caso ERE

Por qué la excúpula socialista se sienta en el banquillo en un gran juicio por corrupción

Arranca, tras seis años de instrucción, el primer juicio de los ERE que procesa a 22 ex altos cargos, incluidos Chaves y Griñán, por un sistema que repartió 741 millones en una década

Foto: Los expresidentes de Andalucía Manuel Chaves (d) y José Antonio Griñán. (EFE)
Los expresidentes de Andalucía Manuel Chaves (d) y José Antonio Griñán. (EFE)

La Audiencia de Sevilla está ya preparada para acoger desde este miércoles el juicio del caso ERE. En la primera pieza que será juzgada, tras seis años de instrucción, se sienta en el banquillo la cúpula política del Gobierno andaluz durante una década. Los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán junto a otros 20 ex altos cargos desfilarán ante el juez. El llamado procedimiento específico o pieza política analiza el sistema con el que la Junta de Andalucía repartió durante una década un total de 741 millones de euros, según el escrito de la Fiscalía.

A partir del 9 de enero, aunque caben retrasos, comenzarán los interrogatorios y esta semana las defensas plantearán las cuestiones previas con las que tratarán de anular la instrucción y tumbar este juicio. Sería una gran sorpresa que prosperara algunos de los argumentos de las defensas, que trabajan coordinadas y celebraron una gran cumbre el pasado noviembre para compartir estrategias.

Último intento de tumbar el juicio

El abogado de Griñán, José María Mohedano, propondrá la nulidad del nombramiento de Álvaro Martín, que procesó a los expresidentes, por no ser el juez natural y estar en los juzgados en tareas de refuerzo de Mercedes Alaya. Cuestiona que, como magistrado auxiliar, fuera el competente para dictar el auto de procesamiento de la pieza política. Se pondrá en duda también que se pueda juzgar a los procesados por “asociación ilícita”, al considerar que fue una acusación “sorpresiva”, y se lanzarán sombras sobre la nulidad de pruebas por “defectos en la cadena de custodia”, destacando supuestos errores en la instrucción de Alaya.

Más allá hay dos asuntos clave que las defensas no plantearán como cuestiones previas sino como cuestión de fondo. Tratarán a toda costa de impedir cualquier intento de la Fiscalía de tumbar el enjuiciamiento único de los procesados políticos, decidido por la Audiencia,y que permitirá a los ex altos cargos no sentarse en el banquillo más que una vez, sin pasar por las más de 200 piezas, por cada ayuda concedida, que se enjuiciará en esta macrocausa.

Las defensas tratarán de desmontar el informe de la Intervención General del Estado, 8.000 folios de cuatro peritos, clave de bóveda del caso

El otro gran objetivo de las defensas, según los testimonios de varios abogados recabados por este periódico, será conseguir la nulidad del informe de la Intervención General del Estado (IGAE). Este informe, de 8.000 folios y firmado por cuatro peritos, de los que las defensas ponen en duda su independencia, fue demoledor y la piedra angular sobre la que avanzó la jueza Mercedes Alaya para llegar arriba de la pirámide, según la metáfora que ella misma empleó. Consideró que las transferencias de financiación, el mecanismo presupuestario elegido para nutrir el fondo de los ERE, se utilizaron para hurtar a la Intervención de la Junta la capacidad de fiscalización previa de las ayudas. Tanto las defensas de Griñán como de la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez presentaron en el Supremo un contrainforme, firmado por varios catedráticos, para tratar de desmontar estas acusaciones.

Ni enriquecimiento ni financiación ilegal

Ni Chaves, ni Griñán, ni la inmensa mayoría de ex altos cargos están en el banquillo acusados de haberse enriquecido ilícitamente ni de haber desviado a sus cuentas bancarias fondos públicos. Tampoco se logró probar, en los años de instrucción de Alaya, que abrió diligencias previas en 2011, que hubiera ningún tipo de financiación irregular del PSOE andaluz. A esto se aferra la actual cúpula socialista para defender la “honestidad” y “honorabilidad” de los expresidentes, marcando diferencias con los expresidentes Jordi Pujol en Cataluña o Ignacio González en Madrid. “Esto no es la trama Gürtel”, insisten los socialistas.

