Parecía el caso más fácil para Anticorrupción, pero seguimos sin saber de la fortuna de Villa

Hace ahora 10 años, José Ángel Fernández Villa (Tuilla, 1943) llegó a una oficina de Cajastur con más de 1,4 millones de euros metidos en bolsas de supermercado. En la mano llevaba también los impresos de la declaración tributaria especial, o, en otras palabras, la llave para acogerse a la amnistía fiscal de Montoro. Aunque Hacienda no podía, por tanto, investigar un posible delito fiscal, sí que podía preguntarse por el origen de todo ese dinero, demasiado para alguien cuyos únicos ingresos procedían de su puesto como secretario general del Sindicato de los Obreros Mineros de Asturias o SOMA, al frente del cual estuvo durante 34 años, además de sus ingresos como miembro del consejo de administración de la carbonera Hunosa o su breve paso como senador del PSOE entre 1999 y 2003.

Media vida en la mina, la otra media tras las barricadas, ¿en qué momento logró el tigre de Tuilla levantar aquella fortuna? Inicialmente, el sindicalista adujo una herencia, más tarde maniobras empresariales, pero las cuentas no cuadraban en ningún caso. No había base imponible que justificara ese pastizal.

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Lo más llamativo es que el caso no era realmente complicado. La Fiscalía Anticorrupción sabe perfectamente que toda esa riqueza solo puede proceder de las comisiones ilegales procedentes de la construcción de un geriátrico de lujo, la Residencia Spa Felechosa, cuyo coste se duplicó hasta los 31 millones de euros. Sin embargo, la jueza de instrucción Begoña Fernández está encontrando tantas trabas, tantos olvidos, demencias y amnesias colectivas que el proceso se encamina ya a cumplir una década. El pasado mes de agosto, dio un ultimátum, en teoría el último, a la espera de un informe del Colegio de Arquitectos que pueda dilucidar el origen de todo ese dinero negro cuyo afloramiento sacudió a la sociedad asturiana. El informe se espera, finalmente, para este mes de noviembre.

Con cada prórroga, los abogados de las tres partes implicadas —el exdirigente minero, el arquitecto y el constructor de la residencia— ponen el grito en el cielo y presentan apelaciones porque no ven justificado que la instrucción se siga prolongando. "Lo hacen de cara a la galería", explican a El Confidencial fuentes judiciales cercanas al caso. "Nadie tiene prisa, la instrucción está siendo tan lenta básicamente porque no hay nadie en prisión".

Fernández Villa cumple, además, otra condena de tres años confirmada en 2020 por el Supremo por apropiarse indebidamente de 234.000 euros del sindicato que dirigía. Sin embargo, nunca entró en prisión dado que su defensa adujo una demencia sobrevenida. En realidad, nunca hubo un diagnóstico claro. También se habló de un síndrome confusional agudo, o de un deterioro cognitivo acusado por las circunstancias. De repente, el hombre más poderoso de Asturias, aquel capaz de formar o descabalgar gobiernos con un chasquido de sus dedos, se había quedado mudo. El Tigre ya no sabía rugir ni recordaba nada de su vida en la selva.

Para dilucidarlo, la jueza Simonet Quelle Coto solicitó a un experto en demencias, Alfredo Robles Bayón, que realizara a Fernández Villa un examen neurológico completo. La prueba pericial confirmó que, si bien podía haber un deterioro cognitivo achacable a la edad, este estaba siendo exagerado: era otra artimaña de la defensa para demorar el proceso. Sin embargo, para casi todo el mundo en Asturias, la leyenda que queda es que en la cabeza de Fernández Villa las luces del porche están encendidas, pero hace tiempo que no hay nadie en casa.

"Probablemente, haya condenas, pero Villa va a librarse de la cárcel porque está gagá"

Al fiscal, sin embargo, nada de esto le ha arredrado para seguir hasta el final. "Anticorrupción va a tope, pero las cosas hay que probarlas y aquí siguen faltando pruebas", dicen estas mismas fuentes. "Probablemente, habrá condenas, pero Villa va a librarse porque está gagá".

El sindicalista era la clave de bóveda de todo este sistema de corrupción vinculado a las ayudas a la minería. Con su amnesia, los demás participantes en esta trama o aquellos que se lucraron con ella viven muy tranquilos, porque les basta con señalar hacia el agujero donde todo confluye: ese anciano de 79 años que no se acuerda de nada.

