El juez acuerda la libertad provisional del general detenido en el caso Mediador

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado la libertad provisional con medidas cautelares para el general de la Guardia Civil retirado Francisco Espinosa Navas, hasta ahora en prisión por el conocido como caso Mediador, al entender que el riesgo de fuga es muy bajo y que en este momento no existe riesgo de destrucción de pruebas. No obstante, el magistrado destaca que los indicios contra el mando son "muy sólidos".

José Luis Calama, como juez de garantías en este procedimiento en lo relativo a los hechos competencia de la Fiscalía Europea, atiende así la petición de libertad de la defensa del general, a la que se había opuesto la Fiscalía, partidaria de mantener en prisión al mando. Fue detenido el pasado 14 de febrero y la jueza de Tenerife que investiga el caso decretó su ingreso en prisión dos días después.

En la investigación, hay indicios de que este general ya retirado pueda tener dinero en el extranjero y Asuntos Internos de la Guardia Civil sospecha de su presunta participación en el amaño de contratos públicos para favorecer a empresarios que pagaban dádivas y comisiones a la trama. Se trata de contratos vinculados a la misión internacional en el Sahel, financiada con fondos europeos. Esa es la razón por la que el juzgado de Tenerife elevó esa parte de las pesquisas a la Fiscalía Europea. Desde ese momento, la situación personal del general jubilado pasó a depender de la Audiencia Nacional, que ahora ha acordado su puesta en libertad.

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Como medidas cautelares, el juez le impone la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado más próximo a su domicilio, así como cuantas veces fuera llamado por el órgano judicial, la retirada del pasaporte y la prohibición expresa de abandonar el territorio nacional, con la advertencia de que su incumplimiento podrá dar lugar a la adopción de medidas más graves.

Calama repasa en su resolución los antecedentes procesales cuando el caso se encontraba en instrucción en un juzgado de Tenerife y recuerda que el 27 de marzo la defensa del general presentó una petición de libertad, a la que se opuso la Fiscalía, si bien el Ministerio Público señaló: “Es deseo del Ministerio Fiscal que esta situación excepcional finalice pronto y se inste, o bien directamente por la Fiscalía o de forma indirecta a través de petición o decisión judicial, la modificación de la situación personal del investigado”.

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Dicha solicitud de libertad fue desestimada por el juzgado tinerfeño el 3 de abril. Con posterioridad, dicho órgano judicial se inhibió a la Fiscalía Europea en lo relativo a la investigación de una serie de contratos sufragados con fondos europeos. Este mando estaba al frente de ese plan de seguridad en África llamado GAR Si Sahel, financiado con fondos europeos. Solo en lo que afecta a ese plan de lucha contra el yihadismo, el empresario afín al general se benefició de 90.000 euros de dinero público en tres adjudicaciones. La jueza tinerfeña suma además un cuarto contrato de la misma fundación relacionado con la adquisición de drones para la Guardia Civil, que reportó al empresario afín otros 174.300 euros.

"Riesgo de fuga muy bajo"

En este momento procesal, el juez Calama considera que debe acordarse la libertad provisional de general Espinosa, por cuanto el riesgo de fuga “es muy bajo”, ya que, “más allá de los hechos delictivos que se le imputan, en base a unos indicios muy sólidos”, precisa, “es lo cierto que el Sr. Espinosa tiene un fuerte arraigo en España —personal y económico— y no hay ningún elemento o indicio que alerte sobre su posible fuga al extranjero”. Añade que el propio fiscal que originariamente solicitó su prisión provisional ya dijo que “no es lo que más le preocupa”.

En cuanto al posible riesgo de alteración o destrucción de fuentes de prueba, el auto señala que el investigado lleva en prisión desde el 16 de febrero de 2023, “tiempo suficiente para que los investigadores hayan podido asegurar convenientemente esas aludidas fuentes de prueba”.