La jueza remite a la Fiscalía europea cuatro adjudicaciones a un empresario del caso Mediador

La jueza de Tenerife que investiga el caso Mediador ha remitido a la Fiscalía los contratos adjudicados por una fundación que depende del Gobierno y preside la vicepresidenta Nadia Calviño de los que se benefició un empresario valenciano implicado en el caso. Es la parte que afecta al general de la Guardia Civil retirado detenido en la trama, Francisco Espinosa. Este mando estaba al frente de ese plan de seguridad en África llamado GAR SI SAHEL financiado con fondos europeos. Solo en lo que afecta a ese plan de lucha contra el yihadismo, el empresario afín al general se benefició con 90.000 euros de dinero público en tres adjudicaciones. En un auto conocido hoy, la jueza suma además un cuarto contrato de la misma fundación relacionado con la adquisición de drones para la Guardia Civil que le reportó al empresario otros 174.300 euros.

Las cantidades de las que se benefició este empresario se dividen de la siguiente manera: 30.991 euros, 43.801 euros, 174.300 euros y 14.000 euros respectivamente. Suman un total de 263.092 euros. "Según las investigaciones esos proyectos podrían haber sido conseguidos a cambio de la entrega por el empresario beneficiado de dádivas, regalos o pagos al General de Brigada de la Guardia Civil en su condición de responsable director del proyecto financiado por la Comisión Europea", dice el auto de la magistrada de Tenerife que cede esta parte del caso a la Fiscalía europea al tratarse de proyectos finaciados con fondos internacionales.

Los investigadores siguen el rastro de esos contratos de los que se benefició parcialmente un empresario valenciano vinculado a la trama llamado José Suárez, alias José Drones —porque se dedicaba a vender esos aparatos—. Según los datos que obran en el sumario, a los que ha tenido acceso este periódico, se benefició con dinero público gracias a esos contratos. En una de las escuchas del caso se le oye hablar de sus negocios: “Todo lo que hago en África lo hago con papá”. Por documentos y apuntes incautados en los registros, los investigadores identifican al general retirado como la persona a la que este empresario llamaba así.

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El juzgado autorizó en un auto del pasado 23 de febrero que el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil accediese al correo corporativo del general retirado. Los datos se encontraban alojados en los servidores del servicio de informática de la Dirección General del Instituto Armado en Madrid. La magistrada del Juzgado número 4 de Tenerife también solicitó una serie de documentos a la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).

La jueza advirtió de "la posible materia delictiva en la contratación pública"

Durante una comparecencia en el Congreso, Calviño afirmó el 16 de marzo que la FIIAPP no utiliza fondos europeos, sino de cooperación exterior de la UE, y que en todo caso la Comisión Europa no ha detectado ninguna irregularidad en ese proyecto del Sahel. No obstante, confirmó que se ha ordenado una investigación interna y que se está colaborando con la Justicia. Eso sí, se desvinculó del general Espinosa, subrayando que fue nombrado por el Gobierno de Mariano Rajoy y que el proyecto del Sahel que dirigía acabó en junio de 2021, mientras que ella no llegó a la presidencia de la FIIAPP hasta octubre de ese año.

Los contratos

En el auto, la jueza se interesó en concreto por cuatro expedientes "habida cuenta de la posible materia delictiva en el ámbito de la contratación pública". El primer contrato (Expediente JYS-2020-006) era “para el suministro de equipamiento para el proyecto GAR SI Sahel Mauritania”. Estaba presupuestado en 944.830,63 euros y la presentación del contrato fue el 2 de marzo de 2020. Esta licitación se desglosó en 15 lotes y el empresario beneficiado se quedó con uno de ellos, correspondiente al suministro de drones, tras ofertar 30.991,74 euros (sin IVA).

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El segundo contrato investigado (Expediente JYS-2020-018) tenía el mismo objeto, pero en este caso para Níger. El presupuesto era algo superior, ascendía a 978.648 euros, y se presentó en la misma fecha. En este caso, se desglosó en 10 lotes y el empresario investigado se quedó con el octavo tras una oferta de 43.801,65 euros (sin IVA).

El tercer contrato otorgado por la FIIAPP (Expediente SPD-2021-066) que generó el interés de los investigadores fue para entregar también equipamiento y material diverso a la Gendarmería de Malí, con entrega en Bamako. El contrato fue resuelto con un presupuesto de 215.000 euros y como fecha de presentación figura el 30 de julio de 2021. En este caso, se dividió en cuatro partes y el mismo empresario vinculado a la trama se llevó una de ellas presupuestada en 30.000 euros. Sin embargo, se quedó con la adjudicación tras ofertar el servicio por 14.000 euros (sin IVA). Según uno de los informes del sumario, “dicha oferta fue considerada como temeraria, pero fueron admitidas las justificaciones presentadas”.

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El cuarto y último contrato (Expediente SPD-2021-051) ya no guarda relación con el Sahel, pero también fue otorgado por la FIIAPP. Tuvo por objeto la contratación de hasta siete sistemas de detección e inhibición de UAV portátiles (drones) con entrega en Logroño. El proyecto incluía formación presencial para aprender a manejar estos artefactos. Fue presentado el 17 de junio de 2021 y tenía 213.800 euros de presupuesto. José Drones fue el único que presentó una oferta con un precio de 24.900 euros por cada uno de los siete sistemas, es decir, 174.300 euros.

La jueza pidió en febrero a la directora de la FIIAPP que “sin más demora” entregase a los investigadores información sobre cómo se elaboraban los pliegos de los contratos, quiénes integraban las mesas de contratación, las actas de las reuniones y los expedientes completos de los cuatro contratos. También una relación de números de teléfono de trabajadores de la fundación. El objetivo de la magistrada era tener toda la información existente de la relación entre la FIIAPP y la Mercantil Asesoramiento y Servicio de Drones SL, del empresario valenciano.

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Otro informe de Asuntos Internos de la Guardia Civil fija la jubilación del general —el único detenido que permanece en prisión provisional por estos hechos— en enero de 2021, pero decidió seguir hasta finales de año. "Yo si sigo aquí en el proyecto hasta octubre (...) voy a seguir colaborando en el proyecto con vosotros", le dijo a uno de los miembros de la trama. Se investiga si pudo influir en la concesión de subvenciones europeas para estos proyectos de seguridad en África.

La trama Mediador estaba liderada por el exdiputado del PSOE el canario Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, y su sobrino, el ex responsable de Ganadería de Canarias Thaiset Fuentes. Captaban empresarios a los que presuntamente favorecían en sus negocios privados en la isla a cambio de regalos, comisiones y dádivas. El nexo era un hombre llamado Marco Antonio Navarro Tacoronte, alias el Mediador y quien da nombre al caso. Esta persona también ejercía de nexo presuntamente entre el general retirado y otros empresarios como José Drones. Según creen los investigadores, en este caso la moneda de cambio por las dádivas y regalos eran adjudicaciones públicas como las que desde ahora indagará la Fiscalía europea.