Anticorrupción abre una investigación por los contratos vinculados a Sánchez, Calviño e Illa

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación a raíz de la denuncia presentada por el PP madrileño sobre supuestas irregularidades en las adjudicaciones y ayudas a siete empresas por valor de 326 millones. El partido de Isabel Díaz Ayuso denuncia entre otras cuestiones las subvenciones a Playbol, "vinculada a los padres del presidente del Gobierno", y un contrato adjudicado a Beedigital, "vinculada con el marido de la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño". El PP también apunta a la posible influencia del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y del de Sanidad, Salvador Illa, en siete contratos de la pandemia.

En un decreto hecho público este viernes, el departamento que dirige Alejandro Luzón indica que valorará si del relato del PP y la documentación contienen "elementos que permitan apreciar la existencia, al menos indiciariamente, de cierta relevancia penal que justifique la incoación de las diligencias de investigación solicitadas por el denunciante". Pese a ello, advierte de que la denuncia "nada aporta, salvo la referencia a la publicación en diversos medios de comunicación, sobre la relación de los adjudicatarios con las personas aforadas que se indican y su posible intervención o ayuda en la obtención de los contratos, esto es, sobre su participación en los hechos".

Apoyándose en este razonamiento, la Fiscalía considera necesario realizar "algunas diligencias que, sin dirigirse inicialmente contra personas físicas o jurídicas, permitan confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados". "Y ello debido a la relevancia que tiene el recto y normal funcionamiento de la Administración Pública con sujeción al sistema de valores instaurado en la Constitución y a la indiscutible trascendencia social del contexto en que tienen lugar los hechos descritos en la denuncia". Las indagaciones no pueden llevarse a cabo sin antes incoar diligencias de investigación penal, y ese es el paso que ha dado ahora Anticorrupción.

Del PP a Anticorrupción

El hilo conductor de las denuncias se centra en las sociedades adjudicatarias, con independencia del órgano adjudicador. En cuanto a las irregularidades, se centran en la vinculación de cada una de las sociedades con las distintas administraciones públicas y "la falta de comprobación de la concurrencia de los requisitos mínimos para la formalización de los contratos". "Estas conductas, a las que a continuación nos vamos a referir de manera individualizada por sociedad, pudieran constituir, según el denunciante, los delitos de prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos".

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La denuncia del PP madrileño llegó después de que el PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid llevaran a la Fiscalía el contrato vinculado con el hermano de Isabel Díaz Ayuso. El Ministerio Público abrió diligencias el pasado febrero por esta adjudicación y, dos semanas después, los populares pidieron que haciera lo propio con los contratos y ayudas a estas siete empresas: "Proceda a incoar las diligencias preliminares de investigación (...) a fin de depurar las responsabilidades penales".

"Vinculada a los padres del presidente"

Más allá de los contratos que se incluyen en la tabla que recoge este artículo, los populares destacan un posible "tráfico de influencia" en la "concesión de subvenciones y ayudas" a Industrias Plasticas Playbol. Según explican, esta empresa recibió una "ayuda equivalente" a 64.959,82 euros entre febrero de 2020 y mayo de 2021 por parte de la Compañía Española de Refianzamiento y el Instituto de Crédito Oficial, sociedades que dependen a su vez del Ministerio de Industria y del de Asuntos Económicos.

"La empresa beneficiaria de las ayudas estaba vinculada a los padres del presidente del Gobierno, Pedro Sanchez Castejón", denuncian los populares, haciéndose así eco de informaciones publicadas por 'Ok Diario'. "Los padres del presidente, P.S.F. y M.P.B., fundaron en 1977 la empresa Playbol S.A". "Se trata de una fábrica de envases y embalajes de plástico que tiene sus instalaciones en un polígono industrial del municipio madrileño de Algete". "En la actualidad, el padre de Sánchez continúa figurando como administrador único de la compañía, cargo en el que fue renovado el 13 de septiembre de 2019, mientras su madre figura como apoderada desde el año 2010".

Las ayudas se concedieron por tanto a Industrias Plasticas Playbol y no a la empresa fundada por las padres del presidente, Playbol S.A, pero la denuncia pone el foco en que la primera adquirió "los activos, fondo de comercio, maquinaria y subrogación de los trabajadores" en 2018. "Es razonable plantearse la posibilidad de que haya algún interés común entre ambas empresas, que pudiera poner en cuestión la legitimidad de la concesión de las ayudas", advierten. Para reforzar esta tesis, destacan que "la empresa Playbol SL, propiedad de los padres del presidente del Gobierno, es la propietaria de las naves en las que se ubican las instalaciones en las que la otra empresa".

"Vinculada con el marido de la vicepresidenta"

En cuanto a los contratos denunciados, destaca el de "gestión de la imagen digital y de la reputación online de la Seguridad Social" por 532.400 euros con IVA, adjudicado en octubre de 2019 por el Ministerio de Inclusión a Páginas Amarillas Soluciones Digitales (Beedigital). "La adjudicación se produjo tras el correspondiente proceso de contratación ordinaria con publicidad". "Se recibieron tres ofertas por parte de las empresas Memorandum Multimedia, Servinform y Páginas Amarillas Soluciones Digitales".

