'Mediador' ensombrece un proyecto liderado por España contra el yihadismo

El Gobierno de España lleva años insistiendo en la importancia de luchar contra el yihadismo y el crimen organizado en la franja del Sahel y la última en hacerlo fue, a finales de esta semana, la ministra de Defensa, Margarita Robles, en su visita a Bamako para apoyar al contingente español de la misión de entrenamiento de la UE (EUTM) en Malí.

Con tal propósito, España quiso pilotar, a través del Ministerio del Interior y de la Fundación Internacional para Iberomérica de Administración y Política Públicas (FIIAPP), que preside siempre una vicepresidenta del Gobierno, un ambicioso proyecto (GARSI SAHEL) financiado por la Comisión Europea para reforzar las capacidades de las gendarmerías de seis países africanos (Mauritania, Senegal, Malí, Burkina-Faso, Níger, Chad) amenazados por el terrorismo.

Un año antes de que concluyera el proyecto, su ejecución dejaba bastante que desear. "Las elecciones efectuadas en materia de equipos y materiales no siempre se ajustaron a las necesidades y condiciones de utilización en el contexto saheliano, lo que condujo a gastos imprudentes que atentaron contra la eficacia y la buena utilización de los recursos por no hablar de las pérdidas sufridas (...)", señala un informe encargado por la Comisión Europea a la consultora española Altair Asesores. "Los evaluadores estiman que al menos 12 millones de euros corresponden a gastos poco meditados e injustificados", concluye el informe remitido a Bruselas el 25 de abril de 2022. "Injustificados" no sigifica, en opinión de los autores del informe, que no estén avalados por facturas, sino que eran innecesarios e inadecuados.

La mala gestión del GARSI SAHEL guarda una estrecha relación con la presunta trama de corrupción del llamado caso Mediador encabezada el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo. El director del proyecto fue, de 2017 a 2021, el general de división de la Guardia Civil, Francisco Espinosa, en prisión provisional e incomunicada desde el 16 de febrero. Está siendo investigado por una jueza de Tenerife por pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. Espinosa fue elegido para el cargo en 2017 por el entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.

TE PUEDE INTERESAR

"Estamos asqueadas": desgarro entre las feministas del PSOE por el caso Mediador

Iván Gil

El general Espinosa dirigió el proyecto, pero buena parte de las compras de material para las fuerzas de seguridad del Sahel se hicieron a través de la FIIAPP donde su interlocutor era Mariano Guillén, director del departamento de Justicia y Seguridad, según precisa la web de la Fundación. El GARSI SAHEL fue financiado de 2017 a marzo de este año con 74,17 millinones de euros por el Fondo Fiduciario de Emergencia para África de la Comisión Europea, que administra desde Bruselas la española Cristina de Lorenzo. El fondo es uno de los instrumentos de la dirección general de Asociaciones Internacionales que depende de la comisaria europea finlandesa Jutte Urpilainen.

El nombre del proyecto está inspirado de los Grupos de Acción Rural de la Guardia Civil, pero adaptado al concepto francófono del Sahel (Groupes d’Action Rapide Surveillance et Intervention au Sahel). En él participan como socios menores la Gendarmería francesa, los Carabinieri italianos y la Guardia Nacional Republicana de Portugal.

El caso Mediador y sus ramificaciones africanas arrojan dudas sobre la capacidad del Ministerio del Interior español y de la FIIAPP de liderar con pulcritud y eficacia un proyecto europeo tendente a reforzar las capacidades de los endebles cuerpos de seguridad del Sahel sometidos a los embates de los grupos yihadistas y del crimen organizado, incluido el tráfico de personas, que tanto afecta al sur de Europa a través de la inmigración irregular.

Tres contratos polémicos

La FIIAPP firmó tres contratos, por un importe total de 89.000 euros, con Asesoramiento y Servicio de Drones SL, del empresario valenciano José Santiago Suárez Esteve, investigado también en el caso Mediador. La jueza tinerfeña ha requerido esos contratos atendiendo así una petición del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil que sospechaba que su cuantía es mucho mayor. Ese material fue adquirido para ser utilizado por los GARSI SAHEL, pero la FIIAPP también cerró otros contratos con la misma empresa, por importe de 174.000 euros, con otros fines, según indicó en un comunicado. El proyecto GARSI SAHEL ha sido sometido a 22 auditorias desde 2017 que "avalan sus resultados y su gestión", añade.

