Las notas de los ERE entre el exconsejero de Empleo y el exinterventor que nadie leyó

Viaje al pasado. Buceando en el primer expediente que estrenó el sistema de los ERE, que ahora juzga un tribunal, algunas defensas se han echado las manos a la cabeza. Nadie se había dado cuenta hasta hace pocos días. Ni siquiera los protagonistas, afectados directamente. Lo que dice mucho del caos, las dudas y el pánico que congeló a la Junta de Andalucía y a algunos de los principales imputados que ahora se sientan en el banquillo de los acusados. Mientras salían los aspectos más sórdidos del presunto fraude, cocaína, intrusos, exsindicalistas con “dinero para asar una vaca”... nadie se ocupó de leer la letra pequeña o más bien se optó por el ‘sálvese quien pueda’. Un nuevo Gobierno, el de José Antonio Griñán, tomó el testigo del anterior, el de Manuel Chaves, y la desconfianza acabó por dinamitar las relaciones entre quienes estuvieron en una y otra etapa.

La llamada pieza política, que procesa a 22 ex altos cargos, juzga si se montó a sabiendas un sistema de ayudas presuntamente ilegal que repartió 742 millones de euros en una década. En el origen, un cruce de informes entre dos de los personajes clave en el banquillo, el exviceconsejero de Empleo, después consejero, Antonio Fernández, y el ex interventor general Manuel Gómez terminaron autorizando la tramitación del pago de pólizas para los trabajadores de Hermanos de Andrés Molina SA (Hamsa) como “subvención excepcional” y conforme a “la orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 5 de abril de 1995, por la que se determinan las ayudas que se podrán conceder a trabajadores afectados por procesos de reconversión y/o reestructuración de empresas”.

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Releyendo ese cruce de informes, cabe preguntarse cómo ni los servicios jurídicos de la Junta ni las defensas de estos acusados, sobre todo en el caso del exconsejero de Empleo, han aludido durante la instrucción y el juicio a esta orden ministerial, a la que ahora se desvela que los informes de 2000 apelan directamente para dar cobertura al reparto de ayudas.

Los 6.000 prejubilados

La Junta de Andalucía taponó esta vía de defensa cuando en octubre de 2012, con Griñán como presidente, sacó adelante un decreto que daba cobertura legal a los más de 6.000 prejubilados que siguen cobrando las ayudas. Para muchos, sin decirlo, estaba insinuando que regulaban porque esas pólizas no tenían marco legal. No lo ven así quienes tomaron la decisión. Entonces, explican, se optó por blindar a esos extrabajadores e impedir que en algún momento, como podría haber hecho la propia jueza Mercedes Alaya siguiendo la lógica de su instrucción o la Fiscalía Anticorrupción, se pidiera la suspensión de los pagos o la devolución de las ayudas, teniendo como punto de referencia que todo el fondo de ayudas podía ser ilegal. Eso nunca llegó a ocurrir.

La documentación a la que ha tenido acceso este periódico, y que llegó a los juzgados en junio de 2012, se inicia con la 'Memoria justificativa de la solicitud de concesión de ayudas para las prejubilaciones presentada por la Asociación de Extrabajadores de Hijos de Andrés Molina SA'. Hay un primer informe de fiscalización de disconformidad firmado por el entonces interventor delegado de Empleo, Joaquín Alegre. Entre los reparos de este responsable se señala que la Junta de Andalucía no tiene competencias para dar este tipo de ayudas excepcionales y que esa competencia no está transferida desde el Estado.

El cruce de informes entre Empleo y el interventor en el año 2000 termina autorizando el primer ERE andaluz bajo sospecha con una norma del Estado

Ese informe, de 19 de junio de 2000, es rebatido por otro firmado por el entonces exviceconsejero de Empleo, que después sería consejero, Antonio Fernández. En esa réplica, de 6 de julio de 2000, el exviceconsejero defiende que la comunidad sí tiene esas competencias para financiar los ERE. Apela directamente a “la orden 5-4-1995 que regula las ayudas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a trabajadores afectados por proceso de reconversión” y señala que esa misma orden contempla “en su artículo 3.3 la posibilidad de que las comunidades autónomas, sin distinción alguna, y otras entidades públicas concedan ayudas análogas”. “Entendemos que (...) está plenamente justificado al haberse acreditado su interés social y económico”, concluye.

