La vida de los políticos imputados por los ERE tras cinco años esperando el banquillo
  1. España
  2. Andalucía
fraude andaluz

La vida de los políticos imputados por los ERE tras cinco años esperando el banquillo

Chaves y Griñán se dieron de baja en el PSOE y afrontan de forma distinta el juicio, el primero con más fortaleza. Otros ex altos cargos tratan de recuperar una vida normal

Foto: La vida de los políticos imputados por los ERE tras cinco años esperando el banquillo
La vida de los políticos imputados por los ERE tras cinco años esperando el banquillo

“No sabes el dolor que siento de verme en este trance, 45 años de servicio presididos por la honestidad pública y el servicio al interés general. Me siento mal pero no lo suficiente para saber que mi ego no puede estar por encima de la necesidad colectiva. Así que solo me queda desearte mucha suerte y de vez en cuando tomar un cafetito. Cuídate. Besos”.

Es un fragmento del correo electrónico que José Antonio Griñán remitió a Susana Díaz en abril de 2015, días después de declarar ante el Tribunal Supremo como imputado en el caso ERE. Dos meses después formalizaría su renuncia al acta de senador. Lo mismo harían el expresidente Manuel Chaves y Gaspar Zarrías, renunciando a sus actas como diputados en el Congreso, días más tarde. Todos además se dieron de baja como militantes en el PSOE en junio de 2016, anticipándose a la apertura del juicio oral y tras confirmarse su procesamiento en un juzgado de Sevilla.

El exconsejero de Empleo, José Antonio Viera, se resistió más. Su caso es distinto porque está en el epicentro de la trama tejida con las ayudas sociolaborales en la Sierra Norte de Sevilla. Igualmente su sucesor, Antonio Fernández, imputado en varias piezas y que pasó por prisión, tiene otra situación más complicada, aunque todos los procesados en la pieza política vayan a ser juzgados a la vez.

El exconsejero de Empleo, José Antonio Viera. (EFE)
El exconsejero de Empleo, José Antonio Viera. (EFE)

El juez que dictará sentencia, Juan Antonio Calle Peña, ha fijado junto a los fiscales anticorrupción y los abogados del PP, que ejercen la acusación particular, las fechas para el juicio. Se resolverán a partir del 13 de diciembre las cuestiones previas y comenzarán las declaraciones de los acusados a partir del 9 de enero, con tres sesiones por semana.

El segundo escalón

Además de los que fueron presidentes de la Junta de Andalucía, Chaves y Griñán, en este juicio, el “procedimiento específico” o pieza política de los ERE, están acusados, entre otros, seis exconsejeros de la Junta de Andalucía –José Antonio Viera, Antonio Fernández, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez–, dos exviceconsejeros y dos ex directores generales de Trabajo.

La fecha fue acogida por algunos como un alivio por ver un horizonte al final de un largo túnel, pero también con mucho dolor, coinciden varios de los acusados, porque vuelve a remover todo el caso, les hará protagonizar un nuevo paseíllo y sentarse en el banquillo tras años en los que han intentado sin éxito volver a llevar una vida normal. Todos, eso sí, quieren que acabe cuanto antes, lo que no dudan en considerar “un calvario”. En la mayoría cunde la depresión y el desánimo y sus defensas no les crean, en la mayoría de los casos, grandes expectativas.

Entre los acusados hay escepticismo y muchos abogados los preparan ya para llegar al Supremo

Muchos abogados han llegado al convencimiento de que el juez asignado, mirando su currículum y su trayectoria, no va a desmontar todo lo que la judicatura ha dicho hasta ahora. No fue solo Mercedes Alaya. Comulgó con sus tesis el juez del Supremo, Alberto Jorge Barreiro, y su sucesor como magistrado de refuerzo en el Juzgado número 6 de Sevilla, Álvaro Martín. Pese a que muchos de estos imputados en la pieza política mantienen la esperanza de salir airosos de este trance, el desánimo es la tónica dominante. El magistrado que finalmente juzgará los ERE, tras la recusación del ex alto cargo de Justicia Pedro Izquierdo, tiene fama de ser un hombre “de poco espíritu”, “poco combativo” y “algo enfermizo”, definen varios abogados del caso. De hecho, cuando se le asignaron los ERE estaba de baja por enfermedad.

