manuel gómez quiere declarar ente el TS

El exinterventor: "Chaves y Griñán necesitaban un tutor por su incapacidad"

La declaración de Manuel Chaves ante el Supremo ha levantado la indignación del exinterventor de la Junta, que quiere testificar sobre, a su juicio, el verdadero papel de los expresidentes

Foto: Manuel Gómez Martínez (c), interventor general de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2010. (EFE)
Manuel Gómez Martínez (c), interventor general de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2010. (EFE)

“Chaves y Griñán no necesitaban un interventor, lo que realmente habrían necesitado es un tutor que, como a los menores de edad, supliera su falta de capacidad y competencia”. Lo dice Manuel Gómez, interventor general de la Junta entre 2000 y 2010, que ha pedido prestar declaración ante el Tribunal Supremo para “delatar” el “cúmulo de invenciones” que, según sostiene, han mantenido los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán ante el juez. En un duro comunicado, quien fuera responsable máximo de la Intervención General durante la década investigada en el caso ERE, califica las declaraciones de los expresidentes de “indignidad” y “conducta indecente” por tratar de desviar la responsabilidad hacia sus inferiores.

El exinterventor se dirigirá al juez del Supremo para pedir voluntariamente prestar declaración. El magistrado podría tener en cuenta su petición aunque Gómez no esté personado en la causa del Alto Tribunal, aunque también podría denegarla o simplemente ignorarla. En ese caso, el afectado asegura que tratará de defenderse de las acusaciones de los expresidentes ante el juzgado de Alaya, en el que está imputado. Durante su mandato emitió 15 informes alertando de irregularidades graves en el procedimiento de los ERE. No redactó informe de actuación, alega, porque “no procedía” y tampoco alertó personalmente al exconsejero de Hacienda, José Antonio Griñán, o al expresidente Manuel Chaves.

¿Por qué no pidió nunca reunión? “Esquivaron los controles. Había limitaciones en el papel de la Intervención. Mis informes fueron tan reiterados que francamente no lo consideré necesario. Si no hicieron nada sería porque no quisieron hacerlo. No vimos fraude pero sí alertamos de deficiencias graves presupuestarias y administrativas”, asegura a El Confidencial.

Gómez ha declarado a este periódico que entre las declaraciones de Griñán y Chaves hay diferencias. Al primero lo acusa de estar “aquejado de una obsesión compulsiva” contra él. De su versión ante el Supremo señala como falsedad la afirmación de que el interventor “informó favorablemente cada año de la ley de presupuestos”, donde se incluían las partidas de los ERE, y “jamás puso una pega”. “Ese informe no existía y yo no lo emití nunca”, advierte.

El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves. (EFE)
El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves. (EFE)

En las declaraciones de Chaves ante el juez aseguró que el entonces interventor nunca se dirigió a él advirtiendo de las irregularidades en el sistema. “En aquel momento el interventor general era un director general de segunda categoría y no me podía dirigir al presidente. Yo me dirigí a sus consejeros y éstos debieron comunicárselo”, subraya Gómez, que ve “insidia” en estas manifestaciones y el intento de “sembrar la sospecha de que el interventor fue negligente”. “La estrategia es hacer caer toda la responsabilidad en un director general chapucero y un interventor miope”. “Son insidias que como una lluvia fina intentan que vaya calando”, añade.

Durante la década que fue el máximo responsable de la Intervención General de la Junta, Gómez emitió 15 informes alertando de deficiencias graves en el fondo de los ERE. La mayoría fueron directamente dirigidos a quien era consejero de Hacienda, José Antonio Griñán, y a su viceconsejera, Carmen Martínez Aguayo, que después le relevaría en el cargo y también ha declarado como imputada ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Su versión insiste en que no redactaron el famoso informe de actuación, aquel que hubiera encendido la alarma roja y obligado a adoptar medidas urgentes, porque “no procedía”.

El sistema se había creado para que las ayudas sociolaborales salieran del circuito habitual de la Consejería de Empleo, convirtiendo a una empresa pública, el IFA y después la Agencia IDEA, en pagadora de las subvenciones. Esto permitía esquivar los controles y evitar la fiscalización previa de la partida presupuestaria, declara. El papel de la Intervención quedaba arrinconado y “en ningún momento”, insiste Gómez, detectaron “el fraude” porque “en ese caso no solo habría elaborado el informe de actuación sino que posiblemente habría ido a poner una denuncia”.

