El "bloqueo" de los presupuestos tensiona al Gobierno: Podemos se siente ignorado

Combinar el arranque de un año electoral con la negociación de unos presupuestos generales del Estado suele ser difícil, más si las encuestas no son favorables —salvo las del CIS—. Y, mientras el principal partido de la oposición está en fuera de juego, reorientando el rumbo tras las decisiones de Bruselas sobre el impuesto a las energéticas, PSOE y Unidas Podemos dejan ver, nuevamente, las costuras de la coalición: difieren, incluso, en su diagnóstico sobre cómo va la negociación de los presupuestos para 2023, que deberían llevar al Congreso de los Diputados en poco más de 10 días, si quieren ceñirse a los plazos que marca la Constitución. Tras casi dos meses de cierta calma, vuelven a aumentar los decibelios en la coalición, y ambos socios encaran una semana clave en la que ya anticipan nuevos choques a cuenta de estas negociaciones "atascadas" o "bloqueadas".

Con el PSOE vendiendo optimismo sobre las cuentas públicas, y hasta contactos preliminares con otras fuerzas políticas, que servirían para demostrar su "predisposición" a facilitarlas, varios aliados parlamentarios habituales del Gobierno sostienen que aún no se ha dado ningún avance reseñable: unos directamente niegan que el Ejecutivo haya llamado a su puerta, y otros sostienen que han tenido alguna conversación, pero sin ninguna concreción. "Hemos empezado a hablar y hay algunas cosas, pero todavía no está cerrado, ni mucho menos", afirmó el portavoz del PNV, Aitor Esteban, en una entrevista en Radio Euskadi el domingo. Y era el más optimista, al menos en público. Con todo, el paso previo es pactar el borrador de la Ley de Presupuestos para 2023 entre los socios y, según Podemos, aún hay que superar muchas pantallas para alcanzar este escenario.

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De hecho, hoy por hoy, reprochan al PSOE que ignore o rechace varias de las medidas que consideran prioritarias de cara a las nuevas cuentas: son el impulso a la dependencia, con una inyección adicional de 600 millones de euros, el empuje al plan Corresponsables (para fomentar la conciliación), por valor de 200 millones, o la ayuda mensual de crianza de 100 euros, dentro de su propuesta de ley de familia. Estas son algunas de las propuestas a las que el Partido Socialista, según el socio minoritario, ha dado portazo hasta la fecha. Y esto no supone que ninguno de los socios renuncie a estas cuentas: ambas partes dan por hecho que será difícil, pero lograrán un acuerdo; el problema es que, hasta que sellen la paz y anuncien este pacto, los golpes van recrudeciéndose.

La líder de la formación morada, Ione Belarra, dio públicamente el primer toque de atención a su socio el viernes. Entonces, expresó su "preocupación" por el hecho de que las negociaciones estén "muy atascadas", y pidió al PSOE pisar juntos "el acelerador", una fórmula más o menos suave para intensificar la presión sobre los socialistas. Un dirigente de Unidas Podemos asegura incluso a El Confidencial que los socialistas están siendo "tacaños". La tensión es evidente, y eso que todavía no hay nada claro sobre una de las materias más sensibles, el aumento del gasto en Defensa.

La reunión del miércoles entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el jefe de Gabinete de Yolanda Díaz, Josep Vendrell, y el secretario de Estado de Derechos Sociales y responsable económico de Podemos, Nacho Álvarez, tampoco contribuyó a acercar posturas, según su relato. Más bien al contrario.

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Belarra aguardó hasta finales de semana para exteriorizar el malestar de su formación, que en su partido sí confesaban fuera de cámara. La espera ante el retorno de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de viaje en Taliandia para participar en el G-20, llevó a Podemos a reducir los decibelios ante este y otros frentes —como la asistencia del Rey emérito al funeral de Isabel II—, pero la primera reunión este curso de su máximo órgano de dirección, el Consejo Ciudadano Estatal, convenció a la fuerza con más peso dentro del espacio Unidas Podemos de que tocaba empezar a desvelar sus cartas.

Tras la advertencia de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, también contribuyó a aumentar la presión sobre sus socios: "En estos momentos, la negociación está bloqueada. Por temas presupuestarios, por el gasto armamentístico y también porque es inaceptable que la derogación de la ley mordaza o la aprobación de la ley de vivienda sigan paradas", afirmó en una entrevista en 'El Norte de Castilla'. Echenique se declaraba "optimista" pese al bloqueo, pero insistía en señalar sus dos condiciones previas a avalar las cuentas públicas, la derogación de parte de la Ley de Seguridad Ciudadana y la ley de vivienda, que en los últimos días ha supuesto un nuevo elemento de polémica.

