sólo fátima bañez lo modificó en 2013

Exigen investigar si PSOE y PP repartieron 2.400 millones con el sistema de los ERE

Un imputado defiende ante la juez que el fondo “de emergencia” fue utilizado durante 20 años por el Ministerio de Trabajo, sirvió a ocho ministros de PSOE y PP y estuvo en vigor hasta 2013

Foto: Sede del Ministerio de Empleo en Madrid. (MInisterio de Empleo)
Sede del Ministerio de Empleo en Madrid. (MInisterio de Empleo)

El Gobierno central repartió 2.370 millones de euros en ayudas extraordinarias y de carácter urgente para trabajadores de empresas en crisis mediante un sistema prácticamente idéntico al empleado para financiar las ayudas sociolaborales investigadas por la justicia en el caso de corrupción de los ERE de Andalucía. Desde 1994 y de forma ininterrumpida, independientemente del color del Gobierno, el Ministerio de Trabajo financió ayudas sociolaborales destinadas a atender situaciones de emergencia ante la reestructuración de empresas. Las órdenes que daban soporte legal a estas subvenciones se mantuvieron en vigor hasta 2013, cuando la actual ministra de Empleo, Fátima Báñez, modificó el sistema para adaptarlo a la ley de subvenciones aunque mantuvo el carácter discrecional y urgente del fondo de ayuda.

El imputado Carlos Leal ha registrado un escrito ante la juez María Núñez Bolaños, al frente de la causa mientras el Consejo General del Poder Judicial resuelve sobre el destino futuro de Mercedes Alaya, en el que advierte de que “se echa en falta en toda la instrucción un riguroso acercamiento al contexto normativo que posibilitó la concesión de las cuestionadas ayudas sociolaborales” en Andalucía. La nueva titular en contra del criterio de su antecesora, decidió el pasado julio para agilizar la causa la división del caso en tres piezas. Es una de las últimas decisiones importantes en un caso que acumula más de cuatro años de instrucción, investiga el reparto supuestamente ilegal de 855 millones de euros de fondos públicos y alcanza los 272 imputados.

Una pieza está referida al procedimiento específico por el que se concedían las ayudas y que afecta directamente a los máximos responsables políticos; otra con las sobrecomisiones cobradas por las aseguradoras y los sindicatos por tramitar las ayudas y una tercera, dividida a la vez en hasta 200 piezas, analizaría el expediente de cada empresa y la existencia de intrusos en las pólizas. A raíz del vuelco al aprobarse esta división, el escrito registrado hoy advierte de que el procedimiento de concesión de ayudas sociolaborales puesto en marcha por la Junta de Andalucía en 2001 “se fundamenta” y tiene “el mismo marco legal” que el arbitrado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social desde 1995. De corroborarse, esta tesis afectaría directamente al diseño político del sistema, por el que se sentará en el banquillo parte de la cúpula del Gobierno andaluz durante una década imputada por prevaricación administrativa.

La juez Mercedes Alaya. (EFE)
La juez Mercedes Alaya. (EFE)

Durante su instrucción, la juez Mercedes Alaya ha sostenido que los máximos responsables de la Junta de Andalucía crearon “un procedimiento específico” para la concesión de ayudas mediante una partida presupuestaria “claramente inadecuada”, en referencia a las transferencias de financiación que sirvieron para pagar las subvenciones desde una empresa pública en paralelo a la Consejería de Empleo, lo que permitió eludir controles y la fiscalización de las ayudas. En su escrito al Tribunal Supremo, la magistrada defendió que este sistema provocó una “auténtica subversión del ordenamiento jurídico” que permitió “presuntamente que las ayudas, en gran parte de los casos, terminaran en manos de personas y empresas (...) próximas al entorno de los sindicatos, de cargos de la Junta o del PSOE andaluz”. Alaya ha alertado en numerosas ocasiones de un sistema expresamente “ideado para favorecer al entorno de la Junta de Andalucía y del PSOE”.