Tratan de volver a su profesión

En este tiempo cada uno sobrevive como puede. La exconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, volvió a ejercer como médico en un centro de salud de Sevilla y sufrió en un principio las duras críticas de los propios funcionarios y compañeros del ambulatorio, a pocos metros de Torretriana, donde tuvo su despacho como consejera. Ahora basta preguntar a algunos de sus pacientes o a quienes trabajan en ese mismo centro de salud para saber que es una de las médicos más solicitadas y con mejor reputación. Nadie oculta que lo está pasando muy mal. Quienes mantienen contacto con ella aseguran que lleva con mucho pesar que la miren y piensen que se “lo ha llevado calentito” cuando ninguno de los 22 enjuiciados en la pieza política están acusados de haberse llevado un solo euro. Todos siguen trabajando y no han aumentado su patrimonio, se defienden.

La exconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo. (EFE)
La exconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo. (EFE)

Esa es la gran queja de todos los imputados. “Se nos equipara a Ignacio González en el Canal de Isabel II o a Francisco Granados en la Púnica, para la gente es lo mismo, pero nosotros no nos hemos llevado ni un euro”, se defiende uno de estos ex altos cargos. Están acusados de prevaricación, por haber permitido el diseño del sistema supuestamente ilegal, o malversación, por presuntamente haber permitido y conocido el gran fraude andaluz sin haber actuado, pero no por desviar a sus bolsillos dinero público.

Entre los imputados por los ERE están parte de "los tecnócratas" que llegaron a la política con Griñán

Igual de duro es el panorama para quien fue director general de Presupuesto, el alto cargo Antonio Lozano, que se ha reincorporado a dar clases en la Universidad de Málaga. De ahí salieron muchos de los altos cargos que se incorporaron al equipo de Griñán y que formaban parte de una élite de la facultad de Económicas. Cuando aterrizaron en la Junta los bautizaron, no sin ironía, como “los tecnócratas”. Contra todo pronóstico, para algunos su paso por Hacienda junto al después presidente acabó con su carrera política abruptamente y no ocultan que también con su vida personal. En esas circunstancias se ha visto durante años Antonio Ávila, que también se ha enfrentado a acusaciones en Invercaria o los cursos de formación, y que ya ha sido desimputado de todos los casos. Hace solo unas semanas el Parlamento andaluz le brindó un cálido aplauso.

El dolor del hijo

La situación de Griñán, imputado por prevaricación pero también por malversación y para quien sí se pide pena de cárcel, sí es más conocida pese a que el expresidente apenas sale de casa y se pasó meses enfrascado en sus memorias. Su hijo difundió en las redes sociales el pasado septiembre una carta muy dura y emotiva donde defendía: “Nadie podrá probar jamás que mi padre se ha apropiado de un solo céntimo”. Destacaba su vocación de servicio público y todas las renuncias que conlleva para una familia la dedicación a la política, lamentando la generalización de que todos son “unos mangantes”. Los familiares son los grandes damnificados.

Griñán no solo no tiene fortuna ni un patrimonio llamativo, sino que ha tenido dificultades para pagar su defensa. Su casa y su pensión están embargadas como fianza civil. Se repite para todos los imputados. Su última aparición fue en vídeo. No acudió a Barcelona pero sí le convencieron para grabar unas palabras que fueron difundidas en el homenaje a su amiga Carme Chacón. Desde su entorno lanzan un escueto “ya veremos” cuando se les pregunta si tienen esperanzas de ser absueltos.

Chaves vive con más normalidad su imputación. Prepara conferencias para varias universidades, estudia inglés, lee y espera una absolución

Chaves sí mantiene con más normalidad, aunque no sin esfuerzo, su vida. Imparte conferencias en la Universidad Internacional de Andalucía (Unia) y colabora con varias universidades marroquíes. En agenda tiene una sobre la Unión Europea en Baeza y otra sobre cambio climático en La Rábida. La preparación de estas charlas lo mantiene ocupado. No es difícil encontrarlo enfrascado en los libros en la biblioteca del Parlamento, aunque elige días en los que sabe que no hay actividad plenaria. También está poniéndose al día con el inglés y lee mucho. A su conocida afición al cine se suman ahora las series que, como muchos otros, devora por canales como Netflix o HBO, o la lectura de novelas. Quien ocupó durante año altas responsabilidades en el PSOE está siempre atento a la situación interna de su partido pero no opina en público pese a que es sabido que le preocupa, y mucho, la “deriva” socialista. También Gaspar Zarrías ha vuelto a la actividad privada, entre Jaén y Madrid, de forma muy discreta.

