El PSOE y Bildu negocian el acelerón definitivo a favor de los presos de ETA

El 'perdón' de Arnaldo Otegi, solemnizado ahora con motivo del décimo aniversario del fin de ETA, forma parte de una larga coreografía ensayada con el Gobierno de Pedro Sánchez para facilitar el carpetazo definitivo de la democracia a los rescoldos de la banda y, en concreto, a la situación de los 200 presos que hoy cumplen condena. Dos históricos de Batasuna y del PSE, Rufi Etxeberria y Miguel Ángel Morales, respectivamente, llevan las riendas de una negociación encerrada bajo siete llaves, que las dos partes siempre han negado, pero que incluye el traslado a las cárceles del País Vasco y de Navarra de todos los reclusos etarras, progresiones de grado, permisos y regímenes de libertad condicionada o semilibertad.

Una política de goteo que se ha ido cumpliendo desde la llegada de Sánchez a Moncloa, con el broche de oro del traspaso de la gestión de las cárceles al Gobierno vasco, y que según fuentes informadas de este espinoso proceso vivirá su traca final de aquí a las navidades. "La traducción del gesto de Otegi del lunes llegará a corto plazo, habrá más pasos del Gobierno con los presos", señalan estas fuentes políticas a El Confidencial. El objetivo último de Bildu es la excarcelación. Y sabe que para ello necesita que Sánchez siga en Moncloa.

Los movimientos coinciden además con la tramitación de los nuevos Presupuestos. Se da por hecho que Bildu, igual que el año pasado, dará su apoyo al PSOE en el Congreso. Y aunque se tratará de vestirlo como un canje de políticas sociales, en el frontispicio del acuerdo siempre están los presos. Otegi ha trasladado a su mundo que el actual Gobierno de Sánchez les ofrece una oportunidad única para buscar una salida pactada a los terroristas entre rejas una vez que ETA se ha retirado. Presupuestos por presos.

"Fue una acción-reacción de libro", señalan a El Confidencial fuentes al tanto de estas conversaciones. Se refieren al episodio de este lunes. Lo que hizo Otegi, coinciden varias voces del mundo 'abertzale', no es nuevo. Llevan años entonando la misma canción. Un "perdón" público, a su manera, que reconoce el "dolor" de las víctimas de ETA, aunque sin repudiar expresamente a la banda que asesinó con fines políticos. Pero la solemnidad del gesto, del que los socialistas estaban avisados —no así el PNV, que tardó cinco horas en reaccionar al comunicado leído por Otegi—, fue bendecida rápidamente por Ferraz —que salió minutos después que el líder de Bildu— como un "punto de inflexión" en la evolución del mundo de la vieja Batasuna. “Cuando uno sabe lo que cuesta dar un paso en ese mundo, lo valora”, se apresuró a afirmar el exlendakari Patxi López, la autoridad moral del PSOE en este tema. Sin embargo, ayer Moncloa, consciente de lo arriesgado de este movimiento, se vio obligada a rebajar la euforia de Ferraz, considerando "insuficiente" el paso. “Deberían pedir perdón, deberían condenar cuando se producen homenajes a etarras condenados al salir de las cárceles", abundó la portavoz, Isabel Rodríguez, en un intento del Ejecutivo por desmarcarse del baile.

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"Está todo acordado desde hace meses. El PSOE necesitaba un gesto extra para poder vender un movimiento que es de dificil digestión para muchos. Y lo vamos a ver en las próximas semanas o meses", corroboran desde el entorno de la izquierda 'abertzale' en Guipúzcoa, donde el PSOE siempre mantuvo un puente con la vieja Batasuna, incluso cuando ETA seguía matando. Estas fuentes confirman el papel relevante de Morales, un veterano fontanero del PSE, que mantiene la interlocución directa con Bildu. Morales es el nexo de unión con el hoy secretario de Organización de Ferraz, Santos Cerdán, el facilitador del acuerdo de investidura de Bildu en Navarra. Y él a su vez responde ante el presidente Sánchez. En el otro lado de la mesa se sitúa Rufi Etxeberria, encargado de dar una salida global al colectivo de presos de la banda. Etxeberria es un histórico de Batasuna, hoy dirigente de Sortu, el partido matriz de Bildu. En los años clave del cese definitivo y después, los principales mensajes del mundo batasuno a las cárceles venían de este dirigente.

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"Mover ficha" en la Fiscalía

La coalición 'abertzale', legalizada en la primavera de 2011 tras rechazar por escrito en sus estatutos la violencia de ETA, exige al Gobierno de Sánchez que complete cuanto antes los acercamientos a cárceles vascas y navarras, con capacidad suficiente para acogerlos a todos, y donde confían que puedan acceder a mayores beneficios ahora que el Ejecutivo de Urkullu tiene la llave (desde el 1 de septiembre pasado). Esta es una de las reivindicaciones proetarras más longevas, como acreditan las banderas que durante décadas cuelgan de los balcones con la leyenda 'Euskal presoak etxera' (los presos, a casa). Ahora reactivarán la campaña de vuelta por Navidad y la tradicional marcha de apoyo que organizan en enero.

