justificaban más gastos de los reales

El fraude de las subvenciones a los cursos de formación se extiende a Extremadura

La Fiscalía Anticorrupción denuncia a la patronal y a los sindicatos UGT y CCOO tras detectar irregularidades en la justificación de los gastos que provienen de ayudas públicas

Foto: Antonio Masa, presidente de la Confederación Empresarial Extremeña (CREEX) hasta el pasado febrero. (EFE)
Antonio Masa, presidente de la Confederación Empresarial Extremeña (CREEX) hasta el pasado febrero. (EFE)

La Fiscalía Anticorrupción ve "indicios relevantes" que evidencian que diversas patronales empresariales y sindicatos de Extremadura han incurrido en fraude en el cobro de subvenciones destinadas a la formación. Por este motivo, ha interpuesto una denuncia ante los juzgados de instrucción de Badajoz en la que acusa a la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX), la Unión General de Trabajadores (UGT) de Extremadura y Comisiones Obreras (CCOO) de la misma comunidad autónoma, además de otras fundaciones y entidades vinculadas a ellas, de haber cometido los delitos de fraude en las subvenciones y falsedad documental continuada.

En concreto, el Ministerio Público comunica a los juzgados, que ahora tendrán que repartirse las diligencias y decidir si inician una investigación penal, que ha detectado "irregularidades" en el "proceso de justificación de gastos llevados a cabo por los beneficiarios de las ayudas públicas derivadas de la convocatoria por orden de 1 de junio de 2011 de la Consejería de Igualdad y Empleo de la Junta de Extremadura, destinada a la realización de planes formativos intersectoriales dirigidos a trabajadores ocupados" en territorio autonómico. 

La Fiscalía dice que los gastos que se justificaban eran "muy superiores" a lo que luego costaban realmente las actividades para las que pedían la ayuda

La convocatoria investigada tuvo lugar, por lo tanto, con el anterior Gobierno de Guillermo Fernández Vara en funciones y apenas unos días después de las elecciones autonómicas de 2011, que en Extremadura ganó el Partido Popular de José Antonio Monago, quien sin embargo no tomó posesión de su cargo hasta el 9 de julio, más de un mes después de la mencionada orden de la Consejería de Igualdad y Empleo de la Junta regional. El PP de Extremadura, de hecho, ha presumido este lunes de haber sido el que interpuso una denuncia en marzo de 2015 que, según la formación, derivó en la apertura de diligencias por parte de Fiscalía que han terminado en la citada denuncia. "Monago hizo bien en denunciar el caso al evidenciar irregularidades en la gestión de las subvenciones", asegura la nota emitida por el PP.

"En términos generales, se han detectado irregularidades diversas al existir discrepancias y distorsiones entre los gastos justificados documentalmente ante la Administración -a efectos del cobro de las subvenciones-" y lo que realmente costaba la actividad, apunta el Ministerio Público. Los primeros, continúa la Fiscalía General del Estado en una nota remitida a los medios de comunicación, eran "muy superiores".

La Fiscalía asegura que la investigación se originó a raíz de la comparecencia del director gerente del Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe) del Ejecutivo autonómico, quien puso en conocimiento de Anticorrupción un informe "meramente prospectivo y de naturaleza indiciaria y selectiva" que apuntaba a la comisión de "posibles irregularidades" en la justificación de los gastos de las ayudas públicas, según informa la Fiscalía General del Estado en la citada nota.

Tras esta declaración, el Ministerio Público inició unas diligencias de investigación que pretendían contrastar los hechos. Reclamó documentación relativa a más de 600 actividades formativas, que afectaban a 10.000 alumnos y más de 500 docentes, y reclamó la colaboración de la Intervención General de la Junta de Extremadura -para realizar funciones de auditoría-, la Agencia Tributaria -para suministrar datos fiscales- y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, para llevar a cabo las labores policiales.

Las investigaciones de todos los organismos implicados, coordinadas por Anticorrupción, han servido para configurar la denuncia que ahora ha presentado la Fiscalía ante el juez decano de Badajoz, que tendrá que repartir las diligencias en uno de sus juzgados.

Según la mencionada nota de la Fiscalía General del Estado, "de lo actuado hasta el momento" se puede concluir que existen "indicios relevantes que evidencian la existencia de posibles infracciones penales cuyo tratamiento sugiere como ineludible la judicialización" de las diligencias con el fin de "maximizar las garantías de los investigados, completar la búsqueda de la verdad material y dar cumplimiento" a la ley que exige la judicialización tras haber evidenciado hechos de "significación penal".

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