BATALLA LEGAL DE UN ABOGADO IMPUTADO EN EL CASO

Así se desmonta la instrucción de la juez Alaya en los ERE

El Tribunal Supremo y la Junta de Andalucía dan la razón al abogado Carlos Leal en su denuncia de los errores de la magistrada y la Guardia Civil

Foto: Carlos Leal. (Foto: A. Rivera)
Carlos Leal. (Foto: A. Rivera)

Todas las cámaras de televisión alineadas, “como si fuera un pelotón de fusilamiento”. José Luis Leal, detenido por orden de la juez Mercedes Alaya en el caso de los ERE, llegó en un vehículo de la Guardia Civil. Pidió que el coche fuera al garaje de los juzgados de Viapol de Sevilla, pero los efectivos del Instituto Armado se negaron. “Este es un asunto muy mediático y tenemos instrucciones de que usted salga en la foto”. Y zas. Al día siguiente, portada de ABC, “como signo implacable de la persecución de la corrupción”, relata Carlos Leal, sevillano, de 1961, abogado imputado en los ERE, acusado de ocho delitos por Alaya, en una entrevista concedida a El Confidencial.

El hermano y la mujer de Leal fueron detenidos durante el transcurso de la Operación Heracles. Era mayo de 2013. Dos años después, Leal apenas duerme, cerró su despacho y mantiene una intensa cruzada de denuncia de la instrucción de Alaya, la juez que pierde los nervios. Por primera vez explica a un medio de comunicación, con detalle, cómo los errores de la magistrada estrella arruinaron su vida.

No se cree un quijote, sino alguien que lucha por su verdad. Y sostiene que es la Verdad. Con mayúsculas. “Cuando contaba esto hace apenas un año me miraban raro, como si dijera cosas extrañas. Poco a poco se cumple lo que llevo diciendo hace ya tiempo”, relata a este diario mientras apura un licor sin alcohol en un coqueto hotel de Sevilla. En el exterior, el asfalto supera sin pestañear los 40 grados a la sombra.

¿Cómo acabó siendo imputado Leal? En el principio fue Juan Lanzas, sí, el exsindicalista de UGT, el conseguidor de los ERE, el que hacía negocios con José María Ruiz-Mateos, quien tenía tanto dinero “como para asar una vaca”, como decía su madre. En el Gabinete Jurídico Villasís, que capitaneaba desde 1993 como reputado abogado laboralista, entró en contacto con Lanzas en 1999 a través de Cárnicas Molina, una empresa de Jaén ya desaparecida. “Lanzas me ayudó mucho cuando ya no estaba en UGT”, admite. Su relación con este se rompió en enero de 2011. “Cuando alguien te engaña ya no puedes confiar él. Yo no sabía lo que estaba haciendo”. Eso sí, en uno de sus encuentros con el exugetista, Lanzas le dijo a Leal: “Se está prejubilando mucha gente. A ver si me busco una prejubilación para mí”. El abogado le contestaba: “Juan, déjate de cachondeo”.

La juez Mercedes Alaya, en una imagen de archivo. (EFE)
La juez Mercedes Alaya, en una imagen de archivo. (EFE)

En uno de los famosos “viernes de Alaya” –el viernes ha sido el día favorito en el que se notificaban sus contundentes autos o providencias– recibe una llamada de un funcionario del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla para comunicarle que ha sido imputado por la inclusión de dos intrusos en un ERE en Surcolor, una empresa en la que fue asesor jurídico. “No conocía la existencia de estos intrusos”, argumenta. En ese escrito judicial también fueron imputados dos exdirectores generales de Empleo de la Junta y dos abogados del bufete Garrigues.

“Tú has cobrado de la Junta”

En mayo de 2012, en una sala mediana de la sede de la Guardia Civil de la avenida De la Borbolla de Sevilla declara de 10 de la mañana a ocho de la tarde. Fue un miércoles. Aquí empezaron los problemas. “No fue especialmente duro, pero justo al final me dice uno de los agentes: ‘Tú has cobrado de la Junta’. Le dije que no. Jamás he recibido dinero público. No he trabajado con ninguna Administración. La Guardia Civil tenía predeterminados los hechos, no sé si instigada por Alaya. En los temas de las prejubilaciones hablaban de oídas y siguen hablando de oídas”.

Justo un año después, en mayo de 2013, le registraron su casa y el despacho. Detuvieron a su mujer, a su hermano José Luis y a otro socio que estaba fuera de España. La instrucción llevaba seis meses bajo secreto de sumario y a la semana de la incorporación de Alaya por su baja de enfermedad se pone en marcha la Operación Heracles. La estrategia del Instituto Armado era evidente: se trataba de “amedrentar” a los supuestos líderes de la trama de los ERE con la detención de familiares y personal de su entorno. “La Guardia Civil hace un ejercicio del poder de la forma más dura que se puede ejercer”, critica Leal.

La UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil montó la Operación Heracles tomando como base el atestado 33 fechado en marzo de 2013. Este escrito argumentaba que los hermanos Leal habían cobrado sobrecomisiones de fondos públicos de la Junta. En junio informa a las partes de los atestados 60 y 80. La UCO modifica el atestado 33 y dice que los fondos proceden de la Asociación de la Faja Pirítica, cliente de Villasís, el despacho de Leal. Según la UCO, esta asociación habría defraudado 7,8 millones de euros.

María Núñez Bolaños ha relevado a la juez Alaya en el caso de los ERE. (EFE)
María Núñez Bolaños ha relevado a la juez Alaya en el caso de los ERE. (EFE)

“La Guardia Civil se da cuenta de su error de marzo y se corrigen ellos mismos, aunque se vuelven a equivocar porque dicen que el dinero viene del IFA. Confunden los pagos que hace el IFA a las compañías de seguros, cuyo beneficiario es la asociación, con el dinero que recibe la asociación del Fogasa (Fondo de Garantía Salarial)”, cuenta Leal. “Se trata de la prueba del nueve de su precipitación y de su error, que intentan justificar como sea. Es tremendo. Lo montan todo con un atestado falso que ellos mismos corrigen un mes después. Y, aun así, se equivocan”.

A Carlos Leal le citaron a declarar el Sábado de Pasión –el sábado antes del Domingo de Ramos de 2013–, pero al final no lo hizo hasta el 4 y 5 de julio de este año. En abril ya le habían bloqueado su cuenta corriente (la suya personal, la del despacho y la de su mujer, secretaria de su bufete, “por error”). “Perdimos el trabajo. Estuve más de un año totalmente depresivo. Ahora sobrevivo gracias a algunos clientes antiguos y cosas que te van saliendo”.

Fianza de 150.000 euros para evitar la prisión

El abogado sabía que podía ir a la cárcel. “Se me pasó por la cabeza, claro que sí. Estaba claro que tal y como pintaba la cosa lo más normal es que hubiera ido. No sabes si vas a subsistir ni si vas a tener futuro. La situación era bastante desesperada”. Leal evitó su entrada en prisión tras depositar en el juzgado una fianza impuesta por Alaya de 150.000 euros. La juez le había impuesto una responsabilidad civil de 34,8 millones de euros. “Unos amigos me prestaron 125.000 y otros 25.000 euros. Me salvé de la cárcel porque días antes de la declaración aportamos los movimientos de la cuenta de la Faja Pirítica y demostramos que el dinero que cobrábamos no procedía de la Junta".

Sus honorarios eran altos. Notables. El despacho de Leal, que intervino como asesor jurídico en una de las mayores operaciones inmobiliarias de Sevilla y para Credit Lyonnais en una estafa que sufrió en Marbella por la que llegó a cobrar “tres millones de pesetas mensuales”, facturó en el caso de la Faja Pirítica dos millones de euros en dos años ”tras 12 años de trabajo”. “La defensa de Bárcenas ha cobrado 400.000 euros”, replica. “Sí, claro que es dinero, pero era un trabajo de mucho viaje a Huelva”.

El abogado sabía que podía ir a la cárcel. 'Tal y como pintaba la cosa lo más normal es que hubiera ido. No sabes si vas a subsistir, ni si vas a tener futuro'

La indignación se elevó varias decenas de grados cuando se levantó el secreto de sumario y leyó la documentación. Carlos Leal no se resistió y le indicó a su abogado: “O son unos cabrones o unos ignorantes”. “Los atestados no se correspondían con la legalidad y falseaban el origen de los fondos. No eran fieles a los documentos bancarios”, explica. En mayo de 2014 fallece su suegro. Una vez pasado el duelo, empieza a recomponer su vida y a darse cuenta con claridad de lo que ha sucedido en el caso. Su tesis es que, si la Junta de Andalucía paga millones en prejubilaciones y ese dinero se pide como fianza civil, existe una incoherencia. ¿Por qué no se pide el dinero a los prejubilados?”.

“Había una presión mediática brutal”

¿Dónde están los 855 millones que se han cifrado como el fraude de los ERE? Primero, relata, se creía que ese dinero “se había robado”. Leal sostiene que el 90% de lo defraudado lo poseen los prejubilados y el 10% corresponde a ayudas directas a empresas,-que habrá que examinar una por una-, intrusos y las supuestas sobrecomisiones. Precisa que existe un error en 151 millones de euros en el cálculo de Alaya que recoge las partidas abonadas en vez de tener en cuenta las de las empresas o Gobierno Central. Su cálculo es que entonces serían 700 y no 855 millones de euros. “Había una presión mediática brutal y todo el mundo pensaba que se habían perdido 800 millones”.

