Nadie vio, conoció, ni supo de ningún fraude: los acusados de los ERE se defienden

El rosario de lecturas de las defensas en el juicio de los ERE, que copó las cinco horas de la segunda jornada, sonó muy parecido, casi idéntico, a lo que los mismos procesados contaron en la comisión de investigación del Parlamento andaluz (agosto de 2012) o a lo que pudieron contar en el Tribunal Supremo. Allí, como ahora, expresidentes y exconsejeros insistieron en limitar sus responsabilidades y subrayar que nunca supieron ni fueron alertados por la Intervención de que hubiera un fraude.

El juicio político de los ERE, después de casi siete años de instrucción, sigue a medio gas. Hay abogados que se muestran satisfechos por este discurrir y aseguran que es importante lo que llaman “el control de los tiempos”. El juez Juan Antonio Calle vio consumirse este segundo día en la lectura de siete abogados. Ya está casi descartado que dé tiempo a ver cuestiones previas, que quedarían pospuestas a enero. A paso de tortuga. La primera jornada sirvió para oír los escritos de la Fiscalía y el PP como acusación popular.

El juicio de la pieza política discurre a paso de tortuga y las cuestiones previas se aplazarán a febrero tras casi siete años de instrucción

Los abogados de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y de los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Gaspar Zarrías, Francisco Vallejo, Magdalena Álvarez o el exdirector general de Presupuestos, Antonio Lozano, insistieron en dejar fuera de cualquier responsabilidad a los departamentos de Presidencia y Hacienda, apuntando a que los fondos se gestionaban desde Empleo. El letrado del exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, se empeñó en negar que hubiera un gran fraude y denunció una acusación con “dudosos cimientos”.

"Ni conoció, ni pudo conocer"

El expresidente Chaves “ni conoció ni pudo conocer el sistema de concesión de ayudas sociolaborales. Nadie les avisó de las irregularidades, ni el interventor”, sostuvo su abogado, Pablo Jiménez de Parga. “No hay evidencia o testimonio de irregularidades o fraude ni siquiera de que conociera el procedimiento concreto de concesión”, abundó.

El letrado José María Mohedano leyó las defensas del exdirector general de Presupuestos, Antonio Lozano, que tuvo que ausentarse por unas pruebas médicas, y del expresidente José Antonio Griñán, que se sienta en el banquillo por su etapa como consejero de Hacienda (2004-2009). En sus casos, las acusaciones se centran en que fueron los responsables de las ampliaciones presupuestarias, por lo que tuvieron que conocer los desfases en el fondo de los ERE, y en que eran quienes recibían los informes de la Intervención. “Si el déficit presupuestario tuviera trascendencia penal, la mayoría de gestores públicos estarían imputados”, señaló el letrado.

El abogado de Griñán denuncia "errores garrafales" en las acusaciones y trata de desmontar la imputación por malversación al expresidente

Tras denunciar “errores garrafales” en los escritos de las acusaciones, el abogado de Griñán insistió en desarmar la imputación por malversación que pesa sobre el expresidente y por la que le piden seis años de cárcel. Insistió en que el Supremo nunca apreció este delito y que fue el juez Álvaro Martín, responsable de procesar a los acusados, quien lo añadió después cuando nada había cambiado respecto al Alto Tribunal. Griñán, dijo su abogado, “nunca intervino en la concesión concreta de las ayudas ni era su competencia desde el departamento de Hacienda conocer el sistema”.

El exinterventor, el más aludido

“El máximo órgano de control”, subrayó, “consideró legal las transferencias de financiación”, refiriéndose a que el interventor habló de este sistema como “inadecuado” pero no alertó de irregularidades ni de menoscabo de fondos públicos”, sí de “deficiencias graves”. Mientras defendía esto, las cámaras ofrecieron un primer plano del exinterventor general Manuel Gómez, también imputado y sentado dos filas detrás de Griñán en la sala de la Audiencia. Los encontronazos del exinterventor con los expresidentes han sido sonados durante la instrucción y tras las declaraciones en el Supremo, cuando censuró la “incapacidad” de ambos por no haber atendido sus advertencias.

Hubo hasta 15 informes de la Intervención que avisaron en diferentes momentos de que el sistema elegido para dar estas ayudas “no era el adecuado” pero en ningún caso se alertó del fraude. El exinterventor arguyó, en una famosa metáfora que hizo en el Parlamento, que él avisó a los bomberos y dijo muchas veces que salía humo por las ventanas pero que nadie hizo nada por apagar el fuego. El sistema elegido, el llamado procedimiento específico que se juzga en esta primera pieza política, sacó las ayudas del circuito oficial y convirtió a las empresas públicas, primero IFA y después Agencia IDEA, en pagadoras, lo que evitaba que hubiera una fiscalización previa de estas ayudas.

El dinero bajo investigación quedó acotado por las defensas a 80 millones de euros, aunque nadie asumió que haya un gran fraude

El abogado de Griñán acotó la cantidad objeto de investigación, que podrían tener o no relevancia penal, a 80,8 millones de euros, sumando las cantidades de las sobrecomisiones, los intrusos y las ayudas directas a empresas. Lejos de los 741,6 millones de euros de los que habla la Fiscalía o los 855 millones que señaló el juez Álvaro Martín, lo que le valió además para hacer hincapié en el baile de números.

La "sospecha ominosa"

Algo distinta sonó la defensa del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, que fue el superior directo del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y que como él, también pasó varios meses en la cárcel, hasta cinco, en 2012 tras el interrogatorio de la jueza Mercedes Alaya. En este caso, el abogado Alfonso Martínez del Hoyo habló de un caso ERE de “desarrollo hipertrófico” sobre “fundamentos equívocos”. Negó que hubiera fondos opacos o “un fondo de reptiles” como declaró Guerrero en sede policial. Recordó que estuvieron recogidos en los sucesivos Presupuestos de la comunidad autónoma y lamentó que se haya extendido una “sospecha ominosa” que “ha interiorizado la sociedad en su conjunto” para llegar a asumir que el caso ERE es “el 'summum' de la corrupción” o que “el dinero de los parados se dio a los amiguetes”. “Se ha establecido una lacerante asociación entre Andalucía y corrupción política”, dijo alertando del daño.

“No todo el dinero concedido con cargo a ese fondo ha sido defraudado”, insistió el letrado del exconsejero de Empleo, abundando en que hay más de 6.000 prejubilados que siguen cobrando sus ayudas. “Si el fondo se considera ilegal, por qué nadie ha pedido a estos trabajadores que devuelvan sus subvenciones”, señaló.

Si el fondo fue ilegal, por qué nadie ha pedido a los 6.000 prejubilados que siguen cobrando que devuelvan el dinero, inquirió uno de los letrados

El letrado Gonzalo Martínez-Fresneda, que defiende al exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, se preguntó “cómo puede considerarse contrario a derecho lo que no existe”, aludiendo a que no había una normativa expresa que regulase los fondos de los ERE sino un convenio marco. Rafael Alcácer Guirao, que defiende a la exconsejera Magdalena Álvarez, dejó muy claro que no corresponde a Hacienda decidir el intrumento presupuestario ni el modelo de gestión de los fondos en la Consejería de Empleo. Mientras que el letrado de la exconsejera Carmen Martínez Aguayo, Víctor Moreno Catena, puso el foco en que las ampliaciones presupuestarias aprobadas tuvieron todas el visto bueno del Parlamento y la Intervención. Encarnación Molina, letrada del exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, insistió en la “absoluto inconcreción” de los hechos. Lo dicho: nadie vio, conoció ni supo de un fraude.