Pero su demanda va más allá. Bildu pretende mover la posición de la Fiscalía en el tratamiento de los presos. Antes de disolverse, ETA levantó a sus presos la histórica prohibición de acogerse a la legislación penitenciaria para optar a beneficios. Pero la ley otorga al Ministerio Público un papel clave como muro de contención. Para que los jueces revoquen decisiones de la administración política en las cárceles, por considerar que no se dan las condiciones exigidas por ley, es necesario que la Fiscalía recurra. Y eso es lo que no acepta Otegi. "Los fiscales tienen dependencia orgánica. Y la fiscal general depende del Gobierno. Ahí tienen que mover ficha", enfatiza una de las fuentes independentistas con conocimiento directo de la negociación con el PSE y que también otorga al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero un papel relevante en este proceso.

"Tuvo un gesto importante de venir a Txillare a comer con Arnaldo [una reunión producida el 8 de septiembre de 2018 en el caserío de Elgoibar, donde se fraguó la tregua de 2006]. Allí se dio un salto cualitativo. Lo de los presos va por un camino en el que Zapatero ha estado muy activo", insiste. Precisamente, el expresidente del Gobierno participó ayer en un acto en Gernika donde el PSOE reivindicó su labor en el final del terrorismo, con el exlendakari Patxi López de coprotagonista. Al término del acto, Zapatero calificó como "trascendente" la declaración de Otegi y pidió "generosidad" y "acelerar ritmos". El domingo, el diario 'El País' publicó una entrevista con el expresidente en la que aseguraba que la clave del fin de ETA fue haber mantenido los contactos con la banda de forma secreta tras el atentado en la T4 de Barajas en 2006.

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De lo que "no se ha hablado" con el PSOE, aseguran las fuentes consultadas, es de la posibilidad de cambios legislativos en el Código Penal para reducir, por ejemplo, el cumplimiento íntegro de las penas, que introdujo Aznar en 2003 y que prolonga la estancia máxima en prisión hasta los 40 años por delito de terrorismo. "La norma debe interpretarse en el contexto actual, sin ETA no tiene sentido mantener la excepcionalidad", señalan desde Bildu. "Los presos han dado pasos, no solo en el reconocimiento del daño causado, sino que están pidiendo destinos [trabajos en la cárcel] para progresar de grado. Con Rajoy, no cambió nada. El PSOE ha hecho mucho. Se está haciendo el recorrido penitenciario, pero siguen encontrándose con obstáculos", remarcan en alusión velada al celoso papel de los jueces y fiscales de la Audiencia Nacional, que siguen poniendo objeciones a permisos y terceros grados por la falta de un repudio expreso de los etarras, tal y como ha avanzado este periódico.

Actualmente, hay unos 200 presos de ETA entre las cárceles de España y Francia. La cifra es ostensiblemente menor y más manejable si se compara con los 700 reclusos que tenía la banda cuando decretó el cese definitivo de la violencia hace 10 años. De hecho, según informan fuentes penitenciarias, las tres cárceles vascas de Zaballa (Álava), Martutene (Guipúzcoa) y Basauri (Vizcaya), junto a la de Pamplona (Navarra), tendrían capacidad para asumir ya a todo el colectivo.

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Las autoridades galas comenzaron antes que las españolas a acercar etarras a centros más próximos a la frontera. De la veintena de terroristas que permanecen en territorio francés, solo cinco están más lejos de 330 kilómetros del País Vasco. España aceleró el ritmo de acercamientos una vez que el Gobierno socialista dio por finalizada la política de dispersión mantenida durante un cuarto de siglo. Ya se encuentran en Euskadi y Navarra más de 70 presos. Los hay con delitos de sangre o largas condenas pendientes, una de las líneas rojas que el Ejecutivo prometió inicialmente a las víctimas que no traspasaría.

Hay varios escenarios en que Moncloa podría ir más allá. El primero y más a su alcance es el de completar la política de acercamientos. Esta es una de las reivindicaciones proetarras más longevas, como acreditan las banderas que durante décadas han colgado de sus balcones con la leyenda 'Euskal presoak etxera'. El lugar en el que cumple condena un preso es competencia exclusiva de la Administración.

Acercamientos

Ninguna ley impide al Gobierno realizar movimientos entre cárceles. Más bien al contrario, la legislación recomienda —no obliga— que los internos cumplan condena en lugares más próximos a su domicilio porque se entiende que eso favorece a su reinserción. Mientras ETA seguía activa, se entendía que juntarlos a todos en las mismas prisiones era contraproducente y por ello se los dispersaba. Desde hace semanas, ya no hay ningún preso etarra del colectivo al sur de la Comunidad de Madrid.

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Más allá de dónde cumplir condena, la legislación penitenciaria permite al Gobierno múltiples variantes sobre cómo cumplirla. Cuando sonaban las bombas y las pistolas, prácticamente todo el colectivo de presos permanecía en primer grado penitenciario, el más severo y sin acceso a beneficios de ningún tipo. Hoy, 10 años después del cese y tres desde la disolución, la mayoría está ya en segundo grado y en el tercero, la semilibertad. Esta clasificación también corresponde a la Administración, en concreto, al Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska.

