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Madrid cuestiona al COAM por la Ciudad de la Justicia: "El recurso carece de legitimación"
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Recurso de los arquitectos

Madrid cuestiona al COAM por la Ciudad de la Justicia: "El recurso carece de legitimación"

El consejero de Presidencia, Enrique López, sostiene que el proyecto regional no cuenta con defectos de forma, como señala el recurso del Colegio de Arquitectos (COAM)

Foto: El consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Enrique López. (EFE/Mariscal)
El consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Enrique López. (EFE/Mariscal)

El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) interpuso el pasado 17 de agosto un recurso contra la licitación de la futura Ciudad de Justicia de Madrid. Aunque señalan que sus argumentos se ciñen únicamente a cuestiones técnicas, el consejero de Presidencia, Enrique López, declaró este jueves a los medios que las quejas interpuestas “tiene un interés difuso”. Los arquitectos, que presentaron el escrito ante el Tribunal de Contratación Pública, expusieron que el proyecto no iba acorde con la nueva Ley de Calidad de la Arquitectura –aprobada en junio en el Senado– y la Ley de Contratos del Sector Público.

Foto: Vista de la Ciudad de la Justicia de Valdebebas, en una imagen de archivo. (EFE/J.J.Guillén)

Estos argumentos no han convencido a la Comunidad y la controversia ha vuelto a resurgir en torno al ambicioso proyecto judicial. López aseguró que desde el equipo de Gobierno confían en que “el recurso no sea estimado porque carece de legitimación”. Los arquitectos reprocharon que el proyecto no cumplía con las garantías de calidad obligatorias y reclamaron reabrir la licitación para convocar un concurso público con nuevas propuestas. Se estima que, una vez aprobado el trámite, el adjudicatario se llevará unos 2.800 millones de euros.

Por ello, desde el COAM consideraron que era necesario tener en cuenta las bases arquitectónicas de la sede antes de poner en marcha el proyecto para poner en valor la labor de los profesionales del sector. Por su parte, el consejero ha mantenido que sí se ha cumplido con la Ley de Calidad de la Arquitectura “con sus previsiones legales”. El problema, expone, es que lo que los especialistas piden “no es aplicable a un contrato de concesión de obra como el que hemos licitado”, sino a uno de servicios o de otra índole.

Foto: Estimación de Valdebebas en los próximos tres años. (Consejería de Presidencia, Justicia e Interior)

Y aunque López ha recalcado que respeta la decisión del Colegio de Arquitectos, ha garantizado que "Madrid vela por la arquitectura al igual que el COAM”. La controvertida edificación pretende agrupar los 356 órganos judiciales repartidos actualmente en 28 sedes dispersas en Madrid. Cuando se dio luz verde al proyecto el pasado mes de noviembre, fuentes de Presidencia declararon a este medio que el proyecto agilizaría “mucho las cargas burocráticas y administrativas. En esta ciudad [Madrid] es muy difícil practicar la abogacía por esta dispersión. Con este proyecto, la distancia entre sedes será como mucho de 500 metros y eso mejorará con creces la eficiencia”.

El Tribunal Supremo autorizó, a finales del 2020, la construcción de un nuevo proyecto jurídico para dejar atrás el “campus” anterior que terminó ante la fiscalía con el gobierno de Cristina Cifuentes. Lo único que se alcanzó del ambicioso plan de Aguirre fue el conocido como ‘donut de Valdebebas’ (el Instituto de Medicina Legal), una edificación de más de 22 millones de euros. Ahora, y a la espera de la resolución del recurso, desde la Comunidad esperan poder continuar con la ejecución de la esperada 'city judicial', matizando que el Gobierno regional "tiene que mirar por los intereses generales, que son los de los ciudadanos de Madrid".

El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) interpuso el pasado 17 de agosto un recurso contra la licitación de la futura Ciudad de Justicia de Madrid. Aunque señalan que sus argumentos se ciñen únicamente a cuestiones técnicas, el consejero de Presidencia, Enrique López, declaró este jueves a los medios que las quejas interpuestas “tiene un interés difuso”. Los arquitectos, que presentaron el escrito ante el Tribunal de Contratación Pública, expusieron que el proyecto no iba acorde con la nueva Ley de Calidad de la Arquitectura –aprobada en junio en el Senado– y la Ley de Contratos del Sector Público.

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