Seis años de proceso para expulsar a un policía que 'susurraba' secretos a los malos

El Boletín Oficial del Estado (BOE) del 17 de junio ponía fin a un largo proceso judicial y administrativo que ha acabado con la expulsión de un policía nacional investigado por colaborar para perpetrar actividades delictivas. El agente, arrestado cuando se incorporó a la plantilla de la Comisaría de Estepona, "venía mordido" de Ceuta, como confirmó a este periódico una fuente consultada, que afirmó que los comportamientos investigados se cometieron cuando trabajaba en la ciudad autónoma.

El secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Rafael Pérez Ruiz, firmaba el pasado 31 de mayo una resolución en la que declaraba "la pérdida de la condición de funcionario de la Policía Nacional de M.M.A. por la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público a la que ha sido condenado". Este alto cargo se refiere a la sentencia emitida por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga en noviembre de 2020 y que fue el desenlace judicial de un proceso que comenzó cuatro años antes.

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Fue a finales de 2016 cuando los agentes de Asuntos Internos culminaban una investigación que se saldaba con la detención de un agente destinado en la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano (ODAC) y que hacía pocos meses que se había incorporado a la Comisaría de Estepona. Su destino anterior había sido en la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de Ceuta y su traslado, en parte, estuvo motivado por las pesquisas que indagaban en sus supuestos contactos con grupos delictivos al otro lado del Estrecho.

Las pesquisas acabaron sustanciando unos delitos que condujeron a su arresto y que llevaron a una suspensión de empleo y sueldo como paso previo a todo el procedimiento administrativo y judicial que seguiría. La autoridad judicial acabaría condenando a M.M.A. por un "delito continuado de violación de secretos" a una pena de 16 meses de multa con cuota diaria de 12 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante dos años. No fue el único cargo que se consideró probado durante la vista oral. El tribunal entendió que el agente también había sido autor de "una conspiración para cometer un delito de estafa", por la que le impuso tres meses de prisión.

La inclusión de la inhabilitación en la condena abrió la puerta para hacer efectiva la expulsión

El proceso continuó hasta que este fallo no se pudo recurrir y fue en ese instante en el que se aplicó el Régimen de Personal de la Policía Nacional regulado por la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio. Este texto legislativo establece en su punto cinco los distintos motivos de pérdida de la condición de funcionario de carrera de este cuerpo policial y uno de ellos, el que se ha aplicado finalmente a este agente, establece que procede esta media "cuando existe pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de empleo o cargo público que tuviere carácter firme".

Las fuentes consultadas explicaron que, en el tiempo en el que este individuo estuvo destinado en la Costa del Sol, no tuvo acceso a información relevante y añadieron que lo normal es que se hubiese cuidado de haber cometido cualquier irregularidad porque el traslado a Málaga se podía entender como una señal de que podían estar sobre su pista. El proceso abierto en 2016, finalmente, ha acabado con su expulsión y total desvinculación del cuerpo.