Terceros grados

Los grados se revisan individualmente cada seis meses. Un preso puede pedir la progresión y se lo tiene que proponer la Junta de Tratamiento de la cárcel. Son los profesionales del centro penitenciario, los que están en contacto con los internos. La integran el director, el jurista, el médico, el psicólogo, el trabajador social… Se reúnen periódicamente y toman sus decisiones de forma colegiada. Pero luego tienen que ser refrendadas por Instituciones Penitenciarias. Un tercer grado puede ser revocado por los jueces de la Audiencia Nacional, como fue el caso del etarra Unai Fano que adelantó El Confidencial.

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No obstante, para que eso pase, es imprescindible que la Fiscalía presente un recurso oponiéndose. El departamento que dirige Dolores Delgado es clave en todo este embrollo judicial que afecta a los presos. En los últimos años, el papel de fiscales como Carlos Bautista ha sido clave para frenar muchas excarcelaciones. La última palabra la tienen el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional y después la Sala de lo Penal, en concreto, la Sección Primera, muy contundente en alguno de sus autos contra las decisiones de Interior.

Exigencias especiales

Se da la circunstancia de que el Código Penal exige a los presos terroristas condiciones específicas para acceder a la semilibertad y algunas de ellas se prestan demasiado a la interpretación subjetiva. El artículo 72.6 del Código Penal obliga a los miembros de ETA a "que muestren signos inequívocos de haber abandonado los fines terroristas y además hayan colaborado activamente con las autoridades". "Podrá acreditarse mediante una declaración expresa de repudio (...) y una petición expresa de perdón a las víctimas", dice este apartado introducido en 2003.

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Este es uno de los caballos de batalla de las víctimas, que exigen que se cumplan estos requisitos. Jueces y fiscales denuncian que en ocasiones los terroristas acceden al tercer grado sin haber colaborado a esclarecer atentados sin resolver o habiendo firmado vagos formularios de arrepentimiento como mero trámite. Otro obstáculo con el que se encuentran los etarras para acceder al tercer grado es el artículo 36.2 del Reglamento Penitenciario. Establece que los presos de ETA condenados a más de cinco años —la inmensa mayoría— no pueden optar al tercer grado hasta que no cumplan al menos la mitad de su pena.

El tercer grado tiene diversas modalidades, incluido el control telemático, que permite no regresar a prisión y acerca a la libertad condicional. Esta última estación también la propone la junta, plantea exigencias específicas para los etarras y necesita de la aprobación del juez de vigilancia. El régimen de semilibertad también abre la puerta a optar a más días de permisos penitenciarios, otro de los beneficios en que la Administración tiene margen de actuación para abrir la puerta de las cárceles.

Permisos y el artículo 100.2

En segundo y tercer grado, los presos pueden disfrutar de hasta 36 y 48 días de permiso de salida respectivamente en tramos nunca por encima de siete días seguidos. Los pide el preso, los propone la junta y los tiene que aprobar la Audiencia Nacional. Pero si los permisos son solo de uno o dos días, quien decide es Interior. Si un preso disfruta de varios de estos pequeños permisos de salida sin incidentes, luego es muy difícil que los jueces se opongan a propuestas de salida más largas.

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Existe otra posibilidad para el Gobierno, más excepcional y por tanto compleja de aplicar de manera sistemática. Se trata del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite suavizar la condena. Tiene una redacción ambigua y puede servir para trasladar el preso a casa por motivos humanitarios —el caso De Juana Chaos durante su huelga de hambre— o para salir a diario varias horas de la cárcel para trabajar o formarse —como fue el caso de los etarras arrepentidos de la vía Nanclares—.

La responsabilidad vuelve a recaer sobre la Junta de Tratamiento, pero la diferencia es que en este caso no propone, sino que decide. En caso de otorgar el 100.2, el preso pasa a beneficiarse inmediatamente de esta decisión. Solo regresaría a la cárcel en caso de que la Audiencia Nacional lo revocara, en concreto, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Para eso, es necesario un trámite en el que hay que pedir informe una vez más a la Fiscalía.

Los planes del PNV

Un aspecto a tener en cuenta en relación a la competencia del Gobierno de Sánchez sobre los presos de ETA es que su acercamiento al País Vasco supone perder toda posibilidad de maniobra en favor del Ejecutivo autonómico del PNV. Desde el 1 de octubre, es Vitoria quien tiene las competencias de Prisiones.. La legislación penitenciaria es la misma y los profesionales que componen las juntas de Tratamiento, también.

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La última palabra la seguirá teniendo la Audiencia Nacional, y la Fiscalía seguirá siendo el nexo entre la Administración y los jueces. No obstante, lo que en el resto del Estado depende de Interior, en Euskadi corresponde ahora a la Consejería de Justicia. El mismo margen de maniobra que tiene Sánchez lo tendrá Urkullu. Hasta ahora, todos los mensajes y declaraciones públicas de dirigentes vascos han avanzado que su política potenciará las salidas, beneficios y terceros grados, si bien avisan de que no habrá un trato especial a los presos de ETA.