Según explica el escrito, la de Servinform quedó descartada por "presentar un precio aparentemente demasiado bajo", mientras que Memorandum obtuvo una puntuación más baja por parte de la mesa de contratación. "A pesar de la aparente normalidad del proceso de licitación y adjudicación, hay distintos elementos a tener en cuenta para, sin embargo, poder plantear la posible existencia de graves irregularidades en el contrato", denuncian. Entre ellos, el hecho de que el marido de Nadia Calviño, I.M.L., ejerza como "director de Marketing" en Beedigital, una empresa que, según subrayan los populares, "nunca había obtenido un contrato público" hasta entonces.

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La denuncia incide además en que la adjudicación se produjo cuando la empresa tenía "una deuda con la Seguridad Social de 421.000 euros" y, un año después, en 2020, se prorrogó el mismo "pese a que seguía adeudando a la Seguridad Social 374.000 euros". "El artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público establece la prohibición de contratar a la administración con empresas que no se hallen al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social", advierte el PP. La denuncia destaca también que la empresa "tenía unas pérdidas de 6,4 millones" en 2019, por lo que plantean la posibilidad de que en realidad fuera un "rescate".

Con la misma idea como telón de fondo, apuntan a que Beedigital ha sido reconocido como “agente digitalizador adherido” de Kit Digital, lo que le permite hacer de mediador "para la captación del fondo" de este programa de la Unión Europea que "gestiona precisamente la vicepresidenta". La empresa se convierte así en una “vetanilla única privada ante el ministerio, tramitando la ayuda, digitalizando a la empresa beneficiaria y recibiendo la subvención como peaje mas los extras no sufragables".

"A pesar de que la vicepresidenta primera no presentó el programa Kit Digital hasta el 25 de noviembre de 2021, ya el 11 de mayo de 2021 en Twitter, el CEO de Beedigital ya anticipaba su intención de convertirse en uno de los digitalizadores", explica la denuncia. "Se ha creado un mecanismo y entramado para beneficiar a determinadas empresas, cuyo papel es obligatorio para ser posible beneficiario de una ayuda, que curiosamente, resulta especialmente oportuno para la empresa vinculada al marido".

“De confianza de Ábalos”

La denuncia aborda además otras cinco empresas. La primera es Soluciones de Gestion y Apoyo a Empresas, que entre marzo y abril de 2020 se llevó tres contratos por 40.179.355 euros con IVA. Dos hacen referencia al suministro de mascarillas y el tercero a material de protección. Todos se tramitaron "por el procedimiento negociado sin publicidad y carácter de emergencia". En cuanto a las administraciones contratantes, figuran organismos vinculados el Ministerio de Transportes y al de Interior.

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La denuncia destaca que esta empresa, con sede en Zaragoza, "ofrece servicios de desarrollo y asesoramiento técnico en actividades internacionales principalmente de energía, agua e infraestructuras agrícolas", pero al mismo tiempo "lleva sin comunicar ningún proyecto desde la construcción de una central eléctrica en Angola en 2017", como desveló 'Vozpopuli'. "No parece que su actividad social tenga directa relación con el objeto del contrato, ni que tampoco pudiera tener actividad relevante en China".

Según recuerdan los populares, el importe de sus negocios en 2019 fue cero, pero en 2020 alcanzó los 53,1 millones. "¿Cómo había logrado, en tan breve tiempo desde el estallido de la crisis, redirigir su actividad mercantil y lograr tan importante contrato de suministro de productos sanitarios, tan escasos en dichos momentos?, se preguntan. Una vez lanzada esta duda, la denuncia deja caer que "la explicación puede guardar relación por ser de confianza del Sr. Ábalos”, pero no concreta esta sospecha.

"Localidad natal de Illa"

La segunda empresa que señala el PP es FCS Select Products, adjudicataria de cuatro contratos que suman 263.126.600 euros con IVA durante la pandemia. Todos hacen referencia al suministro de mascarillas y el Sistema Nacional de Salud tramitó los mismos por el "procedimiento negociado sin publicidad y carácter de emergencia". Una vez más, la denuncia incide en que la empresa, con sede en Barcelona, no tenía "relación con el objeto del contrato", sino que se dedicaba al "sector de bebidas alcohólicas".

Los populares subrayan además que la empresa recibió adjudicaciones por un valor 275 veces superior a su facturación y 84.800 veces superior a su capital social", tras lo que se centra en las personas que se encuentran tras la misma: "La administradora de la empresa, M. D. C., fue condenada en el año 2016 por un delito de estafa agravada por su participación en una trama delictiva dedicada a la compra y posterior vaciamiento con problemas financieros", explica el escrito.

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Expuesto estos hechos, el PP lanza la misma pregunta: "¿Cómo había logrado, en tan breve tiempo desde el estallido de la crisis, redirigir su actividad mercantil y lograr tan importante contrato de suministro de productos sanitarios, tan escasos en dichos momentos?". Pero en este caso, señala la "amistad de los administradores de la sociedad con el entonces ministro de Sanidad, Salvador llla, cimentada por la coincidencia en torno al municipio de La Roca del Vallés, localidad natal de Illa y de la que fue alcalde".

La denuncia de los populares termina entonces señalando a otras tres empresas: Member of the Tribe, Wihai Textile e Hyperin Grupo. En estos casos, critica que no consta "correlación del objeto social de la empresa con el de los contratos", que el precio que se pagó por su material fue "mucho mayor del que en esas mismas fechas ofrecieron otros proveedores" o que sus responsables incumplieron determinados aspectos de los contratos.