La comisión sobre el espionaje a Ayuso en Cibeles nace condenada al fracaso

La comisión de investigación en el Ayuntamiento de Madrid sobre el presunto espionaje al entorno de Isabel Díaz Ayuso nace condenada al fracaso. Las posibilidades de sacar alguna conclusión sólida sobre lo ocurrido son ciertamente remotas, ya que una mayoría de los citados por los grupos políticos ni siquiera comparecerá. El ejemplo más claro es la primera sesión, constituida para el próximo 28 de marzo, de la que de los seis nombres solo ha confirmado uno. La presidenta de la Comunidad de Madrid ya ha asegurado que no irá, de la misma forma que algunos miembros de su Gobierno y excargos del PP. Todos coinciden en que su presencia es "inútil".

En la sesión inaugural, según el calendario aprobado, están llamados a declarar Isabel Díaz Ayuso, Pablo Casado, el exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón, el exministro de Justicia Rafael Catalá, el actual titular de Presidencia, Félix Bolaños, y el consejero delegado de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), Diego Lozano. Fuentes municipales cercanas a la comisión confirman a El Confidencial que solo Lozano acudirá. El responsable de la EMVS, de donde presuntamente partió la trama de espionaje, es el único obligado a hacerlo por tratarse de personal del consistorio. El resto, al contrario que en el Congreso o el Senado, está exento de cualquier deber.

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La presidenta de la Comunidad de Madrid fue la primera en anunciar que no iba a asistir. El portavoz del Ejecutivo regional, Enrique Ossorio, habló en su nombre la semana pasada. "No tiene sentido que en una comisión de investigación se llame a personas que no tienen nada que aportar en relación a esa comisión de investigación, porque la sensación que da es que están llamándoles para que hagan un paseíllo", explicó. Esta visión sobre la investigación en Cibeles es compartida por una buena parte de los comparecientes ajenos al ayuntamiento. Es el caso, por ejemplo, de Catalá, que también ha rechazado la invitación.

Las mismas fuentes señalan que ni Casado ni Ruiz-Gallardón han contestado hasta la fecha, aunque desde su entorno advierten de que no está entre sus planes. En el caso de Bolaños, cuyo nombre se incluyó a petición de Ciudadanos, indican que ha rehusado recoger la solicitud.

Al contrario que en las comisiones en el Congreso o el Senado, solo están obligados a acudir los trabajadores del ayuntamiento

"Es una comisión sobre el espionaje a Ayuso y su entorno, no entiendo bien a cuento de qué piden que vayan esas personas", señalan desde el equipo de la presidenta madrileña, en alusión a la lista de nombres que poco o nada tienen que ver con la labor del ayuntamiento y la supuesta trama. Ese es uno de los argumentos para no asistir, pero también las dudas jurídicas sobre la capacidad del consistorio de citar y preguntar a un miembro de otra Administración. Así lo explican fuentes cercanas al consejero de Justicia, Enrique López, citado para el 9 de mayo, aunque tampoco acudirá. No lo harán ni él ni el titular de Sanidad en la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. Otros dirigentes regionales, como Javier Fernández-Lasquetty, titular de Hacienda, esperarán a recibir la notificación para dar una respuesta.

Sea como fuere, lo cierto es que prácticamente todos los cargos políticos citados que no tienen vinculación laboral con el ayuntamiento recelan de esta comisión y su alcance. Aún no han contestado porque no se les ha hecho llegar la invitación, pero en privado aseguran que no entienden cuál es su papel en esta historia. En primer término, porque no creen que puedan aportar nada extraordinario por no saber qué pasó en la EMVS, pero sobre todo porque consideran que detrás de cada petición de comparecencia hay un interés político. El PP en el consistorio, de hecho, ya advirtió del riesgo de que la investigación se pervirtiera para convertirse en una suerte de juicio contra su partido. La realidad, aunque José Luis Martínez-Almeida ha mostrado su total colaboración para esclarecer lo ocurrido, es que cada una de las sesiones va a ser un auténtico 'vía crucis' para el alcalde, cuestionado por la implicación en el espionaje de cargos muy cercanos a él, como Ángel Carromero, coordinador general de la Alcaldía hasta su dimisión. También porque la relación de confianza con Ciudadanos en la coalición se ha visto seriamente afectada.

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Más allá de Isabel Díaz Ayuso, no se prevé que nombres clave como su propio hermano, el mismo Carromero o Teodoro García Egea vayan a asistir. Salvo excepciones, lo más probable es que únicamente declaren los trabajadores municipales obligados a hacerlo.

Calendario definitivo

La comisión de investigación, presidida por Santiago Saura (Cs), constituyó este lunes todas las sesiones. Se desarrollarán los días 28 de marzo, el 4, 6, 19, 22, 25 y 29 de abril; y el 4, 6 y 9 de mayo, en algunos casos con sesiones de mañana y tarde. Pese a la resistencia inicial de buena parte de los llamados a declarar, el propio Saura ha señalado que los grupos políticos aún pueden proponer nuevos nombres, con este miércoles como fecha límite.

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Carromero ha sido citado en la segunda sesión, en compañía del detective con que contactaron los 'fontaneros' de Génova, Julio Gutiez, y la diputada del PP y presidenta de Nuevas Generaciones, Beatriz Fanjul. Ese día, 4 de abril, también consta la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, en concepto de exconsejera del PSOE en la EMVS. Dos días después es el turno del diputado popular Pablo Montesinos, de Teodoro García Egea y del exdirector de Comunicación de la Empresa de Vivienda David Fernández. La cuarta sesión, el día 19, están llamados el delegado de Urbanismo, Mariano Fuentes, y el presidente en funciones de la Cámara de Cuentas de Madrid, Carlos Salgado. El 22 comparecerán si lo estiman oportuno el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y Fernández-Lasquetty.

Será el lunes 25 de abril, en la sexta sesión, cuando le toque a uno de los elementos clave de la investigación: el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Tomás Díaz Ayuso. También el director de Comunicación de la EMT, Joaquín Vidal, y un representante del comité de la EMVS, entre otros. El 29 de abril figuran los ediles populares Paloma García Romero y Álvaro González, mientras que el 4 de mayo están convocados el expresidente regional Ignacio González, la diputada del PP en la Asamblea de Madrid Ana Dávila Ponce de León, la portavoz municipal Inmaculada Sanz y la todavía responsable del comité de garantías popular, Andrea Levy.

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En la penúltima comparecencia, fechada el 6 de mayo, aparecen la vicealcaldesa, Begoña Villacís, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante. La comisión de investigación concluirá el 9 de mayo con las declaraciones del consejero de Justicia, Enrique López, José Luis Martínez-Almeida y Daniel Alcázar, el empresario relacionado con Tomás Díaz Ayuso al que se adjudicó un contrato de 1,5 millones de euros para la compra de mascarillas. En la mayoría de los casos, de nuevo, siempre que quieran hacerlo. Según los datos que maneja la presidencia de la comisión, están llamados a declarar un total de 39 comparecientes, entre personal municipal y ajeno al ayuntamiento.