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Por su parte, desde el ala socialista del Gobierno han afirmado estos días que las cuentas llegarán a la Cámara Baja a finales de mes o principios de octubre, y hoy el socio mayoritario resta importancia a esta situación. Sostienen que el escenario actual no es diferente al de otros años por estas fechas, y recuerdan que ya han logrado sacar adelante dos presupuestos, a pesar de las dificultades.

En el PSOE, además, afean a todo Unidas Podemos —no solo al partido morado— que trate de patrimonializar las medidas más sociales del Ejecutivo, y hasta los espaldarazos de la Comisión Europea a algunas de sus tesis. En un momento en que la parte socialista del Gobierno redobla esfuerzos para explicar las medidas puestas en práctica, y para rentabilizarlas en las encuestas, Podemos reivindica que la mayoría de ellas llevan su "sello".

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"Podemos siempre propone las mejores soluciones para las mayorías sociales de nuestro país y, en esta legislatura, hemos visto cómo muchas se acaban poniendo en práctica o son defendidas por la propia Comisión Europea", relataba Belarra, atribuyendo a los suyos la excepción ibérica, o los impuestos a la banca y las energéticas —que, estrictamente, sí reclamaban al PSOE desde hace años—. Impuestos, decía, "que el PSOE no quería aceptar y ahora son una realidad".

En esta pugna por capitalizar las medidas estrella del Ejecutivo, la ministra de Derechos Sociales aprovechaba para presionar también por el tope temporal a la subida de hipotecas de tipo variable, que el PSOE ha acogido con frialdad. También con reproches por parte de su portavoz parlamentario, Patxi López, que afeó a Unidas Podemos que la hubiera registrado "por su cuenta". Esta iniciativa no entra en el marco de la negociación presupuestaria, pero ejemplifica el sentir de los morados, y esta semana redoblarán esfuerzos en esta materia.

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Los topes no son "factibles" para la parte socialista del Gobierno, pero en Podemos sostienen que ya escucharon lo mismo ante varias medidas en el pasado, desde la paralización de los desahucios a los más vulnerables a causa de la pandemia a los impuestos extraordinarios hoy en tramitación.

Son muchos los frentes abiertos que se aprecian, cada día, con mayor nitidez: es el caso del aumento de gasto en Defensa, que el PSOE quiere disfrazar dentro de los presupuestos, y que Unidas Podemos y sus socios parlamentarios rechazan, o la ley de vivienda, paralizada en el Congreso de los Diputados y reivindicada por UP como uno de los objetivos previos a sellar el acuerdo presupuestario. Mientras Unidas Podemos reprocha al PSOE que la bloquee, sus socios contraatacan.

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Recuerdan que la ley salió del Consejo de Ministros en febrero tras ser examinada con lupa, y les afean que Unidas Podemos decidiese presentar decenas de enmiendas a un texto del que era coproponente. Ambos socios repiten que debería estar en vigor antes del 31 de diciembre, y mientras el PSOE sostiene que no puede controlar los tiempos parlamentarios, su socio lo acusa de demorarla. De hecho, el PSOE también ha anunciado sus propias enmiendas ante la Ley de Bienestar Animal, pero defiende las diferencias entre esta norma y la de vivienda, que pasó dos veces por el Consejo de Ministros y que querían ver ratificada tal cual estaba. Que Unidas Podemos enmendase una norma tan delicada, que tanto trabajo costó consensuar, es una de las cosas que los socialistas no perdonan a sus socios.

Todo ello, además, a la espera de que Díaz proponga una nueva reunión con las asociaciones de consumidores y las grandes distribuidoras, que por el momento rechazan su propuesta de un acuerdo para rebajar una treintena de productos básicos de la cesta de la compra. La iniciativa de la vicepresidenta segunda fue vista por el PSOE como una extralimitación de Díaz, como un intento por marcar un perfil de líder y previsible candidata más allá de las fronteras del Ministerio de Trabajo. De cara a esta semana se prevén nuevos avances, que podrían volver a generar nuevas quejas de sus socios.

En paralelo, con el PSOE intensificando también su ofensiva contra el PP de Alberto Núñez Feijóo, Podemos se reivindicaba el viernes como el verdadero enemigo a batir para el PP. A escasos meses de las elecciones municipales y autonómicas, los socios compiten incluso por el papel de némesis del Partido Popular y de las élites económicas. Y por el rol de defensores de la mayoría social, aunque ambos sean parte de un mismo Gobierno.