Tito Berni pide al Congreso cobrar su indemnización como exdiputado

Juan Bernardo Fuentes Curbelo fue presionado por el PSOE para entregar su acta de diputado el 14 de febrero, cuando empezó a aflorar su vinculación con el caso Mediador, pero eso no le ha impedido solicitar el cobro de su indemnización como exparlamentario. Solo una semana después, fue detenido por su supuesto rol en esta trama de corrupción. Fuentes del Congreso aseguran a El Confidencial que el exparlamentario reclamó el montante que, según las normas de la Cámara Baja, corresponde a cada diputado o senador que renuncia a su acta. En su caso, ascendería a 9.380 euros.

Nadie, ni el Congreso ni el grupo parlamentario socialista, tiene instrumentos para impedirlo. Entre los artículos del reglamento que regula esta prestación, no existe la opción de bloquear estos pagos a quien se vea salpicado por las sospechas de corrupción, por una imputación o siquiera por la apertura de juicio oral en su contra. Tito Berni, como se le conoce en la trama, podrá cobrar el importe correspondiente a tres meses de salario base mensual como diputado, 3.126,89 euros, a abonar mensualmente. Solo si cobrara otra retribución estaría en riesgo de perder este dinero.

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Los diputados no tienen derecho a prestación por desempleo, pero sí a esta indemnización por cese en la actividad parlamentaria, totalmente incompatible "con la percepción de cualquier retribución, sueldo, salario, pensión, dieta, indemnización o percepción de cualquier naturaleza, sea de carácter público o privado".

De esta cantidad, no obstante, habrá que detraer el importe del móvil y la tablet de diputado que Fuentes Curbelo decidió quedarse. El teléfono ya está en poder de la jueza instructora del caso Mediador, pero nadie ha sabido aclarar el paradero del iPad. El exparlamentario se acogió así al derecho de todos los diputados a quedarse con estos terminales, sin que tampoco las normas de la Cámara permitieran impedirlo.

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Fuentes oficiales del Congreso han rechazado pronunciarse sobre la reclamación de Tito Berni. Desde el grupo parlamentario socialista, por su parte, aseguran no estar al tanto de esta exigencia y se desvinculan de su decisión. "Desde que deja de ser diputado, el 14 de febrero, actúa a título personal", habla "directamente con la Cámara, sin que el grupo haya realizado ninguna labor de mediación", abundan.

El caso Mediador ha sacudido la vida política en el Palacio de las Cortes, y ha hecho aflorar las escasas herramientas de fiscalización sobre las actividades de los diputados con las que cuenta la Cámara Baja; una de ellas es la potestad que el Código de Conducta atribuye a la Presidencia para abrir un procedimiento que permita esclarecer si se ha incumplido esta norma. Meritxell Batet puede activar este procedimiento motu proprio o a petición de un parlamentario, sin que hasta la fecha haya comunicado ninguna actuación en esta línea.

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El reglamento de pensiones parlamentarias y otras prestaciones económicas, reformado por última vez en 2011, estipula los requisitos para que diputados y senadores cobren estas prestaciones. En su artículo 13, impone como máximo a percibir el equivalente a 24 mensualidades de su asignación constitucional -el sueldo base, 75.045 euros- y veta la opción de que los herederos de un exparlamentario fallecido cobren esta prestación. También excluye de este derecho a los parlamentarios que hayan permanecido en el cargo durante menos de dos años, pero no contempla otras opciones para excluir a un diputado o senador de estos cobros.

El PP presiona a Batet

El caso Mediador ha devuelto los casos de corrupción al centro del debate parlamentario. El PP ha registrado una comisión de investigación y negocia con grupos como ERC para que se sumen. Varios partidos han registrado preguntas parlamentarias y lo han llevado al debate en pleno, y el PSOE ha decidido reactivar la comisión de investigación del caso Kitchen, varada desde hace meses, como defensa al hostigamiento de la oposición con las actividades de Tito Berni.

El martes, durante la reunión de la Mesa del Congreso, el PP reclamó a Batet que abriera una investigación para conocer cómo el exdiputado y sus visitas se sirvieron del Congreso. Desde la dirección del PSOE, criticaron al Partido Popular por dudar de la "honorabilidad" de la presidenta, pero rechazaron aportar su versión de este enfrentamiento verbal. Por su parte, los conservadores aseguran que reclamaron a Batet que se sirva de los poderes que le confiere el reglamento para arrojar luz. "No tenemos dudas de Batet, le pedimos que ejerza de presidenta", aseguraron.

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En concreto, el artículo 105 reza: "El presidente, en el ejercicio de los poderes de policía a que se refiere el artículo 72.3 de la Constitución, velará por el mantenimiento del orden en el recinto del Congreso de los Diputados y en todas sus dependencias, a cuyo efecto podrá adoptar cuantas medidas considere oportunas, poniendo incluso a disposición judicial a las personas que perturbaren aquel".

No había precedentes de un caso semejante, ninguno de los grupos ha reclamado modificar las normas de la Cámara tras el escándalo de Tito Berni, y hasta el Código de Conducta sitúa a sus señorías como responsables de fiscalizar su propio desempeño: deben actuar con "integridad, transparencia, diligencia, honradez, responsabilidad y respeto, tanto a los demás miembros de las Cámaras como a la ciudadanía en general. Así como con acatamiento y respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, especialmente a los reglamentos de las Cámaras y a las resoluciones que los desarrollan".