La chulería de Guerrero, el que repartía los ERE, en ‘el gran juicio’: “Estaba deseando”

Entró apurando un pitillo y salió encendiendo otro. Francisco Javier Guerrero, el exdirector general de Trabajo, ese personaje de novela picaresca, pasó casi cinco horas dentro del edificio de la Audiencia de Sevilla en la primera sesión del juicio del caso ERE, que ha llevado al banquillo a 22 ex altos cargos de la Junta, toda una década de gestión socialista en la comunidad.

No estuvo solo, ni mucho menos. Él iba de secundario. La jueza Mercedes Alaya, que ocupaba su despacho en la tercera planta del mismo edificio, debía de estar saboreando su triunfo. Dos expresidentes, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, seis exconsejeros, Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez, Antonio Fernández, José Antonio Viera, Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo. Quienes formaron parte de la cúpula de las consejerías de Empleo y Hacienda, el exinterventor general y hasta el jefe de los letrados de la Junta.

Jornada gris, foto de impacto

Una foto demoledora que fue lo más impactante en un primera jornada tediosa y limitada a la lectura de los escritos de acusación. Si en 2011, cuando comenzó la instrucción, alguien hubiera preguntado por esta imagen, posiblemente casi nadie la habría creído. Rostros serios y circunspectos, tensos, a veces airados, a veces más relajados.

El exdirector general de Trabajo, unos 15 minutos antes de que el juez Juan Antonio Calle diera por concluida la primera sesión, sacaba su paquete de Marlboro del bolsillo y lo miraba con deseo. En cada plano de televisión que salía Guerrero estaba delante el expresidente Chaves. No se sabe si fue intencionado o casual que se sentara justo detrás.

Guerrero se sentó justo detrás de Chaves, no se sabe si fue casual o una declaración de intenciones

Fue el único acusado que se acercó a los micrófonos. Hace siete años Guerrero abrió el caso de los ERE cuando declaró en sede policial que había un “fondo de reptiles”, dinero destinado a las “criaturitas” de Andalucía, añadiría más tarde. ¿Cómo afronta el juicio?, le inquirieron. “Estaba deseando. Ya era hora”, contestó con sonrisa burlona y sobrado de chulería. Sonó a lo que dijo en la comisión de investigación del Parlamento, agosto de 2012, cuando declaró: “Me tengo por una persona jovial; ni he sido un putero, como alguien dijo, ni me he dedicado a la drogodependencia; me tomo las copas que me apetece” o “sé cuánto vale un paquete de Marlboro, un 'gin-tonic' y ya está. En mi vida me ha dado por comprar un porro”. Ya entonces había pasado por la cárcel, como su superior directo, el exconsejero Antonio Fernández.

La pirámide de Alaya

Guerrero siempre que puede dejar caer que a él no lo van a pillar de cabeza de turco. Que sus superiores sabían. Habría que precisar si sabían de la partida presupuestaria y de las ayudas que la Junta dio y él administró, presuntamente sin el suficiente control, durante una década, o si sabían de esos otros detalles sórdidos, de sus supuestos tejemanejes, de que su chófer, Juan Francisco Trujillo, declaró que se llegaron a gastar 25.000 euros al mes de los parados andaluces en cocaína, de que daba las ayudas en la barra del bar, de que en muchos casos no hay ni expediente...

Técnicamente, nada de esto se dirime en el primer juicio de los ERE que comenzó en Sevilla, casi siete años después de la que la jueza Alaya arrancara su instrucción. Pero en el fondo sí. El juicio de la pieza política aborda si el procedimiento específico que se creó en 2001 para repartir las ayudas sociolaborales en Andalucía fue legal o no, qué miembros del Gobierno participaron del sistema y con qué grado de responsabilidad. Las posibilidades son varias. Si el sistema se declara legal, no hay caso, todo se desmorona. Si es ilegal habrá que ver hasta dónde llegan las responsabilidades penales. Si hasta la presidencia de la Junta, Hacienda o Empleo. “La pirámide”, que relató la jueza Alaya. Hay peticiones de inhabilitación y cárcel por prevaricación y malversación.

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Isabel Morillo. Sevilla

En la primera sesión del juicio, el único que mereció de verdad el jornal fue el secretario judicial, ahora letrado de la Administración de Justicia, que pasó cinco horas leyendo en voz alta los escritos de acusación de la Fiscalía y el PP. Los 44 folios del escrito Anticorrupción fueron un prolijo relato sobre el sistema de ayudas sociolaborales y para empresas en crisis que durante una década se dotó con 742 millones de euros.