El juicio pone en entredicho una década de gestión socialista en la comunidad y la creación de un sistema “inadecuado” e “improcedente” para el pago de estas ayudas con el objetivo intencionado, sostienen los escritos de acusación, de alimentar un régimen político clientelar que ha permitido al PSOE mantenerse en el poder durante más de 35 años sin alternancia política. Sostienen que esas ayudas discrecionales se dieron a afines al poder socialista. Este es el fondo tanto del escrito de la Fiscalía, de septiembre de 2016, como del auto del juez Álvaro Martín, que apuntala, como también hizo el Supremo, buena parte de las tesis de Alaya en este mismo sentido. El PP, acusación particular en el caso, hizo pivotar durante años su discurso de oposición en este "régimen clientelar", pero no logró gobernar pese a las dos elecciones autonómicas celebradas tras el estallido del caso.

6.000 prejubilados legales

El juez Álvaro Martín dejó escrito que el “procedimiento específico” diseñado para repartir durante una década las ayudas sociolaborales en Andalucía contó con una cantidad no inferior a “854 millones de euros”. No todo ese dinero se malversó. De 6.096 trabajadores que cobraron ayudas 126 están imputados en la causa como intrusos en los ERE. El fraude se ceñiría a los intrusos, las sobrecomisiones de los intermediarios (comisionistas y aseguradoras) y ayudas directas a empresas en crisis que no pasaron ninguna oferta pública. La Junta reclama la devolución de 135 millones de euros en varios expedientes de reintegro tras detectar irregularidades y ha ingresado sólo 4,6 millones de euros.

En los últimos tiempos, el hecho de que hubiera ayudas cofinanciadas por el Estado, como es el caso de las subvenciones a la Faja Pirítica de Huelva, ha abierto la puerta a que se defienda que el mismo sistema de ayudas, sin concurrencia, publicidad y por concesión directa, se llevó a cabo por el Ministerio de Trabajo. Un grupo de abogados defienden que esta vía demuestra que el sistema de ayudas era legal y estaba sustentado por una normativa de 1995.

Una parte de las defensas insiste en que el Ministerio de Trabajo otorgó ayudas de la misma naturaleza que los ERE con una orden de 1995

En su escrito, la Fiscalía pide diez años de inhabilitación para Chaves y hasta seis de cárcel para Griñán. Denuncia la puesta en marcha de un sistema de pago, mediante transferencias de financiación, desviando los fondos de la famosa partida 31.L del Presupuesto andaluz al IFA y después a la Agencia IDEA, ambos entes públicos dependientes del Gobierno, para que fueran estos organismos los que efectuaran los pagos a prejubilados y empresas en crisis. En su momento, la Junta argumentó que se hizo así para acelerar los trámites en un momento muy delicado con numerosas empresas en crisis. Anticorrupción, como señaló la Intervención General del Estado, apunta a que el sistema se diseñó de este modo para eludir la fiscalización previa de la Intervención de la Consejería de Empleo.

Acusados por "no frenar" el sistema

El ministerio público se pregunta por qué ni el expresidente Chaves, ni los exconsejeros de Presidencia o Hacienda, junto al resto de ex altos cargos, pusieron freno al sistema, pese a que hubo reparos de los interventores (15 informes) y se aprobaron varias ampliaciones presupuestarias (hasta 22) para esta partida. Los acusados han alegado que no sabían de ninguna irregularidad y se escudan en que nunca la Intervención alertó de menoscabo de fondos públicos. En definitiva, “no pusieron freno” al procedimiento, avisa el fiscal, pese a la “gravedad” de la situación creada. Sostiene además que se debieron tratar como subvenciones ordinarias y no como excepcionales, al alargarse más de una década.

