El refuerzo del caso ERE desmantela los juzgados de lo social: vuelva usted en un año

El primer juicio del caso ERE, después de seis años de instrucción, sentará a 22 ex altos cargos en el banquillo y se celebrará a mediados de diciembre. La magnitud del juicio ha obligado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a reforzar la Audiencia Provincial de Sevilla en la sala de lo Penal. Lo que no han contado es que se hará a costa de agujerear una de las jurisdicciones más castigadas y que acumula más retraso, las secciones de refuerzo de los juzgados de lo Social de Sevilla. ¿Tiene un juicio por despido pendiente? ¿Una prestación por invalidez esperando sentencia? Coja aire.

Este lunes, los ciudadanos que tengan un juicio señalado en estas salas se llevarán la sorpresa. Suspendido. Eso a pesar de que posiblemente lleve meses, hasta año y medio aunque su caso sea urgente, esperando la vista. Sevilla cuenta en estos momentos con 11 juzgados de lo social y cuatro refuerzos, incluyendo el juez de adscripción territorial. Una de esas magistradas de refuerzo ha sido trasladada en comisión de servicio a la Audiencia Provincial de Sevilla y su plaza, pese a las peticiones de sus compañeros, no ha sido repuesta.

Juicios suspendidos

En estas circunstancias, los magistrados han elevado un escrito a la Sala de Gobierno del TSJA, al que ha tenido acceso El Confidencial, donde advierten de que no va a asumir los juicios que tenía pendientes esta compañera y que alcanzaban hasta 2018.

“Ante la imposibilidad de asumir tal número de señalamientos sin un deterioro absoluto de la calidad de la justicia y de la propia salud laboral de los Magistrados” procederán a posponer esos juicios, alertan en el escrito.

La situación, señalan desde estos juzgados, es límite. La crisis disparó las demandas laborales y por despidos y la carga de trabajo. Las quejas se acumulan desde hace años en el Defensor del Pueblo. La situación, advierten fuentes judiciales, sigue siendo “inasumible”. La Junta anunció la creación de un nuevo órgano hace más de un año pero el Ministerio no cumple con la nueva programación. El Consejo General del Poder Judicial fija en 850 asuntos anuales la carga de trabajo máxima en los juzgados de lo social. En Sevilla, con juicios fijados para 2020, van por 1.200 en septiembre y llegarán a 1.600. Es un 150% más del volumen de entrada que el CGPJ considera asumible.

“Había un refuerzo que han quitado sin cambiar la situación y sin ningún tipo de justificación la Sala de Gobierno del TSJA asegura que no se sustituye”, advierten fuentes judiciales. Cada magistrado tendría que dictar una media semanal de 36 sentencias con tres días de juicios para repartir con un magistrado menos la carga de trabajo. Como respuesta, habrá un plante.

Pensiones por invalidez

Los juzgados de lo Social están entre los más castigados por la crisis. Los juicios por despidos se están señalando a un año vista más o menos y eso que ese tipo de casos son considerados urgentes. Las demandas por acoso laboral, que se consideran que vulneran derechos fundamentales, tienen una media de espera de cuatro meses. Lo más sangrante llega para aquellos casos que no son urgentes. Hay juicios señalados a tres años vista. “Los afectados llaman y preguntan si es un error pero no, desgraciadamente no lo es”, cuentan desde la plantilla de lo social en Sevilla. Una demanda por ejemplo contra la Seguridad Social para una prestación por invalidez puede tardar esos tres años. “La gente se muere mientras espera esa pensión por invalidez”, señalan desde los juzgados. También es llamativo el caso de las demandas a empresas por impagos de las nóminas. Hay juicios fijados para 2020.

"Cada magistrado habría de recibir 1.540 asuntos al año, en su mayoría procedimientos por despido que habitualmente suponen una mayor complejidad"

El TSJA eludió responder sobre esta situación. Los magistrados se dirigen por carta a su presidente, Lorenzo del Río, para hacerle saber que la decisión de no cubrir la plaza de la magistrada destinada a la sección penal de la Audiencia de Sevilla “generará a corto plazo una situación de sobrecarga y previsible colapso de este servicio de refuerzo”. “Cada Magistrado habría de recibir 1.540 asuntos al año, en su mayoría procedimientos por despido que habitualmente suponen una mayor complejidad”.

Los magistrados hacen saber también que el calendario de señalamientos de estos refuerzos va actualmente “por los meses de octubre y noviembre de 2018”. La juez que ha sido trasladada deja atrás una agenda con entre diez y doce juicios a la semana y que quedarán sin magistrado. Cada juez de refuerzo de lo Social celebra cada mes una media 33 señalamientos, 352 juicios entre los cuatro jueces. Al no sustituirse esa marcha sus compañeros tendrían que celebrar 177,33 juicios al mes, 30 a la semana. “Inasumible”, insisten en su escrito al TSJA.

“Esta realidad crea un riesgo cierto para la salud, tanto por sobrecarga de trabajo y tiempo de dedicación, como en el ámbito psicosocial, por el estrés y la ansiedad que se añade cuando no se puede atender y resolver con un mínimo de tiempo y calidad”, escriben los magistrados. Si la jurisdicción de lo Social es ese destino de riesgo que muchos jueces y funcionarios rehuyen por la sobrecarga laboral, en Sevilla se sobrepasan todos los límites. De momento, este lunes, y hasta que “la sala de gobierno (del TSJA) arbitre las medidas necesarias para cubrir los días” más de un ciudadano verá suspenderse su juicio tras meses, en el mejor de los casos, de espera. Debe saber que posiblemente, si nada cambia, no volverá hasta dentro de un año. Eso sí, el TSJA ‘vende’ el refuerzo de la Audiencia Provincial ante el caso de los ERE, que lleva nada más y nada menos que seis años de instrucción.