del Partido Popular, le ascendieron en 2019, con la llegada de Almeida al Consistorio de Madrid, a coordinador general de la alcaldía. Además, es amigo personal de Pablo Casado, con quien coincidió en la época en la que ambos militaban en Nuevas Generaciones, y entabló aún más relación en las primarias que celebraron los populares para elegir al sustituto de Mariano Rajoy. Carromero se posicionó desde el principio a favor de Casado y terminó jugando un papel clave, junto a otros miembros de la candidatura del actual líder de la oposición, como Teodoro García Egea, para conseguir desbancar a la favorita, Soraya Sáenz de Santamaría. Sin embargo, ahora ya ni siquiera figura como afiliado del PP al darse de baja y dejar de ocupar sus cargos dentro del partido en Madrid.

Antes de descubrirse su papel en la guerra sucia del PP, acaparó protagonismo por su condena por homicidio imprudente en Cuba en el año 2012 al ser el conductor de un coche siniestrado en el que murió el disidente Oswaldo Payá. Además, de forma previa a presentar su renuncia, Ángel Carromero fue llamado por la oposición para dar explicaciones en una comisión de investigación. Sin embargo, al no estar ya obligado a comparecer en la comisión por no ser directivo, Carromero no se presentó y la sesión quedó suspendida.