El Congreso alega que destruyó el registro de visitas de Tito Berni a los 30 días por protección de datos

El Congreso de los Diputados destruyó los registros de todas las visitas del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo; solo los conservó durante los 30 días posteriores a estas visitas, y lo justifica alegando que aplicó el Reglamento General de Protección de Datos. Es el mismo protocolo que se utiliza con el resto de diputados y trabajadores, afirman fuentes de la Cámara Baja. Como adelantó El Confidencial, la Secretaría General del Congreso reconoce que no queda registro alguno de los nombres de quienes visitaron a Tito Berni en el Palacio de las Cortes, de las fechas o de las horas en que accedieron al complejo. En su respuesta a este diario, la Secretaría General afirmó que el procedimiento y los plazos a aplicar son los detallados en la "normativa vigente", sin referirse a una normativa concreta, ni tampoco a los plazos a aplicar.

Fuentes del Congreso explican que el artículo 5 del reglamento europeo en cuestión especifica que los datos personales deben conservarse el "mínimo" tiempo imprescindible: "Durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales", reza la norma. Todo rastro de Fuentes Curbelo, señalado como el presunto cerebro de la operación Mediador, y que según la investigación judicial usó el Congreso para impulsar sus actividades al frente de esta supuesta organización criminal, fue eliminado, como tarde, a mediados de marzo. El ya exparlamentario entregó su acta, presionado por la dirección del grupo socialista, el 14 de febrero, y fue detenido el 22 de febrero. Los registros sobre sus supuestos encuentros en la Cámara con otras personas involucradas en el caso Mediador, desde 2020, no existen desde hace meses y años. Tampoco se almacenan las imágenes de las cámaras de seguridad en que se pueda ver al exparlamentario, más allá de esos 30 días.

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La norma que el Congreso aplica, y que fuentes jurídicas de la Cámara no ven apropiada para este uso, no explicita tiempos para destruir los datos personales. Desde el Congreso, aseguran que fue la Secretaría General quien fijó, "hace años", este plazo de 30 días. Lo hizo por "analogía" con el periodo en el que se deben conservar las grabaciones de las cámaras de seguridad, sostienen. Apuntan que no hay un protocolo escrito sobre esta materia, pero es la forma de proceder que se sigue con todos los datos de accesos al Congreso, sean autorizados por los propios diputados o por sus asesores.

Es la Policía Nacional, a cargo de la seguridad del Palacio de las Cortes, quien se encarga de destruir estos datos, abundan. Son los ujieres quienes toman nota del nombre y DNI de los visitantes en cualquiera de los accesos, pero, según la Cámara, ponen esta información en manos de los agentes "con carácter semanal", "para su custodia". Los datos sobre visitantes, "la persona a la que van a visitar", quién autoriza su entrada, así como "la fecha y la hora en las que se produce la visita", son remitidos a los servicios de seguridad, y son "destruidos en los plazos establecidos por la normativa vigente". "Dado el tiempo transcurrido, no existen datos de las visitas que tuvo el Sr. Fuentes Curbelo", asegura la Secretaría General de la Cámara.

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Fuentes jurídicas de la Cámara, sin embargo, rebaten algunos de los planteamientos sobre los que se vertebra esta respuesta oficial: "Es una construcción ad hoc", sostienen. Primero, porque "se confunden datos personales" con los datos recogidos en un registro "con interés público". Explican que todos los registros de acceso a instituciones públicas como el Congreso deberían ser considerados "de interés público", y citan como ejemplo el atractivo que tiene para los lobbies acceder a los diputados: "No es un edificio público sin más, es un edificio donde se adoptan decisiones constitucionales y legales", abundan.

También aluden a la propia norma citada desde la Cámara, que se refiere a la conservación de los registros "para los fines del tratamiento de los datos". Explican que el control de acceso tiene "muchas finalidades", por ser el Congreso "un órgano constitucional", y no solo el mero registro de acceso. Discrepan, incluso, de las supuestas "competencias de custodia" de estos datos, que, según esta respuesta, recaería sobre la Policía Nacional. "Las competencias las tienen los funcionarios de las Cortes. El delito de infidelidad de custodia en un documento público solo lo puede cometer una autoridad o un funcionario público", destacan. El detalle de que sean los ujieres quienes toman los datos de los visitantes, aseguran, revela que la responsabilidad de la custodia no puede recaer únicamente sobre los agentes de Policía.

El PP exige explicaciones a Sánchez, Batet y Patxi López

Por su parte, desde el Partido Popular han exigido explicaciones a Pedro Sánchez, Meritxell Batet y Patxi López, tras las informaciones sobre la destrucción de estos datos. "¿La jueza sitúa el epicentro de la trama corrupta del Tito Berni en las dependencias del grupo socialista en el Congreso y se destruyen todas las pruebas que hubieran desvelado la identidad de sus invitados?", tuiteó el coordinador del área económica de los conservadores, Jaime de Olano.

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El coordinador nacional del PP, Elías Bendodo, iba más allá, y culpaba a la presidenta de la Cámara Baja de haber "destruido" todos los registros "de las reuniones del Tito Berni". Bendodo se refería a los datos sobre sus reuniones, no solo sobre las visitas: "Es inconcebible y gravísimo", advertía. "Sánchez está cometiendo el mismo error que en Andalucía: tapar con dos manos la corrupción en lugar de perseguirla o investigarla", zanjó. El escándalo del exdiputado socialista puso patas arriba la vida de la Cámara durante semanas, si bien la comisión de investigación que promovieron los conservadores quedó apartada de la ecuación, para abordar esta materia en el marco de una comisión al uso, que afecta a muchos otros temas.

Fuentes parlamentarias afirman que, hasta la fecha, la Mesa de la Cámara no ha contemplado tomar nuevas medidas, ni ha vuelto a debatir sobre la situación del exparlamentario del PSOE. Su caso ha visibilizado las escasas capacidades de fiscalización del Congreso sobre las actividades de los diputados. Existe un Código de Conducta de las Cortes Generales en vigor, de obligado cumplimiento. También está la Oficina de Conflictos de Intereses, de nuevo con escaso margen de movimiento.

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De hecho, teóricamente los parlamentarios deben informar de todas sus actividades y reuniones en las Cámaras, explicitándolas en su agenda parlamentaria. En las conclusiones de su informe de octubre de 2022, la Oficina de Conflictos de Intereses ya enfatizaba la "obligación" que tienen los parlamentarios de publicar estas agendas, incluyendo "las reuniones que mantengan con los representantes de entidades que tengan la condición de grupos de interés", según la descripción recogida en el propio Código de Conducta. El grado de cumplimiento de esta obligación varía entre los distintos grupos.

Por otro lado, como avanzó El Confidencial, Fuentes Curbelo compró los dispositivos electrónicos que utilizó durante su etapa como diputado, además de solicitar la indemnización que le corresponde, si no cobra ninguna otra prestación, y que ronda los 10.000 euros. Fuentes oficiales del Congreso apuntaron, sobre los dispositivos electrónicos —un teléfono móvil y una tableta electrónica—, que "la Cámara no puede retener nada, si no hay nada que obligue" a hacerlo. En el momento en que adquirió estos dispositivos, aún faltaba una semana para que fuera detenido. Su despacho se mantuvo cerrado por requerimiento del grupo socialista hasta el 9 de marzo, cuando la Policía Judicial accedió a los efectos que almacenaba en estas dependencias, entre ellos, su ordenador de sobremesa.