De capo di capi a paria

Las raíces de todo esto son profundas. En agosto de 1982, el PSOE asturiano expulsó de su formación a José Antonio Saavedra, por entonces secretario general de la federación estatal minera de UGT. El gran pecado de Saavedra fue criticar a la dirección del partido. Escribió un libro, que tituló Corrupción política, donde cargaba tintas contra dos personas: el histórico socialista Rafael Fernández, primer presidente del Gobierno autónomo asturiano, y José Ángel Fernández Villa, ya por entonces secretario general del SOMA-UGT.

El sindicalista entendió pronto que el PSOE asturiano y él tenían una dependencia mutua. Ellos recibían una recarga ideológica y él la legitimidad institucional necesaria para no ser considerado un peseto loco de la minería. Durante 40 años, sirvió de engranaje entre los mineros y el partido, subía las revoluciones cuando tocaba y apaciguaba cuando había que hacerlo. Pero, una vez conocida su fechoría con el dinero, todo saltó por los aires: el 8 de octubre de 2014, el día que Anticorrupción publicó que estaba siguiendo el origen de esos 1,4 millones, el expulsado de ambas organizaciones fue él.

Entre 1979 y 2012, cada septiembre, Fernández Villa bajaba hasta Rodiezmo para darse un baño de masas en la Fiesta Minera Asturleonesa, un evento conocido como el arranque de curso del PSOE. Representantes ugetistas y políticos socialistas de los rangos más altos del escalafón subían desde Madrid para recibir la bendición del mismísimo Tigre, renovar sus votos obreristas y su compromiso con el socialismo de base cantando junto a él La Internacional con el puño izquierdo en alto.

Pero aquel día aciago de octubre de hace ocho años, en cuestión de minutos, el secretario general de UGT Cándido Méndez o Javier Fernández, entonces presidente de Asturias y calificado como "hijo político" del sindicalista, habían olvidado Rodiezmo, que no volvió a celebrarse. "Ni el sindicato ni la FSA-PSOE ni los mineros ni los asturianos nos merecíamos esto", dijo entonces Fernández. Quién se lo iba a esperar.

Aquel fue el primer día de amnesia. Al siguiente, 9 de octubre, Nacho Prendes, entonces único diputado de UPyD en Asturias, solicitó la comparecencia de Fernández Villa ante los diputados asturianos por tratarse del "patrón del modelo político de los últimos 30 años en Asturias".

No tardó en darse cuenta de que, aunque el árbol se hubiera caído, no estaba permitido hacer leña de él.

La fallida comisión de investigación

Prendes, cuyo voto fue decisivo para que el PSOE lograra la presidencia del principado, logró sacar adelante la comisión, aunque a regañadientes. Logró el apoyo de una diputada de Foro, Esther Landa, pero el resto de los diputados no parecían convencidos. No obstante, fue Francisco Álvarez Cascos, presidente saliente de Asturias, quien diseñó el sistema de fondos mineros, sentado en la misma mesa que el sindicalista caído en desgracia.

La comisión duró solo unos pocos meses. Por un lado, PP y PSOE eran reacios a colaborar. Por ejemplo, cuando lograron que la mujer e hijos de Fernández Villa acudieran a declarar ante los diputados, los socialistas no tuvieron ninguna pregunta que hacerles; los populares adujeron que, dado que se acogían a su derecho a no contestar, no merecía la pena plantearlas.

Ya entrados en 2015, sucedieron dos cosas. En febrero, los dos principales partidos se negaron a continuar con la investigación parlamentaria. Ocurrió cuando Prendes solicitó la comparecencia de, entre otros, los exministros Jesús Caldera y Miguel Sebastián. La construcción del famoso geriátrico de lujo fue posible gracias a un cambio legal. Hasta entonces, las ayudas para la reconversión de las comarcas mineras destinadas para infraestructuras solo podían ser concedidas a entidades públicas como ayuntamientos o diputaciones, nunca a una sociedad limitada. Sin embargo, un cambio legal introducido en un real decreto permitió que el Montepío de la Minería, una mutualidad privada, pudiera encargarse de gestionar todo ese dinero público (31 millones de euros) para la construcción de la Residencia Spa Felechosa.

Dos meses más tarde, UPyD saltó por los aires en Asturias cuando Prendes dio el salto a Ciudadanos. Rosa Díez lo expulsó del partido y, entre unas cosas y otras, todas las pesquisas, toda la documentación acumulada sobre Fernández Villa que aquella comisión de investigación logró durante meses... quedó en un cajón que nadie tuvo interés en volver a abrir. Ni siquiera se publicó un borrador con las conclusiones, dado que no se pusieron de acuerdo sobre cuáles eran. Sin embargo, Prendes remitió la documentación recopilada a la Fiscalía y al Tribunal de Cuentas.

