a semanas del juicio político

El Gobierno central irrumpe en el caso ERE y puede ponerlo patas arriba

Dos altos cargos del Ministerio de Trabajo declaran esta semana después de que por primera vez por escrito se admitiera que el sistema de ayudas era idéntico al que regía en el Estado

Foto: Imagen de archivo de 2016 del exconsejero Fernández llegando a los juzgados para declarar ante la jueza que instruye los ERE. (EFE)
Imagen de archivo de 2016 del exconsejero Fernández llegando a los juzgados para declarar ante la jueza que instruye los ERE. (EFE)

Esta semana, el martes 17, están citadas para declarar ante la jueza María Núñez Bolaños en el caso ERE, como investigadas, dos ex altos cargos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales por las ayudas cofinanciadas entre el Gobierno y la Junta para la Faja Pirítica de Huelva. Las declaraciones de estas dos ex responsables de los gabinetes de José María Aznar son cruciales días después de que, por primera vez en un escrito, el ministerio admitiera que efectivamente el Gobierno otorgó ayudas directas en la misma década que lo hizo la Junta y de la misma forma, es decir, sin concurso ni publicidad.

El escrito remitido días atrás por el director general de Empleo del Ministerio, Javier Thibault Aranda, supone para muchos abogados un vuelco al caso ERE a meses de que arranque el juicio de la pieza política y los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán se sienten en el banquillo, junto a otros 20 ex altos cargos.

Por primera vez, el Gobierno deja escrito negro sobre blanco lo que abogados como Carlos Leal, imputado en la causa en la pieza de las sobrecomisiones, o la defensa de Juan Pedro Cosano llevan mucho tiempo arguyendo. El sistema de ayudas andaluz era igual al estatal. No solo era el director general de Trabajo el que daba las ayudas directamente sino que además había también intermediarios y brókeres de las aseguradoras, y en muchos casos eran incluso los mismos.

Ayudas directas y sin concurso público

Fue la defensa del exdirectivo de la aseguradora Vitalia Antonio Albarracín quien reclamó a la jueza Núñez Bolaños que pidiera al Ministerio de Trabajo que aclarara cómo se dieron las ayudas extraordinarias para prejubilaciones otorgadas por el Gobierno central entre 2001 y 2011. La sorpresa fue que el director general de Trabajo admite que se dieron 220 ayudas por valor de 300 millones de euros directamente y sin concurso público. Regidas por una orden publicada en el BOE en 1995. Para acceder a las ayudas, bastaban una solicitud y una memoria explicativa.

¿Por qué esta respuesta remueve los cimientos del caso ERE? Pues porque exactamente así es como la Junta ha repartido también sus ayudas y de ese sistema la jueza Mercedes Alaya, después ratificada por el Tribunal Supremo, señaló que había sido expresamente ideado para favorecer a los amigos del PSOE y mantenerse en el poder.

Un escrito del Ministerio de Empleo remueve los cimientos del caso ERE y admite que el Gobierno también dio ayudas como la Junta

Ese “procedimiento específico” o ese “particularísimo sistema” por el que la cúpula política se sienta en el banquillo no habría existido si se instaura el argumento de que las ayudas se dieron siguiendo exactamente los mismo pasos que el Gobierno central. "¿Por qué aquí sí hay un gran fraude montado por los políticos y en Madrid no?", preguntan las defensas. Otra cosa, explican, es que después, descorriendo la cortinilla de la Consejería de Empleo, en la concesión de ayudas, haya habido fraude, como parece acreditado por los intrusos, o que el director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, presuntamente no hiciera un buen uso de las ayudas.

El papel de Soledad Córdova

Las dos ex altos cargos que declararán este martes ante la jueza Núñez Bolaños son Carmen de Miguel y Soledad Córdova. Esta última es una gran conocedora de todos los entresijos de estas órdenes y del ministerio. Su testimonio puede ser clave, aunque declaran aparte en una pieza específica abierta por la Faja Pirítica, que analiza las ayudas a la minería en Huelva cofinanciadas por Junta y Gobierno con hasta 40 millones de euros y donde aparecieron numerosos intrusos.

María Núñez Bolaños, en su despacho en el juzgado de instrucción 6 de Sevilla. (EFE)
María Núñez Bolaños, en su despacho en el juzgado de instrucción 6 de Sevilla. (EFE)

Córdova fue con el entonces ministro de Trabajo, José Antonio Griñán, quien diseñó en 1994 la orden publicada un año más tarde y que dio cobertura legal a estas ayudas directas. Quien ha hablado con ella en los últimas días traslada que, pese a las presiones del PP y del Gobierno, será firme en su convencimiento de que las ayudas fueron legales, más allá de que luego se hiciera un uso fraudulento de las mismas. “Hay veces que en la Guardia Civil se creen que son catedráticos de Derecho del Trabajo”, cuentan que ha trasladado recientemente a algún abogado del caso. Ella fue responsable directa de estas ayudas en el Ministerio desde 1991 a 2004, y en esos años se reunió en muchas ocasiones con su homólogo andaluz, Francisco Javier Guerrero. ¿Podría mantener que el Gobierno participó en un sistema ilegal ideado por la Junta?

