Ofensiva de Carmena contra el imperio Florentino: del servicio de basura a los túneles de la capital

La decisión del Ayuntamiento de Madrid de aplicar la retirada temporal de la concesión de nueve túneles de la capital y quitársela a Dragados, una de las empresas que conforman el imperio de Florentino Pérez, es solo el último capítulo de un rosario de desencuentros entre el equipo de gobierno de Manuela Carmena y el presidente de ACS, que está viendo peligrar seriamente su reinado en la capital.

El Paseo de la Dirección, la contrata del servicio de recogida de basuras, la gestión de Calle 30, la remodelación del Bernabéu o la rescisión de todo el contrato integral de infraestructuras viarias de Madrid, dentro del cual se incluye este último desencuentro por los túneles, son los principales ejemplos de las tensas relaciones que existen entre el consistorio y la constructora.

Todos estos megacontratos son herencia de los gobiernos de Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella, un legado que el equipo de Ahora Madrid está intentando deshacer desde su llegada al Palacio de Cibeles, alegando incumplimiento de sus obligaciones por parte de ACS, aunque con suerte dispar, ya que los blindajes de este tipo de contratos, que contemplan compensaciones económicas en caso de rescisión, y la amenaza de la empresa de acudir a los tribunales para defender su postura no siempre han permitido alcanzar su objetivo.

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De hecho, la retirada temporal de la concesión de los túneles de la M-30 se encuentra actualmente en los juzgados 6 y 23 de lo contencioso-administrativo, donde Dragados ha interpuesto recurso para evitar que el área de Desarrollo Urbano Sostenible pueda cumplir su amenaza, una paralización que, por el momento, ha conseguido, ya que los tribunales han dictado una medida cautelarísima de suspensión, hasta que el ayuntamiento justifique la aplicación de esta drástica medida.

Precisamente, para evitar esta batalla legal, el consistorio accedió a indemnizar a Dragados hace año y medio, cuando ejecutó su amenaza de romper la concesión del Paseo de la Dirección, un contrato de urbanización de esta zona del madrileño distrito de Tetuán, que Dragados se había adjudicado en 2007 y que, casi una década después, continuaba sin estar concluida, con el consiguiente nivel de protesta de los vecinos.

La concesión inicial se cuantificó en 176 millones, que la constructora iba a cobrar con suelo en la zona para vivienda libre, pero el estallido de la crisis inmobiliaria llevó a Dragados a exigir un nuevo convenio, petición que el Ejecutivo del PP accedió a firmar justo antes de abandonar el Palacio de Cibeles. Año y medio después de tomar el mando, y con las obras todavía sin concluir, Carmena rescindió el contrato a cambio de indemnizar a Florentino con siete parcelas, un ‘pago’ que el ayuntamiento estimó menos oneroso que el riesgo de acudir a la vía legal, mientras que la oposición en bloque consideró que se trataba de un triunfo de la compañía.

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Menos suerte tuvo Florentino Pérez, en esta ocasión como presidente del Real Madrid, en las negociaciones para la reforma del Santiago Bernabéu, cuyo proyecto original fue acordado con el equipo de Gallardón, cuando era alcalde de Madrid, y contemplaba la cesión de terreno municipal en los aledaños del estadio, para poder llevar a cabo una ampliación del mismo, a cambio de terrenos que el club tenía en Carabanchel y Las Tablas.

Este proyecto contemplaba incrementar la edificabilidad, así como promover un hotel y un centro comercial, diseño que fue llevado ante la Justicia y contra el que se pronunció hasta Bruselas, que tachó de ilegal el intercambio de terrenos pactado y obligó al Real Madrid a devolver 20 millones de euros al ayuntamiento. Este, por su parte, solo terminó autorizando una remodelación mucho menos ambiciosa, sin hotel de lujo, aunque con cubierta retráctil que permitirá ganar altura.

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Más agridulce ha sido el resultado final de la contrata del servicio de recogida de basuras de Madrid, ya que Ahora Madrid había prometido remunicipalizarlo y ha terminado repartiéndolo entre todas las grandes constructoras del país. No obstante, esta decisión también ha sido un jarro de agua fría para Dragados, que junto a Ferrovial estaba llamada a hacerse con la limpieza de todas las calles de la capital.

El origen del conflicto se remonta a últimos del año 2014, en la recta final del Gobierno de Ana Botella, cuando la alcaldesa adjudicó a esta UTE —unión temporal de empresas— el contrato de basura de la periferia de la capital, una contrata histórica de FCC Servicios, tras haber puesto sobre la mesa una oferta con una rebaja del 10,7% sobre los pliegos.

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Ya entonces, los sindicatos advirtieron de que esta quita conllevaría un empeoramiento del servicio y de las condiciones de los trabajadores, al tiempo que se extendió la sospecha de que este dinero perdido se iba a recuperar con una nueva licitación, un año después, en la que la misma UTE se haría también con la recogida de la zona centro. Pero esta nunca llegó a producirse, porque tras la llegada de Ahora Madrid a Cibeles, el debate se centró entre remunicipalización del servicio sí o no.

Al final fue que no, pero se cambió todo el plan que preveía llevar a cabo el PP, al dividirse en tres lotes el contrato y elevarse el presupuesto. El más voluminoso, cifrado en 253 millones, se lo adjudicó FCC; el segundo más jugoso, con 242 millones de presupuesto, fue para la UTE formada por OHL, Sacyr, Ascan y Acciona; mientras que el menor de todos, con 191 millones, terminó en mano de Dragados y Ferrovial.

Estas dos empresas también están en el ojo del huracán por la gestión de Calle 30, la sociedad mixta encargada de gestionar el famoso anillo madrileño, que el exconcejal de Hacienda Carlos Sánchez-Mato puso en el centro de la diana hace ya más de dos años, por considerar que este contrato ha sido “absolutamente oneroso desde el punto de vista del coste para los madrileños” y está plagado de presuntas irregularidades que están siendo investigadas en una comisión 'ad hoc'.

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En paralelo a este caballo de batalla, el área de Desarrollo Urbano Sostenible lleva también cerca de dos años analizando las posibilidades del consistorio de rescindir el contrato integral de infraestructuras viarias, un megacontrato licitado por el Gobierno de Ana Botella y presupuestado en 336,6 millones, que Dragados se adjudicó en diciembre de 2013 por un periodo de ocho años y con una baja superior al 22%.

Esta concesión incluye desde el asfaltado de las vías públicas hasta el mantenimiento de los túneles y las aceras; trabajos que el ayuntamiento considera que no se están llevando a cabo según lo pactado, lo que le llevó en septiembre de 2016 a iniciar el proceso para resolver el contrato, con el objetivo de haberlo conseguido antes de terminar la legislatura, tal y como adelantó El Confidencial.

Como ocurre con las basuras o el Paseo de la Dirección, esta tarea no es fácil, debido a todas las cláusulas existentes, que siempre amenazan con terminar resolviendo el conflicto en los tribunales, los mismos que ahora tienen en sus manos decidir si el ayuntamiento ha actuado correctamente con el secuestro de los túneles de la M-30, que forman parte de este megacontrato y, por tanto, podrían marcar el futuro de todo el reinado de Florentino Pérez en las infraestructuras viarias de Madrid.