"La víctima tendrá derecho siempre a saber y a que se investigue su atentado"

Carmen Ladrón de Guevara lleva 15 años sentándose frente a todo tipo de terroristas en la Audiencia Nacional como abogada de las víctimas, gran parte de ellos como representante de la mayoritaria Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Su despacho acumula cajas repletas de sentencias y sumarios antiguos. Muchos de esos papeles sirvieron para dar forma hace 10 años a un primer listado de atentados sin resolver que situaron esta cuenta pendiente de la Justicia en la agenda de los tribunales y los políticos.

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10 años después del cese definitivo de la violencia de ETA, no cesa en su labor de dar respuesta a las familias de los asesinados que demandan verdad, reparación y justicia. Con la colaboración de fiscales y fuerzas de seguridad, se ha logrado esclarecer una quincena de casos sorteando las dificultades para recabar pruebas ante la nula colaboración de los etarras y la prescripción de los delitos. Ella es en muchos casos la encargada de llamar personalmente a los afectados, ya sea para comunicarles la buena noticia de que su caso se ha reabierto o para comunicarles que no ha sido posible lograr una condena.

PREGUNTA. ¿Cuáles son las declaraciones que esperan de Otegi?

RESPUESTA. Yo la verdad es que espero poco, pero como mínimo desde la AVT le exigimos que reconozca que los crímenes cometidos por ETA no tuvieron ninguna justificación, que pida perdón por el papel que jugó siendo el altavoz de ETA en las instituciones. Si tanto pesar tiene por el dolor de las víctimas, que intermedie para que los etarras colaboren con la Justicia para resolver los atentados pendientes.

P. ¿Qué cree que busca?

R. La operación blanqueo es evidente, y esta es la segunda fase después del paripé de Aiete en 2010. Aiete [el acto en el que líderes internacionales pedían a ETA un cese de la violencia] lo utilizaron para vender como una iniciativa suya lo que no era más que la derrota operativa de ETA y su imposibilidad de participar en política porque habían sido ilegalizados. Ante ese escenario, deciden cambiar de estrategia y esto es continuación de ese paripé, unido al papel que EH Bildu juega ahora en la política española. No es casualidad que el PSOE haya sido el único que ha visto con buenos ojos la declaración de Otegi.

P. ¿A qué se refiere con casualidad?

R. A que los únicos interesados en blanquear a Otegi son el Partido Socialista y el Gobierno.

P. ¿De cara a pactos?

R. Para blanquear su pacto con ellos y, efectivamente, abrir paso a futuros pactos.

P. Usted fue la persona que llevó el primer listado de atentados sin resolver a la Fundación de Víctimas del Terrorismo hace ahora 10 años. ¿Cómo surgió?

R. A finales de 2010, había ciertas inquietudes en materia de Justicia en los colectivos de víctimas. Se había hecho pública la vía Nanclares y la fundación que entonces presidía Maite Pagazaurtundúa convocó a las asociaciones. Intervinieron diferentes expertos como Florencio Domínguez o Joseba Arregi, entre otros. De ese seminario, surgió la creación de una comisión de Justicia para abordar estas cuestiones que se reunió con el presidente de la Audiencia Nacional. En esa reunión, yo comenté que me salía una cifra de en torno al 20% de atentados en los que no se había celebrado juicio.

"Un atentado sin resolver no es un fallo del Estado ni el incumplimiento de la obligación del Estado de investigar"

P. ¿Y en la Audiencia Nacional tenían esas cifras?

R. Juanes [presidente de la Audiencia Nacional] dijo que le parecía mucho, que serían unos 100 casos y que, además, estarían prescritos, pero se comprometió a comprobarlo. Ahí empecé a elaborar un listado más concienzudo a partir del libro de Florencio Domínguez ‘Vidas rotas’, y de la documentación que yo misma había recabado después de cinco años acudiendo como abogada a juicios en la Audiencia Nacional. Hice una primera relación de 347 casos en los que no constaba que se hubiera condenado a nadie. Los primeros que contestaron fueron de la Fiscalía, que dio respuesta a todos esos casos. Con ese informe de la Fiscalía, pude rematar un informe sobre la situación procesal de cada uno de ellos y salió el dato de 324 atentados en los que no hay ningún autor material condenado.

P. ¿Eso incluye a los anteriores de la amnistía de 1977?

R. No incluimos a los amnistiados porque son anteriores a 1977 y no estaban esos procedimientos en la Audiencia Nacional, y porque considero que la naturaleza jurídica del amnistiado en cuanto a su no resolución es diferente. Quiero dejar claro que el criterio de que no haya ningún autor material condenado es porque por algún lado había que empezar, pero no es porque yo considere que con que haya una condena ya está resuelto.