La vicepresidenta Nadia Calviño, que preside la FIIAPP desde julio de 2021 -antes fue Carmen Calvo la que estaba al frente- desmintió, en diversas declaraciones ante la prensa, cualquier relación entre la fundación y el caso Mediador. "Me parece totalmente absurdo establecer un vínculo", recalcó, aunque acabó revelando que había ordenado una investigación interna para aclarar los hechos.

Calviño se mostró dispuesta a comparecer en el Congreso, mientras que el Partido Popular pedía que acuda a la Comisión de Interior de la cámara baja la directora de la Guardia Civil, María Gámez. También ha solicitado "datos y documentos sobre el proyecto GAR SI SAHEL y los 12 millones de euros que están sin justificar". Esos millones no están sin justificar, según se deduce del informe de Altair Asesores, sino que corresponden a adquisiciones inadecuadas de material.

TE PUEDE INTERESAR

Feijóo pide elecciones ya ante la "degeneración" del Gobierno por 'Mediador' y el sí es sí

EFE

A ojos de Altair Asesores el problema no son tanto los contratos de la FIIAPP con una determinada empresa sino que esta fundación "no estaba preparada para licitar y comprar equipos y materiales militares sensibles fuera de su área de especialización". Pone como contrapunto el ejemplo otros países empezando por Francia, donde "la Dirección General del Armamento [del Ministerio de los Ejércitos] delega el procedimiento de licitación (...) en oficinas especializadas en la compra de equipos y materiales militares". Esta valoración es compartida por oficiales del Ejército español conocedores del proyecto.

La consultora española deja caer además que la FIIAPP no siempre respetó las normas de la competencia. La cadena SER desveló que ya en 2018, cuando el proyecto llevaba un año funcionando, la Comisión Europea envió cartas al Ministerio del Interior formulando dudas sobre los criterios de contratación seguidos para proporcionar material a GARSI SAHEL y haciendo hincapié en la necesidad de respetar los principios de competencia, transparencia e igualdad de trato entre licitadores.

El informe de Altair Asesores suministra una lista pormenorizada con la que demuestra "que no todas las opciones de equipamiento y material se han traducido en la mayor eficacia para las unidades" de gendarmería. "(...) los resultados obtenidos pueden parecen relativamente débiles en comparación con los recursos desplegados", añade.

Los chalecos protectores ofrecen, por ejemplo, una "protección insuficiente" a la penetración de disparos de los fusiles de asalto AK47. Los "vehículos blindados ligeros para el transporte de tropas UROVESA son inadecuados debido al escaso blindaje y a la fragilidad de los componentes mecánicos". Los "vehículos pick-up Mitsubishi TT son inadecuados por las condiciones extremas del Sahel (calor, arena)".

A las gendarmerías sahelianas se les entregaron también depósitos de combustible remolcables, pero no fueron usados "sobre todo debido a la difícil red de carreteras"; cocinas sobre ruedas remolcables que fueron abandonas porque "no encajan con la cultura de los países del Sahel"; retretes remolcables "sin posibilidad de uso debido a la infraestructura viaria"; maletines de investigación criminal que tampoco se aprovecharon porque no se formó a los que debían utilizarlos. El elenco de fallos en el suministro es aún más largo.

La Comisión Europea recibió el informe de Altair Asesores hace más de 10 meses, pero no lo remitió a la Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF, según sus iniciales en francés) para que investigara el despilfarro en las compras. Una portavoz del Ejecutivo europeo aseguró a El Confidencial que "las auditorías independientes efectuadas sobre el GARSI SAHEL no encontraron irregularidades". "Por ejemplo, los equipos fueron adquiridos y entregados de acuerdo con las disposiciones del contrato", precisó. Si se detectan indicios de irregularidades, "se tomarán todas las medidas que se consideren oportunas, incluso informando a la OLAF", concluyó. Varios eurodiputados acaban de formular preguntas a la Comisión que aún no han sido contestadas".

La FIIAPP no era, en principio, la destinataria del informe de Altair Asesores, pero al ser uno de los líderes del GARSI SAHEL recibió una copia del 29 de abril de 2022, según reconoció a El Confidencial. A través de su Oficina de Comunicación, el Ministerio del Interior aseguró, en cambio, desconocer el informe pese a encabezar, a través del general Francisco Espinosa y sus sucesores, el proyecto de apoyo a las gendarmerías sahelianas.