Las sospechas de corrupción entre mandos de la Guardia Civil activan la alerta en Interior

El Ministerio del Interior ha visto cómo en las últimas semanas se han solapado los casos de corrupción que salpican a altos mandos de la Guardia Civil. El escándalo de las actividades del diputado del PSOE Tito Berni, que implican a un general de División del Instituto Armado, se solapan estos días en los medios con el llamado caso Cuarteles. Se investiga a varios mandos del cuerpo en una causa que pone bajo sospecha las obras de reforma en decenas de instalaciones del Instituto Armado en toda España. Las pesquisas ya han llevado al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska a mover ficha con el cese fulminante del jefe de la Comandancia de Tenerife, a pesar de no estar formalmente investigado en los tribunales.

El caso Mediador y el caso Cuarteles tienen relación, pero no son lo mismo. El primero consiste en un grupo organizado que tenía una rama política liderada por el diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo y su sobrino, director general de Ganadería de Canarias. Captaban empresarios dispuestos a pagar comisiones y juergas a cambio de un trato de favor a sus negocios en forma de adjudicaciones, subvenciones o evitar sanciones. Había otra vertiente encabezada por el general de División Francisco Espinosa Navas. También ofrecía a los empresarios su influencia sobre las mayores fortunas de Canarias gracias a los años que pasó allí destinado al frente de la Comandancia de Las Palmas de Gran Canaria, entre 2008 y 2012.

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Cuando salieron las primeras informaciones sobre el arresto de un general, fuentes de la Guardia Civil trataron de amortizar el golpe alegando que ya está jubilado. Añadían que, cuando se desarrolló la trama, entre 2020 y 2021, Espinosa Navas ya no formaba parte de la estructura propia del Cuerpo al dirigir el Proyecto GARSI Sahel. El sumario ha demostrado que mantenía despacho en la dirección general de la Guardia Civil. Si Tito Berni paseaba a los empresarios por los pasillos del Congreso para impresionarlos y ofrecer garantías de éxito, el general hacía lo propio en las instalaciones del cuartel general de la Benemérita en la calle Guzmán el Bueno de Madrid.

"Un jefe de Comandancia debe ejercer el mando y liderazgo y ser ejemplo para sus subordinados"

Un informe de Asuntos Internos de la Guardia Civil fija la jubilación del general en enero de 2021, pero decidió seguir hasta finales de año. "Yo sí sigo aquí en el proyecto hasta octubre (...) voy a seguir colaborando en el proyecto con vosotros", le dijo a uno de los miembros de la trama. Se investiga si pudo influir en la concesión de subvenciones europeas para proyectos de seguridad en África a uno de los empresarios que tenía un negocio de drones que se refería al general como "el Papa". Otras fuentes del Cuerpo consultadas por este periódico no mostraron especial sorpresa cuando conocieron la detención del general, el único de todo el caso Mediador que sigue en prisión preventiva. Destinado todavía en Las Palmas, fue investigado en 2010 por revelación de secretos y obstrucción a la Justicia, una causa que terminó archivada.

La visita del Seprona como amenaza

El punto en común entre Tito Berni y el general Espinosa es el hombre que da nombre al caso, Antonio Navarro Tacoronte, conocido como el mediador. Es un conseguidor que ponía en contacto a los empresarios con los cabecillas de la organización. Los cientos de hojas que conforman el sumario parten del contenido de los dos teléfonos móviles que voluntariamente depositó el mediador en el Juzgado de Instrucción número 4 de Tenerife, que le investigaba por una denuncia menor. Ahí aparecen citados otros mandos de la Guardia Civil como otro general de División, el responsable del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), Antonio Tocón.

Este segundo mando no está imputado, pero en la investigación de Asuntos Internos consta que se reunió con el empresario de los drones y le firmó una carta de recomendación con el membrete del Ministerio del Interior en marzo de 2021, fechas de plena actividad de la trama. En una de sus declaraciones judiciales, Navarro Tacoronte dijo que el general hizo gestiones para mandar al Seprona de la Guardia Civil a inspeccionar a empresarios ganaderos para presionarlos: "Se veían obligados los ganaderos canarios a pagar las comisiones impuestas". Asuntos Internos matiza que no se han podido acreditar estas amenazas por parte del general, pero sí que los investigados usaban su figura para amedrentar.

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En un punto de ese sumario sale un nombre que ha resultado clave para llegar a la investigación sobre los cuarteles, desvelada por El Periódico de España. Esa persona es el empresario Ángel Ramón Tejera de León, alias Mon. Tiene una presencia tangencial en Mediador. Figura en una reunión celebrada en noviembre de 2020 a la que asistió el general detenido junto a Navarro Tacoronte y otro empresario. Hablaron de negocios, de las posibilidades invertir en África. Mon se jactó de tener 17 viviendas junto al mar y contó que el expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero se interesó por una de ellas, la más grande. Ninguno de los presentes sabía que el mediador, Navarro Tacoronte, estaba grabando la conversación. En el marco de la cita le sonó el teléfono al general Espinosa. Al otro lado de la línea le hablaba el jefe de la Comandancia de Tenerife, el coronel José Tienda Serrano, cesado esta semana por Interior.