La firma del exinterventor

La respuesta a este escrito llega con otro informe, firmado esta vez por el exinterventor general Manuel Gómez, el 18 de septiembre de 2000. Este se hace eco de las advertencias de su compañero de Empleo, que advierte de que falta documentación sobre los acuerdos suscritos con extrabajadores y los sindicatos UGT y CCOO. Insiste además en que se aclare que esas ayudas no son para la empresa y que esta no queda eximida de sus obligaciones ante el ERE. Igualmente se exige a la Consejería de Presidencia, que así lo hace, que acredite que esta ayuda es compatible con el mercado común europeo.

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No obstante, el exinterventor, sobre el asunto principal, es decir, sobre si la Junta puede o no dar esas ayudas, acerca de si hay marco legal, es firme y resuelve que la orden ministerial de 1995 prevé la concesión de estas ayudas excepcionales por parte de la comunidad autónoma.

Fernández es el único responsable político al que la jueza Alaya mandó a la cárcel en 2012 por considerarlo, junto al ex director general de Empleo Francisco Javier Guerrero, uno de los principales responsables de la presunta trama fraudulenta. Incluso la Junta de Andalucía pediría seis años y medio de cárcel para el exconsejero en octubre de 2016, en un gesto que incendió el PSOE andaluz.

El exviceconsejero de Empleo, después consejero, Antonio Fernández, defendió en el origen que la Junta sí podía dar esas ayudas excepcionales por delegación del ministerio

No ha sido hasta bien avanzado el caso cuando un grupo de abogados apeló a esa orden ministerial, publicada en el BOE en 1995, como marco legal de los ERE. Si el Estado daba las ayudas de forma similar y autorizaba a las comunidades autónomas a hacerlo, ¿por qué se sienta en el banquillo a la excúpula política del Gobierno andaluz durante una década bajo la sospecha de que diseñaron e inventaron un procedimiento específico para delinquir?, deslizan. Ahora se sabe que en la primera ayuda de los ERE, la que habilitó el sistema que hoy se juzga y que se plasmó en un convenio marco en 2001, ya se apelaba directamente a ese marco legal estatal y que el exinterventor lo ratificó. Después, en esa década, habría hasta 15 informes con reparos por lo "inadecuado" del procedimiento.

Diferencias entre los abogados

Entre quienes más han batallado por esta tesis está uno de los imputados en la pieza de las sobrecomisiones de las aseguradoras, el abogado Carlos Leal, entre otros motivos porque las ayudas estatales desvelan que en algunas de las pólizas financiadas por el Estado las comisiones para estas compañías fueron aún mayores que en el caso de Andalucía y nadie las ha cuestionado.

Sin embargo, las defensas de los principales acusados en la conocida como pieza política, la que ya se juzga, siguen sin apelar a este argumento legal y simplemente creen que será un espejo para demostrar a la jueza que lo que hizo Andalucía se hizo también desde el ministerio.

La exdirectora de Trabajo del Ministerio declaró ante la jueza el pasado octubre que las ayudas estatales también se daban de forma directa

La jueza Núñez Bolaños citó a la que fue, entre 1991 y 2004, directora general de Trabajo del Ministerio, Soledad Córdova, el pasado octubre y esta avaló y defendió la validez de las ayudas estatales que se dieron de forma similar a los ERE andaluces. Es decir, de forma directa, sin convocatoria pública, publicidad ni concurrencia para atender situaciones de crisis. La diferencia que remarcó es que las ayudas estatales sí tenían fiscalización previa, lo que no ocurrió en el caso andaluz. Esa orden de 1995 se diseñó cuando Griñán era ministro de Trabajo.

El foco no se puso en el Estado hasta que tocó abordar el ERE de la Faja Pirítica de Huelva. Las pólizas de los prejubilados de la minería fueron cofinanciadas entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central. La jueza Mercedes Alaya nunca puso el foco en este expediente, del que fue mediador el entonces delegado del Gobierno en Andalucía y hoy ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, uno de los impulsores del caso ERE cuando fue responsable del PP andaluz. Es más, la magistrada sostuvo que esa orden ministerial no era un supuesto aplicable a las ayudas andaluzas.