El Partido Popular insiste en que en Andalucía no había normativa y las ayudas se repartieron sin amparo de ninguna ley

Tras conocerse la respuesta del ministerio, el PP salió raudo a negar que fuera lo mismo, insistiendo en que las ayudas en Andalucía no tenían cobertura legal ni estaban amparadas en ninguna norma, mientras que el Gobierno central sí tenía una normativa. Se palpó el nerviosismo. Hubo ronda de llamadas desde la sede de los populares andaluces y de la Delegación del Gobierno, donde ahora está Antonio Sanz, que durante años firmó como secretario general del PP-A la acusación particular en este caso. Critican una estrategia de confusión para tratar de desinflar el caso.

Una orden en el BOE en 1995

Tal y como avanzó El Confidencial hace ya más de un año, esa orden de abril de 1995, que estuvo en vigor casi dos décadas, regulaba las ayudas previas a la jubilación ordinaria de trabajadores de empresas acogidas a procesos de reestructuración y ayudas extraordinarias destinadas a atender situaciones de emergencia. Es “la Dirección General de Trabajo, quien tiene delegada esa atribución, [quien] resolverá sobre la concesión de las ayudas”, dice la orden ministerial. Que además reconoce a las comunidades autónomas la posibilidad de que concedan ayudas “de análoga naturaleza”.

Llegados a este punto, las preguntas se amontonan. ¿Cómo es posible que los peritos de la Intervención General del Estado (IGAE) elaboraran un duro informe contra las ayudas de los ERE y nunca pusieran un pero a las que daba el ministerio? Si de verdad las ayudas andaluzas estaban reguladas por la orden del ministerio, ¿cómo es que ninguno de los ex altos cargos dejó claro en sus declaraciones que sí había soporte legal y no un sistema sin normativa? El exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el que se llevó la peor parte, con cárcel incluida, no se aferró a la orden del ministerio. Tampoco lo hizo hasta mucho más avanzado el procedimiento el ex director general Francisco Javier Guerrero. Ni el expresidente Griñán, que aprobó la orden en su etapa en el Ministerio de Trabajo.

El ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero (i), acompañado de su abogado, a su llegada a los juzgados. (EFE)
El ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero (i), acompañado de su abogado, a su llegada a los juzgados. (EFE)

También es llamativo que los servicios jurídicos de la Junta no pusieran sobre la mesa esta percha legal sino que en 2012, tras el estallido del caso, se apresuraran a elaborar un decreto que daba cobertura legal para seguir pagando las prejubilaciones, con lo que implícitamente daban por hecho que ese vacío existía y estaba mal. Los nervios, el miedo, la conciencia de que se habían hecho cosas mal, el tsunami político cuando estalló el caso... Todos estos argumentos salen en boca de los acusados cuando se les hacen estas preguntas. “Posiblemente no sabían ni cómo estaban dándose las ayudas”, admite un abogado en la causa. Para muchos, los pasos erróneos dados por los propios servicios jurídicos de la Junta fueron los que abrieron la puerta a las tesis de la jueza Alaya.

Dos equipos de abogados

Mirando entre las bambalinas del caso, hay dos equipos en las defensas. Por un lado los abogados de la pieza de las sobrecomisiones, liderados por Leal y Cosano, que sí han presentado un escrito conjunto que firman siete defensas y que desmontaría las tesis de Alaya de una conspiración política en el diseño del sistema. Alegan que todo era legal, más allá de que se cometiera o no fraude en los expedientes, conforme a la orden del ministerio de 1995.

Por otro lado están las defensas de la pieza política, la liga de la Primera División, que desde el primer momento defendieron que las ayudas se regían conforme a la ley de subvenciones, que se enmarcarían dentro de esta norma como subvenciones excepcionales de concesión directa y que cada año tenían su reflejo en la famosa partida 31.L del Presupuesto de la comunidad autónoma. En estas tesis se mueven todas las defensa de la pieza política salvo, ahora, el ex director general de Trabajo. No obstante, algunos de los abogados de este equipo, donde destacan Alfonso Martínez del Hoyo y Juan Carlos Alférez, admiten que habría que pararse a pensar bien sobre esta última puerta que ha abierto el propio Ministerio de Trabajo admitiendo la legalidad de ayudas que se concedían de forma idéntica a las de Andalucía.

Las defensas confían en que el escrito del ministerio sirva para poner un espejo ante el juez y desmontar que hubo una conspiración política

Las defensas de la pieza política consultadas por El Confidencial admiten que sería “una majadería política” decir ahora que las ayudas se regulaban por la orden del ministerio, entre otras cosas porque las ayudas directas a empresas no tendrían cabida. Pero sí que admiten en privado que con este escrito del ministerio los ha venido “la Virgen a ver” a las puertas de que empiece el juicio político en diciembre. “Si en el Gobierno se hacía exactamente lo mismo que aquí, por qué aquí son ayudas arbitrarias y no discrecionales”, preguntan.

A efectos de defensa, sí que habrá consecuencias directas con este escrito del ministerio y lo que declare el Gobierno al respecto, porque creen que “ahora es más fácil demostrar que por parte de los responsables políticos no hubo prevaricación”. “Podemos poner un espejo frente al juez para que vea que los sistemas son idénticos”, añaden. Es la gran paradoja: si fue el PP andaluz con Javier Arenas a la cabeza el que armó el caso ERE y brindó en bandeja de plata la causa a la jueza Alaya, puede que ahora sea el Gobierno del PP de Mariano Rajoy quien lo desinfle en la vía penal. De momento, según el juez, se dieron en una década 855 millones de euros sin controles.

Andalucía

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