El propio Tribunal Supremo, en su auto de imputación de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, advierte, más allá de que las ayudas fueran concedidas con cargo a un concepto presupuestario “inadecuado”, las famosas transferencias de financiación, sobre otros actos presuntamente ilegales en la fase de gestión y ejecución de las ayudas. En este sentido asume las tesis de Alaya y reprocha que las subvenciones bajo sospecha fueran directamente otorgadas por el director general de Trabajo, “sin competencia para ello”, y sin autorización del Consejo de Gobierno. Advierte además sobre el hecho de que no hubiera bases reguladoras, convocatorias ni publicidad de las ayudas y que no se hiciera público el criterio de selección de los beneficiarios. El Alto Tribunal duda además de que este pudiera considerarse como un fondo de emergencia o excepcional cuando estuvo en vigor en Andalucía durante diez años y advierte sobre el hecho de que no hubiera seguimiento ni control posterior de las ayudas concedidas.

La orden de abril de 1995 del Ministerio de Trabajo, que ha estado en vigor casi dos décadas, regula las ayudas previas a la jubilación ordinaria de trabajadores de empresas acogidas a procesos de reestructuración y ayudas extraordinarias destinadas a atender a situaciones de urgencia. La orden señala que “la Dirección General de Trabajo, quien tiene delegada esta atribución, resolverá sobre la concesión de las ayudas”. Asimismo reconoce la posibilidad de que las comunidades autónomas y otras entidades públicas concedan ayudas “de análoga naturaleza”.

Arenas dio 346 millones en prejubilaciones

Las ayudas tenían que ser solicitadas directamente a la Dirección General de Trabajo conjuntamente por la empresa y los representantes de los trabajadores junto a una memoria explicativa de la situación y los motivos por los que se solicitaba la subvención. Las ayudas no pasaban por el Consejo de Ministros ni había convocatoria ni concurrencia pública, exactamente igual que en los ERE fraudulentos de Andalucía. Frente a la opacidad de la Junta con este fondo, la página web del Ministerio sí recoge de forma pormenorizada todas las ayudas concedidas, incluso agrupadas por comunidades autónomas, y éstas se concedían con cargo directamente a la partida presupuestaria de Trabajo, sin que se usaran las polémicas transferencias de financiación. En ningún caso constan reparos o advertencias de la Intervención General del Estado pese a que los peritos de este mismo departamento emitieron un duro informe sobre el fondo de los ERE que sustentó la hipótesis delictiva de Alaya suscrita después por el Supremo.

El exministro de Trabajo, Javier Arenas. (EFE)
El exministro de Trabajo, Javier Arenas. (EFE)

Según la documentación aportada ante el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, a la que ha tenido acceso El Confidencial, hasta ocho ministros de PP y PSOE avalaron el uso de este fondo de emergencia para empresas en crisis. Bajo el mandato de los ministros del PP Javier Arenas, Manuel Pimentel, Julio Aparicio, Eduardo Zaplana y Fátima Báñez se concedieron 1.150 millones de euros. Los socialistas Jesús Caldera, Celestino Corbacho y Valeriano Gómez ampararon el reparto de 1.080 millones. Desde 1991 hasta mayo de 2004 la responsable directa de estas ayudas fue la directora general de Trabajo, Soledad Córdova, actual secretaria general del Consejo Económico y Social. Las mayores partidas se concedieron bajo los mandatos de Arenas (346,776 millones de euros), desde 1996 a 1998, y Caldera (569,457 millones), desde 2004 a 2007.

Entre las pólizas más jugosas financiadas con cargo a este fondo del Ministerio figura las prejubilaciones concedidas a los 470 trabajadores de la empresa Sintel. Esta ayuda se concedió en 2001 con un importe de 18 millones de euros. Según el escrito presentado por uno de los imputados, esta ayuda, “concedida a esos trabajadores en base a los criterios de pérdida de empleo y escasa cualificación profesional”. “ni fue prevista en una convocatoria ad hoc ni fue aprobada por el Consejo de Ministros”. El recurso se pregunta por qué no hay reproches legales a esta ayuda y sí existen a las concedidas a los trabajadores de la Faja Pirítica de Huelva, uno de los de mayor entidad dentro de los ERE, que benefició a 1.169 personas y sumó 34 millones de euros de fondos públicos del Ministerio. En este expediente, financiado por la Junta y el Gobierno, la Guardia Civil detectó 334 personas con irregularidades que podrían ser considerados intrusos.

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