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P. ¿Se puede hablar de un dato oficial?

R. Yo siempre me basé en fuentes abiertas, siempre he sabido que era una cifra provisional. Por eso a la AVT no le gusta entrar en guerras de cifras ni me gusta dar cifras cerradas. La Fiscalía contestó a 347, pero yo lo que quería es que se revisaran los 604 sumarios por asesinatos cometidos por ETA. Desde entonces, esto fue prioritario para la AVT y revisamos todos los sumarios, empezando por los que estaban en riesgo de prescribir, es decir, los de los años noventa.

P. ¿Y en qué números estamos ahora?

R. Me faltan por revisar 96 procedimientos, pero la última cifra que yo le di a la AVT en diciembre de 2020 era de 315 atentados sin resolver. En este tiempo, se han resuelto 15 desde 2011.

P. ¿Considera que ha sido un fallo del Estado esta cifra de casos pendientes?

R. No. Yo en estos 10 años he llegado a la conclusión de que un caso sin resolver no es un fallo del Estado ni el incumplimiento de la obligación del Estado de investigar. Siempre pongo como ejemplo el último atentado de Palmanova, en 2009, que sigue sin resolver y nadie duda de que se pusieron todos los medios. Tampoco puedo analizar con ojos de 2021 instrucciones del año 1980. Las víctimas no tienen derecho a que los casos se resuelvan, sino a que se investiguen con los medios acordes al momento en que se producen. La mayor cifra de casos pendientes es de los años ochenta, cuando mataban a una persona cada tres días.

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P. ¿Ustedes se encargan de llamar a las familias para informar?

R. En la AVT siempre trabajamos coordinados el departamento jurídico con el departamento psicosocial.

P. ¿Y cómo es la llamada cuando se informa de que se ha reabierto un caso?

R. Para empezar, somos muy prudentes. Lo peor que podríamos hacer con una víctima es generarle falsas expectativas. Que se reabra un caso no quiere decir que lo vayamos a resolver. En estos 10 años, de esos 300 casos se han reabierto la mitad, pero muchas veces para revisarlos, aportar documentación, detener la prescripción... Esa llamada hay que hacerla de una manera muy cauta y prudente. Lo reciben positivamente y se lo explicamos bien, haciéndoles saber que es muy difícil. La mayor satisfacción es llegar a juicio.

"Los etarras no colaboran con la Justicia porque es rendirse y reconocer que lo que han hecho es asesinar y no 'ejecutar"

P. ¿Y la llamada cuando hay que informar de un archivo o una absolución?

R. No culpan a nadie si se les ha informado bien. A mí, la absolución me parece muy dura. Ha habido cinco casos en que se les ha llevado a juicio y se les ha absuelto. Ha habido un caso que me pesará siempre porque se absolvió y tengo el convencimiento de que Txeroki [el etarra Garikoitz Azpiazu Rubina] era el responsable. Es el caso del juez Lidón.

P. ¿Qué es lo más difícil de explicar a una víctima?

R. Lo más difícil de entender para las víctimas es que tengamos la investigación policial, pero no las pruebas suficientes para enervar la presunción de inocencia. Ahí entran en juego las normas del Estado de derecho. Es lo más complejo de explicar, porque es muy técnico. A mí, personalmente, me duele la prescripción, que es nuestra principal espada de Damocles en este trabajo. Hay víctimas que con saber quiénes han sido y con que hayan cumplido otros años de condena por otros atentados les vale, y hay víctimas a las que les cuesta más aceptar eso.

P. ¿Por qué los etarras no colaboran?

R. Porque colaborar con la Justicia es rendirse y reconocer que lo que han hecho es asesinar y no "ejecutar", como decía el carnicero de Mondragón [José María Zabarte].

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P. ¿Hay pruebas contra Ternera por el atentado en la casa cuartel de Zaragoza?

R. Eso lo tendrá que decidir el juez cuando se celebre el juicio.

P. ¿Es usted optimista?

R. Soy cauta.

P. ¿La AVT se marca alguna fecha límite a partir de la cual sepa que ya no va a ser posible seguir avanzando por la prescripción de los casos?

R. No, porque creo que, con independencia del derecho a la Justicia, el derecho a la verdad prevalece y ese no prescribe. La víctima tendrá derecho siempre a saber y a que se investigue quiénes son los responsables de su atentado.

P. ¿Hay voluntad de las autoridades para seguir investigando?

R. Sí, lo creo firmemente y lo constato a diario por parte de las fuerzas de seguridad y los fiscales. Por parte de los jueces, cada vez es más complicado. También es verdad que la jurisprudencia en muchas ocasiones ha evolucionado de una manera más garantista y lo que antes nos servía para condenar ahora en muchas ocasiones no está siendo suficiente.