Rama de la minería

Exdirigentes de CCOO y UGT y dos exaltos cargos del Ministerio imputados en los ERE

La juez investiga a 25 personas por presunto delito de malversación ante las ayudas por unos 40 millones de euros del Ministerio y la Junta a la Faja Pirítica de Huelva

Foto: Manuel Pastrana, el exsecretario de UGT Andalucía. (EFE)
Manuel Pastrana, el exsecretario de UGT Andalucía. (EFE)

La juez del caso ERE investiga a 25 personas, todas ellas al menos por presunto delito de malversación, ante las ayudas y subvenciones públicas concedidas desde el Ministerio de Trabajo y desde la Junta de Andalucía concedidas a cinco minerías de la Faja Pirítica de Huelva en una cantidad calculada en más de 40 millones de euros. Entre la lista de investigados están los exsecretarios generales de UGT-A, Manuel Pastrana, y CCOO-A, Francisco Carbonero. Por primera vez están también imputados en los ERE dos exaltos cargos del Ministerio, Carmen de Miguel y Soledad Córdova, al sostenerse que “conocían y permitieron la inclusión de individuos que no reunían las condiciones” para ser receptores de subvenciones.

La nueva pieza abierta de los ERE, investiga a seis altos excargos de la Junta de Andalucía, dos exaltos cargos del Ministerio de Trabajo, dos mediadores, 11 sindicalistas y cinco trabajadores presuntos intrusos incluidos en Almacenes Delgado. Las minerías a las que afecta esta investigación son Almagrera, Navan Resource, Filón Sur, Nueva Tharsis -Bolsa de Tharsis e Insersa-, y Minas Rio Tinto.

Es la primera vez que en el caso ERE, caso abierto por Mercedes Alaya en 2011 y cuya pieza política empezará a juzgarse el próximo diciembre, están imputados exaltos cargos del Ministerio, en concreto del Gobierno de José María Aznar. Ya en la comisión de investigación que se abrió en el Parlamento andaluz un año después de abrirse la instrucción, desfilaron en calidad de exministros Javier Arenas y Eduardo Zaplana para que informaran del ERE de 2002 destinado a los mineros de la Faja Pirítica de Huelva.

Es la primera vez que en el caso están imputados exaltos cargos del Ministerio de Trabajo, en concreto del Gobierno de José María Aznar

También compareció en aquella comisión el hoy ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, que fue delegado del Gobierno en Andalucía de 2002 a 2004. Zoido defendió entonces en sede parlamentaria que “no hubo intrusos” en los ERE que recibieron ayudas del Gobierno. Esos expedientes fueron tramitados por el Gobierno andaluz pero recibieron fondos excepcionales desde el Ministerio de Trabajo. Las ayudas estatales se prorrogaron siendo ya presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

En 2002, el PP se sumó a una activa e intensa campaña para pedir a la Junta de Andalucía ayudas a los prejubilados por la minería onubense, comparando el trato a estos trabajadores con el dispensado a otros colectivos como por ejemplo la empresa de automoción Santana. Hubo importantes manifestaciones en la comarca onubense solicitando ayudas.

El exministro de Trabajo y Asuntos Sociales entre 2002 a 2004, Eduardo Zaplana en la comisión que investiga las irregularidades de los ERE en 2012. (EFE)
El exministro de Trabajo y Asuntos Sociales entre 2002 a 2004, Eduardo Zaplana en la comisión que investiga las irregularidades de los ERE en 2012. (EFE)

Esas ayudas a la minería, hoy convertidas en una pieza separada de los ERE, fueron aprobadas y fiscalizadas por la Intervención General del Estado y por el Tribunal de Cuentas. Durante aquella comisión de investigación fue duramente criticado por los grupos políticos que el Gobierno central rehusara enviar la documentación referida a la Faja Pirítica onubense. Durante su cita en el Parlamento andaluz, el exministro Eduardo Zaplana defendió que ese ERE era “competencia exclusiva” de la Junta de Andalucía.

Los exaltos cargos de la Junta a los que se dirige esta instrucción por presuntos delitos de prevaricación y malversación son los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, así como los exdirectores general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez, Agustín Barberá y Daniel Alberto Rivera. Se investiga si cometieron un delito de prevaricación en concurso con uno de malversación, "por conocer, permitir e impulsar la concesión de fondos públicos de manera arbitraria careciendo del procedimiento legalmente establecido, lo que permitió que terceras personas se lucraran de manera indebida de fondos públicos".

Además, la juez señala indicios del delito de malversación en las actuaciones de los mediadores José Gonzalez Mata -de Uniter- y del abogado Carlos Leal Bonmati. En concreto, sobre José Gonzalez, la juez indica que pudo ser receptor de unas sobrecomisiones a lo largo de los distintos pagos que se iban realizando para el abono de las pólizas de prejubilación. En relación con Carlos Leal, el auto apunta como indicio que “presentó ante la Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucía una solicitud de ayudas sociolaborales para individuos a los que no les correspondían dichas subvenciones”.

En dichas pólizas se incluyó a gente que no había trabajado en la Faja Pirítica y se incrementó en número de beneficiarios

Según se señala en el auto, la investigación de las ayudas a los extrabajadores de la Faja Pirítica de Huelva ha puesto de manifiesto varios hechos que podrían tener relevancia penal. En primer lugar, la inclusión en dichas pólizas de personas que nunca habían trabajado en las minas de la Faja Pirítica, los llamados intrusos. Además, la asignación de coeficientes reductores falseados para el cálculo de la “edad química” de los trabajadores sujetos a los ERE de las empresas de la Faja Pirítica, de modo que como consecuencia de ello se habría incrementado el número de beneficiarios de las pólizas mediante el aumento en algunos extrabajadores de dicha “edad química”.

Sobrecomisiones gestionadas por los sindicatos

Por ultimo, la juez que instruye esta causa investigará también el papel jugado en la contratación de las pólizas de prejubilación por la asociación constituida a estos efectos por los extrabajadores afectados, a través de sus representantes sindicales y en cuyo funcionamiento habrían ostentado una posición de especial influencia Estudio Jurídico Villasís y Uniter. Según señala el auto, "las irregularidades alcanzarían también al destino de las cantidades que el Fogasa debía abonar a los extrabajadores beneficiarios de las pólizas, que deberían haber sido destinadas al pago de parte de la prima de dichas pólizas y que, sin embargo, se destinaron a fines distintos".

El 11 de septiembre de 2002 se firmó el Acuerdo Marco para la aplicación de las medidas sociolaborales para la crisis de la Faja Pirítica de Huelva, el mismo es firmado por el Subdelegado del Gobierno de Huelva, Delegado Provincial de Huelva de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, así como por los representantes de las centrales sindicales de Huelva. Un año más tarde ese acuerdo se firmará con los primeros espadas andaluces y se extenderá a lo que llaman “colectivos históricos” de la minería a través de una asociación constituida por CCOO y UGT que gestionará esas ayudas.

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