La primera sesión del juicio discurrió con la lectura durante cinco horas de los escritos de la Fiscalía y el PP

El escrito repasa cómo desde el año 2000 se diseñó un sistema para repartir estas ayudas que finalmente se rigió con un convenio marco en 2001. Hubo varios borradores de decreto pero ninguno se aprobó. "Como resultado, buscado por los encausados, de los cambios operados en la gestión presupuestaria (...) consiguieron que las denominadas ayudas sociolaborales para el pago de las primas de pólizas de rentas para extrabajadores y las ayudas a empresas en crisis soslayaran la necesaria y preceptiva fiscalización crítica o previa de la Intervención Delegada de la Consejería de Empleo".

Desde entonces, el fondo "se puso en manos del encausado Francisco Javier Guerrero como director general de Trabajo, sin competencia legal para la concesión de subvenciones", señala el escrito. Este dispuso de esa partida "sin sujeción a la fiscalización debida (...) y sin necesidad de tramitar expediente alguno (...) al no haberse propuesto ni aprobado una norma que regulase la concesión de estas ayudas".

El PP añade "asociación ilícita"

Guerrero fue cesado en abril de 2008 tras una década en su puesto. La Fiscalía repasa las cantidades que administró el exdirector general de Trabajo cada año, hasta sumar 741,6 millones de euros en una década. Recoge también los reparos y advertencias de la Intervención casi desde el primer momento en que comenzó el sistema. Las ayudas salieron del circuito habitual y dejaron de ser pagadas directamente por la Consejería de Empleo. Mediante el mecanismo presupuestario de las transferencias de financiación, los fondos se dirigían al IFA, ente público que dependía de Empleo y después (2004) de Innovación. A partir de 2008, es la Agencia IDEA la que paga las ayudas. El escrito de acusación insiste también en los desfases y déficits presupuestarios, que obligaron a sucesivas ampliaciones del Presupuesto para cubrir los gastos.

“La gravedad de la situación creada como consecuencia directa y necesaria de la gestión presupuestaria del programa 31.L”, el de los ERE, “necesariamente debieron ser conocidas por los encausados”, sostiene la Fiscalía. En 2010 se puso fin a este sistema. En los ERE se incluyeron personas ajenas a las empresas, intrusos, “al no establecerse el más mínimo mecanismo de comprobación”.

La Fiscalía señala que “se han abonado 66,1 millones de euros por encima de los precios de mercado” a las aseguradoras en las llamadas sobrecomisiones, “gastos de gestión externa o comisiones a entidades mediadoras”. Acerca de las ayudas directas a empresas en crisis, “al no haberse exigido convocatorias de estas ayudas para garantizarse su publicidad y conocimiento general”, sostienen los fiscales, hubo muchas empresas “privadas” de estas subvenciones.

Un juez muy tranquilo

No se esperaba que el juez Juan Antonio Calle, que cumplió con su leyenda de hombre parsimonioso y con nervios de acero, diera paso a la lectura del escrito de acusación del PP. Esto indignó a muchos letrados y acusados. Los abogados del PP pidieron que se leyera al menos la mitad de sus 100n folios por considerar que había “hechos no coincidentes” con la Fiscalía. Así ocurrió, evidenciándose una vez más que el PP, como acusación particular, ha jugado y sigue jugando un papel clave en el caso desde que Juan Ignacio Zoido, juez en excedencia y hoy ministro del Interior, puso el caso en bandeja a la magistrada Alaya. Y dejándose entrever también que el juez está dispuesto a echarle paciencia y agotar todas las garantías procesales para que nadie pueda pedir la nulidad del juicio. El escrito del PP pide dos años de cárcel para los acusados de mayor renombre por “asociación ilícita” y eleva el fondo de los ERE a 1.280 millones de euros.

Los abogados del PP consiguieron que se leyera la mitad de su escrito de acusación, lo que dilatará en días el arranque del juicio

Este jueves seguirá el juicio en una segunda sesión donde posiblemente los abogados se apunten a leer sus escritos de defensa después de que los letrados del PP desplegaran sus argumentos. Posteriormente quedarán las cuestiones previas. El viernes se suspende todo hasta el 9 de enero, si no hay retrasos. Y a partir de ahí, se aguarda sentencia dentro de un año o año y medio, auguran algunos letrados.

No hubo gritos, ni abucheos, ni gente en los juzgados pidiendo justicia. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, continuó con su agenda habitual: “Andalucía ganará el futuro a través de la I+D+i”, proclamaba en un foro puntero con la Corporación Tecnológica de Andalucía, intentando poner tierra con aquella Andalucía de las pagas a los prejubilados y la paz social por la que sus antecesores políticos se sentaban en el banquillo. Mientras, la oposición sacaba lustre a sus argumentarios de corrupción y régimen clientelar.