Madrid concede a Dragados otra gran obra pese a su historial de retrasos

La demolición del puente de Joaquín Costa, una de las infraestructuras más importantes y reconocidas de Madrid, al unir la calle que le da nombre con Francisco Silvela, es una obra crítica para Ayuntamiento de la capital, que ha tomado la decisión de demolerlo ante el riesgo de derrumbe detectado por los técnicos de la capital.

Para hacer frente a estos trabajos, el Ejecutivo que dirige José Luis Martínez Almeida se ha dado un plazo de cuatro meses, periodo que ha empezado a contar este mismo mes de julio, ya que el impacto que tendrá en el tráfico de la capital esta obra (se trata de la novena calle con más tráfico) recomienda concentrar en verano el mayor esfuerzo posible.

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El impacto que tendrá para la normal movilidad de los madrileños este derrumbe es, precisamente, uno de los motivos que esgrimen desde la concejalía de Obras del Ayuntamiento para justificar la decisión de adjudicar la obra mediante un contrato de emergencia, que permite encargar los trabajos sin necesidad de abrir un concurso, eligiendo directamente a la empresa que se desee.

Y, en esta ocasión, la elegida ha sido Dragados, filial constructora del Grupo ACS, “por su conocimiento sobre los condicionantes patológicos y estructurales del puente y la inmediatez requerida para la actuación, dado que Dragados es la empresa adjudicataria del contrato integral de mantenimiento de infraestructuras urbanas”, explican desde el departamento que dirige Paloma García Romero.

Sin embargo, la actuación de Dragados al frente del contrato integral ha sido uno de los grandes focos de desencuentros entre el consistorio y el grupo presidido por Florentino Pérez. Aunque el clímax de este enfrentamiento se vivió durante el mandato de Manuela Carmena, que llegó, incluso, a secuestrar temporalmente la concesión, en la ‘era Almeida’ también se han vivido tensiones, como demuestra el hecho de que se han retenido facturas ante los retrasos en los trabajos de varios meses.

En concreto, según la documentación a la que ha tenido acceso este medio, el Ayuntamiento decidió retener la facturación de los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2019 correspondiente a las prestaciones P8 (obras de adecuación del viario), P7 (operación asfalto) y P4 (conservación de puentes y túneles). El retraso en estos trabajos llevó a Dragados a solicitar una prórroga hasta el próximo 31 de agosto, plazo que ahora ha pedido elevar hasta febrero de 2021.

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Esto significa que el grupo de Florentino Pérez acumula un retraso superior al año en una parte de este megacontrato, que incluye la conservación de puentes y túneles, aspecto que la concejalía de Obras considera irrelevante de cara a la adjudicación de los trabajos de Joaquín Costa. “Las incidencias que en su caso se hayan podido producir en la ejecución de este contrato integral, que esta área no va a valorar, son ajenas e independientes de la cualificación y solvencia de esta empresa para la ejecución de esta actuación”, señalan desde el departamento.

En su favor, Dragados cuenta con que los tribunales le dieron la razón cuando llevó ante la Justicia el secuestro de la concesión por parte del equipo de Carmena. En su contra, con los citados retrasos y medidas adoptadas bajo diferentes equipos de Gobierno en su contra, así como la reciente polémica desatada por su intento de iniciar un ERTE sobre casi 200 trabajadores, que afectaba al contrato integral, y cuyos efectos se extendían casi tres meses, del 18 de mayo al 9 de agosto.

Según la documentación que consta en poder de este medio, fue a finales de abril cuando la empresa comunicó su decisión de realizar esta suspensión temporal de empleo al consistorio, cuyos servicios técnicos respondieron afirmando que se trataba de “medidas aparentemente injustificadas” y recordando “la falta de entrega de los proyectos de las prestaciones P4, P7 y P8 de 2020, incumpliendo gravemente el contrato por la no realización de estas obras durante este ejercicio, lo que derivará en medidas similares a las efectuadas en 2019 con la retención del canon mensual”.

El contrato integral de infraestructuras viarias es un megacontrato presupuestado en 336,6 millones, que Dragados se adjudicó en diciembre de 2013, durante el mandato de Ana Botella, por un periodo de ocho años. Aunque los trabajos se dividieron en tres lotes, la filial de ACS se hizo con todos ellos.