Un crimen a plena luz del día

Como decíamos, el llamado caso Hulla no reviste una complicación especial como para haberse demorado una década. Fernández Villa no es uno de esos delincuentes al frente de una telaraña de empresas, sociedades-pantalla y cuentas en paraísos fiscales. Para nada. Es un hombre que nunca salió de Asturias y cuya hemeroteca es transparente, se sabe dónde estuvo casi cada día, se sabe (más o menos) con quién se reunía y sobre quién mandaba.

La cronología fue más o menos así. Todos estos detalles han sido puntualmente publicados por la prensa asturiana, desde La Nueva España a El Comercio, durante todos estos años, pero trataremos de resumir lo espectacularmente descarada que fue la maniobra:

2007. Fernández Villa pone al frente del Montepío de la Minería a José Antonio Postigo, su n.º2 en el SOMA. El escudero de Fernández Villa aprovechó su paso por la mutualidad para darle trabajo a su amante, la rumana Dorina Bicher, a quien concedió unos 200.000 euros en contratas de limpieza. Más tarde se supo que Postigo también acabó regularizando 300.000 euros con la amnistía de Montoro y su hija otros 60.000, ambos aconsejados por un asesor del Montepío.

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En diciembre de ese año, se presentó el proyecto del geriátrico de Felechosa, inicialmente llamado La Minería. El primer director de aquel geriátrico sería el hijo de Fernández Villa.

2008. En julio, la Mesa Regional de la Minería aprueba de manera unánime el proyecto Complejo Residencial de Mayores de la Minería por 28.858.889 euros. El acuerdo fue suscrito, además de por Fernández Villa (UGT) y Maximino García (CCOO), por Graciano Torre (PSOE), Consejero de Industria del Principado de Asturias, quien reconoció en su momento que aún no había tenido tiempo de estudiar el plan del Montepío porque le fue entregado el día anterior a la firma.

En noviembre, el concejo de Aller, Ayuntamiento que engloba a Felechosa, cede gratuitamente una finca al Montepío de la Minería para la construcción de la residencia de mayores.

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En diciembre, Graciano Torre se reúne con Carlos Fernández, gerente del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC), quien le informa de que el proyecto para la residencia no cuenta con cobertura legal en ese momento, por lo que se está procediendo a modificar la legislación para que pueda tenerla. El acta de la reunión refleja:

"Se informa que en los momentos actuales se está procediendo a modificar el RD 1112/2007 por el que establece el régimen de ayudas al desarrollo de infraestructuras en las comarcas mineras de carbón, estando en trámite un borrador que contempla una modificación de la clasificación de los municipios mineros, la posibilidad de ampliar bajo determinadas condiciones el porcentaje del 1% para ayuda a entidades sin ánimo de lucro y que pudieran ser beneficiarias de ayudas sociedades mercantiles estatales".

Esta era la carta del Montepío a los Reyes Magos.

2009. El Montepío convoca el concurso con un baremo particular. Tener la sede social en un municipio minero otorgaba el doble de puntos (10) que el plan medioambiental. El concurso de ideas para el centro de hidroterapia otorgaba 45 puntos, más incluso que el plan económico que daba 30.

Se presentaron al concurso algunas de las grandes constructoras españolas, como Dragados, Procoin o Constructora San José. Sin embargo, la ganadora resultó ser la empresa Alcedo de los Caballeros, una pequeña empresa de reformas: menos de cinco empleados, un patrimonio neto de -6.000 euros y un propietario que era amigo declarado de Postigo. Es la empresa que propuso el precio más alto (25,3 millones de euros) y, sin embargo, recibió la puntuación más alta.

Sin embargo, faltaba lo más importante.

El 13 de marzo se reúne la Comisión Regional del Montepío de la Minería. Según las actas de aquella reunión, consultadas por El Confidencial, Postigo reconoce que "para que el proyecto pudiera beneficiarse de los fondos mineros hubo de modificarse alguno de los parámetros establecidos a través de reales decretos, que están pendientes de aprobación definitiva". Estas modificaciones, señalaba el n.º 2 de Fernández Villa, fueron posibles gracias al esfuerzo de los sindicatos, la Administración del Principado de Asturias y la Administración central, es decir, del Gobierno.

En abril comienzan las obras de la residencia.

En julio, el Consejo de Ministros modifica en el Real Decreto 1219/2009, a propuesta del ministro de Industria Miguel Sebastián, las trabas que impedían que una sociedad privada como el Montepío se hiciera cargo de las obras del geriátrico.