El expresidente Griñán a su salida del Tribunal Supremo. (EFE)
El expresidente Griñán a su salida del Tribunal Supremo. (EFE)

Quizás una de sus metáforas más claras la realizó en la comisión de investigación del Parlamento andaluz. “Si su vecino le advierte a voces por la ventana de que hay llamas en el extractor, ¿usted llamaría a los bomberos para evitar la catástrofe o esperaría a que su vecino le confirmara la noticia por carta?”, interrogó. “Nosotros lo advertirmos y quien tenía que tomar decisiones no las tomó”, añadió. 

Insiste en que vieron el humo pero no pudieron comprobar si había un incendio. Eso, advierte, tendrían que haberlo hecho los máximos responsables de la Consejería. Insiste en que es “absurdo” que los expresidentes se escuden en que no hubo informe de actuación. “El interventor no dejó de decir todo lo que vio. No lo dijo en papel timbrado sino en papel común. ¿Por qué? No pudimos ver el fraude porque nos apartaron de los procedimientos de control”, ha asegurado Gómez a este periódico.

Quiere aportar nuevas pruebas ante el Supremo

El exinterventor quiere además aportar nuevos informes ante el Supremo. Según subraya desde 2005, “por indicación de Griñán”, se les encarga a los interventores un trabajo complementario de asesoramiento a los altos cargos de la Consejería de Hacienda que tenían que sentarse en los consejos de administración de las empresas públicas. En esos informes trimestrales sobre el IFA, pagador de los ERE, se advirtió también periódicamente de las irregularidades, sostiene.

El exinterventor de la Junta. (EFE)
El exinterventor de la Junta. (EFE)

Su indignación también se dispara ante la afirmación de Griñán en el Supremo de que no sospechó “de un déficit presupuestario de 100 millones de euros” que se fue acumulando en las cuentas de la empresa pública a la que se encomendó el sistema de los ERE. “Es asombroso”, lamenta. “Griñán ha declarado que se hacía lo que decía el interventor y en este caso no dijo nada. No es verdad”, denuncia.

La advertencia más relevante se aportó en una auditoría de las cuentas del IFA en 2003 que se presentó como informe especial en 2005, señala el exinterventor. Recuerda que en ese mismo informe también se advirtió del desvío presupuestario de otro programa paralelos al de los ERE y destinado a la compra de nuevas tecnologías, básicamente ordenadores, en pymes  y hogares andaluces. Se señaló un desvío de 43 millones de euros y como respuesta la Junta cortó de raíz esa subvención. “En aquel momento en los ERE se señaló un déficit de 38 millones de euros y nadie hizo nada”, dice y se pregunta por qué.

Gómez se guarda de señalar ningún tipo de responsabilidad penal en el papel de los expresidentes. El exinterventor, en libertad bajo fianza de responsabilidad civil e imputado por Alaya, es una de las piezas clave de la investigación sobre las ayudas sociolaborales. Desde el primer momento se convirtió en un destacado protagonista y sus alegorías sobre el caso se hicieron famosas. Ha censurado por escrito “el estruendoso silencio” de la Cámara de Cuentas ante este caso y en una explosiva carta al Parlamento andaluz acusó a Griñán de “de cebar sin descanso la corrupta partida” y declaró sentirse “agredido por una caterva de políticos cobardes y sin honor (...) que podían haber terminado con el nido de corrupción en 24 horas, si hubieran tenido voluntad de hacerlo”.

En su último comunicado vuelve a la carga: “En el asunto de los ERE, el Gobierno de la Junta de Andalucía, con respaldo de la mayoría del Parlamento y asistiendo como espectador mudo la Cámara de Cuentas, actuó como el alcalde que decide apagar todos los semáforos de la avenida, con el presunto propósito de mejorar la fluidez del tráfico. Ahora, el alcalde niega que él apagara los semáforos y pretende desviar su responsabilidad por los muertes en accidente hacia la policía de tráfico. Cuanto más insista el alcalde en ello más parece que el motivo de la medida no fue la fluidez del tráfico, sino permitir la huida de los ladrones con mayor facilidad”. También acusa al Gobierno de echar a rodar un automóvil sin freno y reprocha a Griñán que diga que “no le importaba que el coche no circulaba sin frenos, porque no era suyo”.

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