Clemente, Velayos, Estrada... La 'crème' inmobiliaria testifica por los pisos de la EMVS

Este martes arrancó el juicio por la venta de 1.860 viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda Social (EMVS) a Blackstone por 128,5 millones, una operación que, durante ocho largos años, ha hecho correr ríos de tinta, y que ha terminado sentando en el banquillo de los acusados a dos personas: el exconsejero delegado de EMVS Fermín Oslé y el apoderado de Fidere, filial de Blackstone que se quedó con los pisos, Alfonso Benavides.

Aunque en un primer momento la causa fue archivada, la Audiencia Provincial ordenó reabrirla en 2019, mandato que ha cristalizado en la apertura de un juicio oral al que han sido citados a declarar como testigos, por las diferentes partes, una treintena larga de personas, entre cargos políticos, con la exalcaldesa Ana Botella a la cabeza, directivos de la EMVS y muchos de los primeros espadas del sector inmobiliario patrio actual que, ya en aquel entonces, año 2013, estaban en primera fila de las grandes inversiones.

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El Ministerio Fiscal, que no imputa delito alguno a los acusados, ha citado a representantes de todos los grandes fondos que se interesaron por esta compra como Ana Estrada, por parte de Goldman Sachs; Volkert Reig, que trabajó para Lone Star; Martín Francisco Valle, de Azora, o una antigua responsable de Morgan Stanley ya fallecida.

Para aclarar cómo fue todo el proceso, ha citado al ex consejero delegado de Neinor Juan Velayos, que entonces asesoró al Ayuntamiento de Madrid como responsable de operaciones inmobiliarias de la firma de servicios profesionales PwC.

La Fiscalía también tomará declaración a los diferentes intermediarios a los que el consistorio pidió que trajeran ofertas y que trabajaron para cada uno de los fondos competidores, así como a algunos directivos de la EMVS como Pablo Olangua Fernández, director general de Gestión, y Beatriz Fontán Gutiérrez, directora de Gestión Vivienda Comercialización.

Por el lado de la acusación, la socialista Purificación Causapié ha citado a declarar a Ismael Clemente, consejero delegado de la socimi Merlin, que en aquellos años, al frente de Magic Real Estate, asesoró a Blackstone en la operación.

Sin embargo, dentro de Magic, la persona que siguió más en detalle tanto el proceso de venta de las viviendas como la posterior gestión de las mismas por parte de Fidere fue Miguel Oñate, actual director general corporativo de Merlin, quien también acudirá a testificar, pero en este caso a petición de Alfonso Benavides.

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La EMVS ha pedido la declaración de Luis Amate Cuevas, director de Expansión de Grupo Ferrocarril, y Jean-Francoise Bossy, financiero de Blackstone que lideró el entramado inmobiliario que el fondo fue creando en aquellos años para tomar el control de las viviendas que iba adquiriendo.

La citación de la exalcaldesa Ana Botella, prevista para el próximo 12 de noviembre, ha venido de la mano de la asociación de afectados por la venta de las viviendas de la EMVS; mientras que el PSOE madrileño ha citado a miembros de la corporación de aquellos años, como Paz González, responsable de Urbanismo, o el concejal Pedro Corral.

Tercer intento de condena

El juicio que acaba de arrancar es el tercer intento de conseguir una condena contra los protagonistas de aquella venta. El primero se remonta a 2017, cuando la exalcaldesa Manuela Carmena inició un procedimiento administrativo dirigido a conseguir anular la venta y, para conseguirlo, elevó una propuesta de resolución a la Comisión Jurídica asesora de la Comunidad de Madrid (antiguo consejo consultivo), que rechazó sus pretensiones.

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Carmena también acudió al Tribunal de Cuentas, que en un primer momento condenó tanto a la exalcaldesa Botella como a todo su equipo de gobierno a pagar casi 23 millones de euros tras detectar graves irregularidades en las instrucciones internas de contratación que se dieron para vender las viviendas, sin los pliegos correspondientes y sin realizar una tasación oficial. Tras el recurso que presentaron, el Tribunal de Cuentas revocó la sentencia y el Supremo confirmó la absolución.

El procedimiento penal ha seguido el camino contrario. En enero de 2019, el juzgado de instrucción número 38 también archivó el caso, al considerar que "no existen elementos suficientes" para procesar a nadie, pero cuatro meses después, la sección 30 de la Audiencia Provincial le ordenó reabrirlo.