En el apartado 2.2 de la legislación original decía que, "solo excepcionalmente, estas ayudas podrán concederse a entidades sin ánimo de lucro, a condición de que dichas entidades sean de reconocido prestigio y actúen en el ámbito de la minería del carbón y que las ayudas se trasladen íntegramente a beneficiarios finales no empresariales". Con la ley en la mano, una entidad privada como el Montepío no podía usar fondos públicos para construir un geriátrico que, encima, sería de titularidad privada. Usar el dinero para este tipo de usos estaba previsto, pero limitado a un 1% de los fondos.

Pero el nuevo real decreto modifica este límite. Ahora podía leerse un añadido: "Este límite podrá ampliarse en caso de proyectos singulares, siempre que estén apoyados por unanimidad de la Mesa Regional de la Minería", algo que había sucedido cuatro meses antes. El Gobierno hizo su parte y dejaba a Fernández Villa y Postigo la vía expedita para lograr su objetivo, pero faltaba un último paso: refrendarlo mediante un convenio de colaboración entre el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón, dependiente de Industria, y el Principado de Asturias.

En condiciones normales, la adjudicación del proyecto al Montepío tendría que haberse producido después de la firma de este convenio, pero aquí se había producido seis meses antes. El destinatario del dinero estaba claro, solo era cuestión de arreglar las vías legales para que llegara. En el citado convenio se indica que el Instituto para la Reestructuración financiará el 100% de la residencia, "con una aportación económica que no superará" los 30.916.163 euros, tres millones más de los inicialmente previstos.

El rastro del dinero no deja demasiadas dudas. El propio Postigo presumió en 2014, al final de su mandato al frente del Montepío, cómo el patrimonio neto de la entidad había aumentado de 25 a 50 millones de euros. La empresa constructora registró en los tres años siguientes beneficios que alcanzaron los 9,1 millones de euros (en 2010 tuvo ventas por valor de 14 millones de euros) para luego volver a desplomarse. En 2017, último año en que Alcedo de los Caballeros presentó cuentas, registró menos de 60.000 euros en ventas y su único empleado era José Antonio Fernández, el gerente, vecino y amigo de Postigo.

2012. Poco después de que Fernández Villa acudiera a aquella oficina bancaria, el interventor del Instituto del Carbón realizó un informe advirtiendo de las numerosas deficiencias detectadas en la tramitación del geriátrico. Esto había influido en que el Instituto no hubiese liquidado aún el último pago, de 3,3 millones de euros, al Montepío de la Minería.

La residencia comenzó su actividad y, hasta 2016, acumuló unas pérdidas de 2,8 millones de euros, una situación que logró revertirse. Desde entonces, la residencia de Felechosa está logrando cada año unos beneficios modestos, da cobijo a unas 200 personas y ha generado unos 90 puestos de trabajo directos.

Más cerca del final de la trama

De todo esto hace ya 10 años. Las cartas estaban sobre la mesa y, sin embargo, Anticorrupción no ha logrado aún llevar a nadie a la cárcel. El Montepío denunció en 2017 a Villa y Postigo, hoy los rectores de la mutua reniegan de aquella etapa. El constructor y el arquitecto cobraron su parte y, después, siguieron con sus vidas. En el juicio que busca la fortuna del sindicalista, ambos están jugando el mismo papel. "Dicen que para ellos era la obra de su vida", explican fuentes cercanas al proceso.

En pocos días, está previsto que los dos arquitectos técnicos entreguen a la jueza el informe sobre las obras de la residencia. Estas mismas fuentes comentan cómo en el Colegio de Arquitectos han padecido también presiones relacionadas con el citado informe.

Para la abogada de Fernández Villa, todos los hechos mencionados no son suficiente prueba como para vincular la fortuna del exlíder minero con la construcción del geriátrico. Cuando la jueza dijo en agosto que la instrucción se prorrogaría por última vez, protestaron y pidieron su absolución inmediata, presentaron alegaciones. Pero todo esto les beneficia. Cada semana que pasa, refuerza el as que todos los defensores guardan en la manga, el de la dilación indebida del procedimiento para rebajar las penas, si las hubiere. El nombre del sindicalista va apareciendo cada vez menos en la prensa local, lo que antes era un minuto a minuto se va convirtiendo casi en una efeméride, pese a que el principal sospechoso sigue vivo y el origen del dinero sigue siendo un misterio.

Y así, una década después del caso de corrupción más sonado de su historia, la sociedad asturiana sigue sin respuesta y, para algunos, quizá sea mejor así.