Desde 2013

Fue en septiembre de 2013 cuando la jueza Mercedes Alaya dictó un auto bomba cuya difusión coincidió con la toma de posesión del primer gobierno de Susana Díaz. En ese auto, aunque hubiera correspondido al Supremo o al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Alaya los invitaba a declarar y utilizaba una figura sin base jurídica, la preimputación. Era la primera vez que aparecían en un auto pero el caso ERE había estallado hacía ya dos años, en 2011. De hecho Griñán dio un paso atrás y buscó sucesora por este motivo, aunque no fue hasta después cuando admitió que esta era la causa fundamental.

La jueza Mercedes Alaya. (EFE)
La jueza Mercedes Alaya. (EFE)

La jueza Alaya tiró del hilo de los ERE a raíz de la denuncia de cohecho para montar una escuela de hostelería con Mercasevilla. El empresario sevillano Pedro Sánchez Cuerda depositó en el juzgado una grabación que mostraba que la cúpula de la lonja mayorista sevillana, con Fernando Mellet y Daniel Ponce como protagonistas, negociaba una comisión ilegal a cambio de la adjudicación de este negocio. En 2014, el Supremo confirmó la multa de 600.00 euros y 21 meses de inhabilitación para Mellet y Ponce y absolvió al exdelegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, que fue pieza principal sobre la que Alaya hizo pivotar la causa de los ERE.

La absolución de todos los acusados por la venta de suelos de Mercasevilla es un mazazo a Alaya pero no cambia nada en los ERE


Esta misma semana, la jueza Yolanda Sánchez ha absuelto a los diez acusados en el otro gran caso de Mercasevilla, por la venta de los suelos de la empresa pública, después de ocho años en el banquillo. En contra de las tesis de Alaya, y sin nombrarla en su sentencia, la magistrada niega que hubiera irregularidades ni amaño en la venta de los terrenos. Esta vez Mellet junto a otros nueve acusados, como el exedil de IU Antonio Torrijos, salieron absueltos. Todos han pedido reparación para su calvario y han exigido al PP que pidiera perdón.

El papel del exjuez Zoido

Fue la denuncia del entonces portavoz municipal del PP, que llegaría a alcalde en las siguientes municipales, y hoy ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, quien dio alas a la jueza. Torrijos, que era candidato de IU, fue imputado a solo mes y medio de las elecciones locales. El origen de los ERE fue la grabación del cohecho en la adjudicación del negocio de hostelería pero nadie puede rebatir que se montó toda una macrocausa alrededor de Mercasevilla que se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para que la jueza Alaya hablara de una conspiración política, siempre respaldada por la UCO de la Guardia Civil. Ocurrió algo parecido con los cursos de formación, siguió el mismo esquema pero su sucesora, Ángeles Núñez Bolaños, desmontó y archivó esa pieza política.

El fraude

El “procedimiento específico” de los ERE, el primero que será juzgado, que se diseñó para repartir durante una década las ayudas sociolaborales en Andalucía, contó con una cantidad no inferior a “854 millones de euros”. No todo ese dinero se malversó. Esa cifra se repartió supuestamente bajo un sistema ilegal y arbitrario, pero no todo acabó en manos equivocadas. El fraude se ceñiría a los intrusos, las sobrecomisiones de los intermediarios (comisionistas y aseguradoras) y ayudas directas a empresas en crisis que no pasaron ninguna oferta pública. La mayor parte de las ayudas ha cumplido con su fin original, según admitió el juez del Supremo Alberto Jorge Barreiro. La cifra defraudada se elevaría a 161 millones de euros, según las estimaciones. De 6.096 trabajadores que cobraron ayudas 126 están imputados en la causa como intrusos en los ERE. El resto siguen cobrando y nadie les ha pedido que devuelvan las cantidades. 

Manuel Chaves Magdalena Álvarez Mercedes Alaya José Antonio Griñán Caso ERE Gaspar Zarrías
El redactor recomienda