Interior, preocupado por el "descrédito"

Asuntos Internos incluyó un resumen del intercambio en su informe. El coronel Tienda le dijo al general que estaban buscando unos papeles y que había una persona que quería hablar con él a la que identifica como "Luis". El general le contestó que había estado con su primo y que le devolvería la llamada después. Los investigadores no desarrollaron el contexto de la conversación, pero del tono se infiere que ambos mandos tienen confianza y conocen de lo que están hablando. La decisión última de cesar al coronel Tienda fue del Ministerio del Interior. Fuentes conocedoras de la destitución afirman que la iniciativa partió del General Jefe de la Guardia Civil de las Islas Canarias. Lo materializó el secretario de Estado de Seguridad y número dos de Grande-Marlaska, Rafael Pérez. También contaba con el visto bueno de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, quien estas últimas semanas ha presentado los proyectos de reforma en los cuarteles de Soria y Jaca (Huesca).

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El motivo del cese es la "pérdida de confianza". Las mismas fuentes indican que se ha tenido en cuenta la investigación también de Asuntos Internos en el caso Cuarteles sobre presuntas irregularidades en obras en multitud de instalaciones de la Guardia Civil, entre las que se encuentra la Comandancia de Tenerife como una de las que más obras contrató con el mismo constructor. Ese constructor es Ángel Ramón Tejera de León, alias Mon. Estas fuentes no ocultan razones como las noticias publicadas y el "descrédito" para la Guardia Civil que generan. "Un jefe de Comandancia debe ejercer el mando y liderazgo y ser ejemplo para sus subordinados y para la sociedad", añaden. Este razonamiento abre la puerta a nuevos ceses según avancen las investigaciones.

13 comandancias y 3,3 millones

El caso Cuarteles tiene derivadas en 13 Comandancias de la Guardia Civil de toda España. Lo que se investiga es la adjudicación sistemática de obras de reforma durante años al empresario que se jactaba de tener muchas casas junto al mar, Ángel Ramón Tejera de León. Si se tiene en cuenta el número de cuarteles que dependen de cada Comandancia, la cifra de instalaciones públicas bajo investigación se multiplica exponencialmente. Calculan que puedan ser cientos de obras. Las pesquisas de este caso comenzaron en enero de 2019 en un Juzgado de Ávila por presuntas irregularidades en la política de contratación de la Comandancia de esa provincia. Fue a instancias de un informe de Asuntos Internos de la Guardia Civil.

Casi tres años después, a finales de 2021, el Juzgado de Ávila se inhibió en favor del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid que inició las diligencias 1203/21. A día de hoy mantiene imputadas a cinco personas. Hay dos empresarios, uno de ellos es Mon, quien figuraba en el sumario del caso Mediador. El otro se llama Salvador Gutiérrez Espinosa, según informan a este periódico fuentes conocedoras de la investigación. Su segundo apellido coincide con el del general detenido. El resto son mandos de la Guardia Civil. A la cabeza de las adjudicaciones estaba el teniente coronel y el entonces subdirector general de Apoyo de la Guardia Civil, Pedro Vázquez Jarava. Actualmente también está jubilado.

Por todo el territorio

El otro mando investigado en el Juzgado es el jefe de la Comandancia de Ávila hasta 2017, el teniente coronel Carlos Alonso Rodríguez. Ahora está destinado en Madrid. Este viernes, la agencia Europa Press citando fuentes policiales informaba de un tercer mando investigado en este caso por parte de Asuntos Internos a la espera de prestar declaración ante la jueza. Es un comandante que estuvo al frente de la Sección de Personal y Apoyo de la Comandancia de Alicante. La lista de las comandancias bajo el foco se extiende por casi todo el territorio nacional, entre ellas también Murcia, Albacete, Algeciras, Badajoz, Castellón, Huelva, Jaén, La Coruña y Toledo. Fuentes conocedoras de las pesquisas no descartan que la lista de imputados pueda crecer en las próximas semanas.

Este caso lleva al menos ocho meses paralizado en el juzgado madrileño a la espera de un informe pericial sobre las obras efectuadas. Un informe elaborado por Asuntos Internos de la Guardia Civil revela que, entre 2008 y 2019, trece unidades territoriales de este cuerpo adjudicaron obras a empresas administradas por el empresario Mon por valor de más de 3,3 millones de euros. Pese a constar como terminadas, algunas de ellas no fueron ejecutadas o fueron realizadas parcialmente, "lo que pudiera ser constitutivo de los delitos de falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y malversación". El informe pone el foco en la relación entre el empresario y el teniente general Vázquez Jarava, y explica que en su declaración ante el juez, en octubre de 2019, el empresario manifestó tener relación personal con él y otros mandos de la Guardia Civil.