apertura de juicio oral

Griñán, sin pensión y con su casa embargada, esperará un año más el juicio

La fianzas civiles impuestas complican aún más la situación personal de los exaltos cargos acusados de malversación. El Gobierno y el PSOE descartan ayudar económicamente

Foto: El expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán. (EFE)
El expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán. (EFE)

No es ningún secreto que José Antonio Griñán está gravemente golpeado por el caso ERE. Posiblemente también Manuel Chaves o cualquiera de los 24 ex altos cargos contra los que el juez Álvaro Martín ha abierto juicio oral estarán pasándolo mal, pero la vida va a cambiar sobre todo para aquellos que, a partir del nuevo auto, deben asumir responsabilidades económicas con elevadas fianzas civiles. Entre esos está el expresidente andaluz, para quien el instructor pide 4,2 millones de euros. Entre sus compañeros de partido, amigos y familiares la noticia, no por esperada, cayó como una bomba.

Es sabido que Griñán está lejos de tener una gran fortuna. Ahora mismo sus ingresos, confirman fuentes próximas al expresidente, se limitan a una pensión que en los próximos días será retenida dejando a salvo sólo un salario mínimo para subsistir. Su esposa, Mariate Caravaca, es licenciada en Derecho pero como la pareja de Chaves, no ha ejercido su carrera profesional. Ambos enfrentan a partir de ahora una situación aún más complicada de la que viven en los últimos años. El auto fija un plazo de 30 días para afrontar la fianza. Sobre este auto no cabe recurso aunque el anterior, que procesaba a los exaltos cargos en la pieza política, sí fue recurrido ante la Audiencia. Ahora, fuentes del caso admiten que ésta tendrá más complicado resolver en contra del juez instructor tras decretarse apertura de juicio oral.

Griñán declara como bienes la casa en la que vive, compartida al 50% con su esposa, dos coches utilitarios y un plan privado de pensiones

A diferencia de otros imputados del caso ERE, Griñán prefiere no salir y pasa la mayor parte del tiempo recluido en casa, dedicado a escribir sus memorias, aunque dicen que en los últimos tiempos ni siquiera eso le motiva, o dedicado a su familia y a la lectura. En sus últimas declaraciones públicas sobre su patrimonio, como presidente o como senador, sus bienes se limitaban a una casa en una localidad del Aljarafe sevillano, cuya propiedad comparte al 50% con su esposa y con un valor catastral de 25.700 euros, dos coches utilitarios, un Nissan Primera y un Fiat Punto, un plan privado de pensiones y unas cantidades en sus cuentas bancarias entre los 10.000 y los 20.000 euros. Esos ahorros se han esfumado en los últimos meses, confirman algunos de sus amigos íntimos, por tener que afrontar gastos imprevistos como el pago de su defensa. Uno de sus hijos escribió una emotiva carta en las redes sociales donde dejaba clara la austeridad en el estilo de vida de su padre y la honestidad del expresidente, calificando de “martirio” su imputación judicial.

Cárcel para Chaves

El juez Álvaro Martín también ha impuesto fianza civil, lo que supondrá el embargo de sus bienes, a los exconsejeros José Antonio Viera (6,2 millones), Francisco Vallejo (3,7 millones) y Carmen Martínez Aguayo (4,2 millones). Los dos primeros no se conoce si han vuelto a la vida laboral, en el caso de la sucesora de Griñán en Hacienda volvió a su plaza como médico del Servicio Andaluz de Salud. Para todos sus bienes serán embargados y sus ingresos retenidos en concepto de fianza civil, para garantizar la indemnización a las arcas públicas en caso de condena. El juez reclama las cuantías económicas de forma solidaria entre los imputados por malversación de fondos públicas, atendiendo al posible dinero defraudado durante sus mandatos. Además ha rebajado un 10% las cantidades reclamadas por la Fiscalía Anticorrupción y el Partido Popular. Otro de los asuntos más novedosos de este último auto, coinciden varios imputados, es que el instructor abre la posibilidad de pena de cárcel, más allá de inhabilitación, para el expresidente Chaves, al admitir la acusación de asociación ilícita sugerida por el PP.

Griñán, sin pensión y con su casa embargada, esperará un año más el juicio

El asunto de las fianzas impuestas a lo largo de la instrucción de los ERE ha dado para muchas polémicas. La juez Mercedes Alaya apostó desde el principio por imponer embargos millonarios que ha arruinado en estos cinco años a la mayoría de los procesados. Cuentas bancarias bloqueadas, viviendas y coches confiscados y la opción de hipotecar las propiedades de familiares cercanos a los imputados para hacer frente a la fianza conforman el panorama habitual, según los letrados. La Audiencia de Sevilla revertió varias de estas fianzas, la más sonada fue la anulada para la exconsejera Magdalena Álvarez, que ascendía a 29,5 millones de euros.

El Gobierno no va a costear las defensas

Hasta ahora ni el Gobierno andaluz ni el PSOE han asumido, al menos no lo han admitido públicamente, el pago de las defensas de sus encausados. Cuando los socialistas gobernaban con IU en Andalucía hubo un intento por parte del Gobierno andaluz de dotar con un fondo de 900.000 euros a la Agencia IDEA, la pagadora de los ERE, para costear las defensas de los exaltos cargos del ente público mientras se resolvía un conflicto con una compañía aseguradora que se negó a cumplir con una póliza de responsabilidad civil. IU frenó esa maniobra. Desde entonces el Gobierno andaluz se ha negado a pagar ni un euro. Ahora la situación ha cambiado puesto que por primera vez, en esta pieza política, la Junta ha pedido el archivo de la causa para Chaves y Griñán. De momento, desde la Junta niegan que vayan a asumir el coste de sus defensas ni vayan a apoyar económicamente a sus altos cargos. Ambos expresidentes se dieron además de baja en el PSOE, por lo que el partido también se desentiende de sus defensas.

Además las fianzas civiles se han solicitado sobre el total del dinero defraudado y sobre esa cantidad también hay diferencias. La Fiscalía cifra en 741,6 millones de euros el dinero defraudado por los 18 ex altos cargos encausados por malversación, mientras que el instructor de la pieza política Álvaro Martín fijó que el fondo de los ERE contó con 854 millones de euros. En paralelo, la jueza María Núñez Bolaños decidió archivar uno de los expedientes, en concreto de Azucareras Reunidas de Jaén, al entender que no había intrusos ni irregularidades y que por tanto las ayudas eran legales. Eso choca de plano con las tesis de su antecesora, Alaya, y del compañero que instruye la pieza política, que considera todo el fondo fraudulento aunque nunca hasta ahora nadie le ha pedido la devolución de las ayudas a los 6.000 prejubilados que estaban en un ERE, no eran intrusos y han cobrado sus cantidades.

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, y el PSOE andaluz, a través de un comunicado, defendieron la honestidad de Chaves y Griñán y reclamaron que el juicio se celebre cuanto antes. Desde los juzgados sevillanos advierten de que no será antes de un año, finales de 2017 es la fecha más optimista porque hay abogados que no dudan en señalar a 2018. Eso alargaría más de seis años el tiempo que lleva instruyéndose la causa. Los socialistas siempre han tratado de marcar diferencias entre este caso de corrupción y otros que afectan al PP dejando claro que en esta ocasión ni los expresidentes ni la mayoría de altos cargos procesados están acusados de haberse llevado dinero público ni de haber aumentado su patrimonio sino de una mala gestión del dinero público que, eso sí, permitió, según las tesis del instructor, mantenerse en el poder y beneficiar a los socialistas.

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