Su planteamiento se consolida si se lee el escrito del juez del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro del pasado 6 de julio, donde se pide la imputación de los expresidentes y exconsejeros y se señala con claridad que no todos los 855 millones habrían sido defraudados. “Asume que buena parte de las ayudas concedidas a los prejubilados han cumplido con su fin original a pesar de que el procedimiento fuera ilegal. Esto podría descontar del fraude millonario un total de 695 millones de euros y obligaría a revisar casi un 80% de la instrucción, según fuentes del caso

Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo de la Junta y uno de los principales imputados en la trama. (EFE)
Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo de la Junta y uno de los principales imputados en la trama. (EFE)

En su criterio, si la instrucción hubiera analizado el Estatuto de los Trabajadores y la Orden del 5 abril de 1995 del Ministerio de Trabajo, “habría entendido cómo funciona el sistema de prejubilaciones y este asunto no hubiera llegado a ningún sitio porque estaba claro que todos los trabajadores tenían derecho a esas ayudas”. En esta orden se incluía un apartado que no aparecía en la normativa de 1994: las ayudas a la reestructuración de empresas. También recuerda que la Intervención General del Estado “nunca puso pega” al pago de estas prejubilaciones.

La Junta de Andalucía también le ha dado la razón a Leal. Ha reconocido la legalidad de las ayudas sociolaborales y afirma que no existe perjuicio al erario público. Para el abogado resulta “absurdo”. ¿Y el PP? “Han estado cuatro años diciendo que había que recuperar el dinero de los ERE, pero no querían. Les interesaba mantener la ficción de los 855 millones y no decirles que ese dinero lo tienen los prejubilados y ocultarlos conscientemente a la opinión pública. Han vendido una mentira”. “Aquí se han dado graves errores jurídicos tanto de la instrucción, de la sección Séptima de la Audiencia, los fiscales y los letrados de la Junta. Cuando todo se arregle habrá que exigir responsabilidades a todos los que han intervenido”.

La Guardia Civil investiga “un fantasma”

Surgen más incógnitas: “¿Cómo es posible que la Junta lleve cuatro años pidiendo fianzas civiles a empresas, gerentes y asesores –algunos han ido a prisión– porque se habían perdido 800 millones y resulta que el dinero está muy claro dónde está? ¿Esto qué es? ¿Inocente, inocente? Son funcionarios del nivel 30 que no saben lo que hacen. Yo no lo entiendo ni como letrado ni como ciudadano. Ha habido muchos colaterales”.

Los expresidentes griñán y Chaves. (EFE)
Los expresidentes griñán y Chaves. (EFE)

E insiste Leal en el post "Sintel, el Gobierno Central y el cúmulo de despropósitos del caso ERE": “La UCO lleva cuatro años investigando un fantasma. ¿Cuántos millones de euros de dinero público se han gastado en esta inútil investigación? ¿Cuánto daño gratuito e injustificado –que habrá que indemnizar– se ha infligido al 80% de los imputados? ¿Cuánto tardará la instructora en corregir este clamoroso error? ¿Serán capaces el presidente de la Audiencia de Sevilla y la fiscal jefe de Sevilla de exigir responsabilidades a los funcionarios causantes de estos dañosnbsp;En la actualidad por un comentario en Twitter se abren diligencias penales. Por estos errores, ¿qué harán? ¿O al tener que actuar contra "los suyos” ignorarán la cuestión?”.

Prevaricación y no malversación

Hay otra cuestión que Carlos Leal no quiere obviar y es cómo la instrucción considera que el pago de las prejubilaciones es delictivo al haberse prescindido del procedimiento: “¿Por qué los delitos que han recaído sobre los imputados se basan en malversación en vez de prevaricación? Aquí no ha habido malversación. Esto, que es un tema básico de Derecho Penal, ha sido ignorado en la instrucción. Si el juez o letrado no conoce la ley, apaga y vámonos”.

El auto del Supremo que implica a los aforados entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán sí dice que hay ayudas que desde el punto de vista “sustantivo-material” son lícitas y que por tanto no deben ser reclamadas, con independencia del procedimiento de su adjudicación, y piden que se investigue “ayuda por ayuda”, no en su globalidad. “No obstante, la UCO sigue enviando atestados en los que asevera que todas las ayudas son ilegales. No creo que se lean los autos del Supremo”.

El abogado, amigo de la historia militar, se cree un superviviente y promete luchar “hasta el final”. “Si en Stalingrado no te han tirado al río, has aguantado la embestida y sigues en tierra firme, entonces puedes sobrevivir…”.

Andalucía

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