Operativo de la UCO contra excargos de UGT Asturias por desviar dinero de un geriátrico

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto en marcha un dispositivo este martes contra una presunta trama vinculada a SOMA-UGT en Asturias que desvió fondos del Montepío de la Minería, la mutualidad de los mineros. La operación, bautizada como Hulla, se está desarrollando en Oviedo, Valladolid, Alicante y Murcia, según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas a las pesquisas. Está liderada por la Fiscalía Anticorrupción y coordinada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo.

Según ha aclarado Anticorrupción, el operativo se dirige, en concreto, contra el ex secretario general del Sindicato Obrero de la Minería Asturiana SOMA-FITAG-UGT José Ángel Fernández Villa y su más directo colaborador, el exsecretario de Acción Sindical del SOMA-UGT y expresidente del Montepío y Mutualidad de la Minería Asturiana José Antonio Postigo, así como contra familiares de ambos y otras personas.

Los agentes de la UCO han detenido a Postigo y a tres empresarios, presumiblemente responsables de emitir facturas falsas y con precios inflados al sindicato, adelantan las fuentes consultadas, que también aclaran que Fernández Villa no figura entre los arrestados. Las pesquisas se han centrado en el papel de los investigados en el proyecto para la construcción de una residencia geriátrica financiada con fondos del Montepío. Las instalaciones, que se ubican en la población de Felechosa y fueron inauguradas en 2012, habrían generado sobrecostes sin justificar de al menos dos millones de euros.

Se investiga, en concreto, el desvío, apropiación y ocultación de fondos públicos, obtenidos por medio de una subvención concedida en el año 2009 por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC) al Montepío. También se ha detectado el desvío de fondos privados, pertenecientes a dicha mutualidad minera, entre los años 2005 y 2014.

Los investigadores colocan en el centro de la trama a Fernández Villa, que en 2012 aprovechó la amnistía fiscal para regularizar 1,2 millones de euros en efectivo que hasta ese momento mantenía ocultos. Sostienen que gran parte de esos fondos habrían salido de facturas infladas de la residencia de Felechosa. Fernández Villa ya está procesado en otra causa por la presunta apropiación de 434.000 euros de su antigua central de trabajadores.

Entre las personas investigadas se encuentran, además, el que fuera asesor fiscal del Montepío, el arquitecto autor del proyecto para la construcción de la residencia de mayores y, por último, el propietario de la constructora Alcedo de los Caballeros, que se adjudicó en 2009 el contrato para la ejecución de las obras.

La investigación se inició por información de inteligencia financiera en relación con un presunto delito de blanqueo de capitales y originó la apertura de diligencias de investigación en la Fiscalía Especial Contra la Corrupción. Este departamento ha liderado un trabajo conjunto con las Unidades de Apoyo de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria e Intervención General del Estado y con la UCO, que ha desembocado en la presentación de la correspondiente querella.

La titular del Juzgado de Instrucción 3 de Oviedo incoó diligencias penales en el mes de abril por presuntos delitos de blanqueo de capitales, vinculado a falsedad en documento oficial y mercantil, fraude en las subvenciones, tráfico de influencias, delito societario, contra la Hacienda Pública, prevaricación, cohecho, prevaricación urbanística y malversación de caudales públicos.

La UCO ya detuvo el pasado 17 de febrero a seis miembros de la directiva de UGT Asturias, entre ellos a su máximo dirigente durante los últimos 16 años (2000-2016), Justo Rodríguez Braga. Los investigadores habían descubierto, tras una denuncia presentada por la Fiscalía en 2015, que los responsables del sindicato se apropiaron de forma continuada de fondos públicos para la formación de trabajadores. El fraude se orquestó utilizando facturas infladas para justificar el destino del dinero. Al igual que en otros territorios de España, los dirigentes de UGT implicados habrían utilizado un organismo del propio sindicato, Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), para generar gastos ficticios que les permitían quedarse con las subvenciones.

En el caso de la UGT asturiana, también se habrían utilizado facturas infladas o directamente ficticias de otra mercantil controlada por el sindicato, Iniciativas para la Formación en Asturias SL (Ifastur). Tanto IFES como Ifastur comparten domicilio en Asturias con la sede principal de UGT en Oviedo, un edificio que preside la céntrica plaza General Ordóñez, de 14 plantas y 5.900 metros cuadrados de superficie.