Queda por ver si los abogados se mantendrán unidos en defender la legalidad del sistema o habrá fuego cruzado entre Empleo y la cúpula política

La gran duda es saber si las defensas se mantendrán coordinadas y con una estrategia común hasta el último momento o primará el ‘sálvase quién pueda’, tratando cada abogado de defender a su cliente y volviendo a la teoría de “los cuatro golfos”. Es decir, si se mantendrá hasta el final que el sistema era legal o si se argumentará que lo ilegal lo han hecho otros, depositando las responsabilidades en la Consejería de Empleo.

El exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, que incluyó a su suegra en una póliza, fue acusado por su chófer de gastar “hasta 25.000 euros al mes” del dinero de los parados en cocaína o de otorgar las ayudas en la barra de un bar y con un simple 'post it' como memoria justificativa, también ha dejado ya muy claro que apuntará hacia arriba. Siempre ha defendido que sus superiores, incluidos los expresidentes, estaban al tanto del sistema. Queda más de un año, en un juicio que se prevé muy largo, para conocer todos estos extremos. Mientras, el juicio a una década de socialismo andaluz y nombres de tanto peso como Chaves o Griñán, que lo han sido todo en el PSOE, cimbrea los puntales del poder socialista en Andalucía.

Quiénes son los acusados

El tribunal de los ERE está compuesto por los magistrados Juan Antonio Calle, Pilar Llorente y Encarnación Gómez. Serán juzgados:

Imputados por prevaricación  (Fiscalía pide para estos 8 acusados una pena de 10 años de inhabilitación )

-Manuel Chaves González. Expresidente de la Junta de Andalucía.

-Gaspar Zarrías Arévalo. Exconsejero de Presidencia.

-Magdalena Álvarez Arza. Exconsejera de Economía y Hacienda.

-José Salgueiro Carmona. Exviceconsejero de Hacienda  y exconsejero de Hacienda.

-Antonio Estepa Giménez. Ex secretario general de Hacienda.

-Antonio Vicente Lozano Peña. Ex director general de Presupuestos.

-Francisco del Río Muñoz. Exjefe del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía.

Imputados por prevaricación y malversación (Fiscalía pide para estos 6 acusados, penas de 6 años de prisión y 30 de inhabilitación )

-José Antonio Griñán Martínez. Expresidente de la Junta y exconsejero de Economía y Hacienda.

-Carmen Martínez Aguayo. Exviceconsejera de Hacienda (2004/2009) y exconsejera de Hacienda.

-Manuel Gómez Martínez. Ex interventor general de la Junta de Andalucía.

Imputados por prevaricación y malversación (Fiscalía pide para estos 12 acusados penas de 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación)

-Antonio Fernández García. Exviceconsejero de Empleo y exconsejero de Empleo.

-Francisco Vallejo Serrano. Exconsejero de Innovación.

-Agustín Barberá Salvador. Exviceconsejero de Empleo.

-José Antonio Viera Chacón. Exconsejero de Empleo.

-Jesús Mª. Rodríguez Román. Exviceconsejero de Innovación.

-Francisco Javier Guerrero Benítez. Ex director general de Trabajo.

-Juan Márquez Contreras. Ex director General de Trabajo.

-Juan Francisco Sánchez García. Ex secretario general técnico de la Consejería de Empleo, Innovación  y Exdirector de Finanzas IFA-IDEA.

-Javier Aguado Hinojal. Ex secretario general de Trabajo  y de Empleo.

-Lourdes Medina Varo. Ex secretario general técnico de Empleo

-Miguel Ángel Serrano Aguilar. Ex director general de IFA-IDEA.

-Jacinto Cañete Rolloso. Ex director general de IFA-IDEA.

El caso lo componen 30 tomos, 7 anexos y más de 14.000 folios

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