El plan de repatriaciones de Albares amenaza con sumir a Sánchez en un 'agosto negro'

Existen varios motivos procedentes de Kabul, la capital de Afganistán, que deberían inquietar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en este mes de agosto que se le está complicando demasiado. Al menos tres.

El primero es la imprevisión con la que, aparentemente, se ha organizado el plan de rescate de la delegación española en una ciudad invadida por la barbarie y el caos. El viernes pasado, el Ministerio de Asuntos Exteriores, que dirige José Manuel Albares, anunció la puesta en marcha de un plan para la repatriación. Es cierto que los talibanes han avanzado por el país a gran velocidad, pero mientras Canadá, Alemania, Italia, Reino Unido o República Checa han podido sacar a números destacados de ciudadanos, dos aviones militares españoles esperaban anoche en Zaragoza la hora de despegue, rumbo a Dubái, desde donde volverán a quedar en compás de espera para poder partir a la principal ciudad afgana. El Gobierno precisó al final del día que el primer vuelo saldría a las 22:30 de ayer (finalmente despegó sobre las 23:30) y el segundo a las 9:00 de este mismo martes.

El segundo motivo es la incertidumbre, que es quizás el más inquietante de todos, pues las noticias que durante la jornada del lunes se fueron sucediendo ayudar a la calma, no ayudan nada. El embajador español en Kabul y el servicio de seguridad, compuesto por unos 17 agentes, tuvieron que abandonar la sede diplomática para ir a la de Estados Unidos, y desde allí, a bordo de helicópteros estadounidenses, arribar al aeropuerto de la capital, tomado por centenares de personas dispuestas incluso a morirse con tal de huir de lo que se avecina. Y tomado por tropas talibanas dispuestas a evitarlo. La delegación española, en un aeródromo fuente de imágenes de desesperación, entre los tiros de los propios talibanes para conseguir efectos disuasorios, llegó a la zona militarizada, en donde aguarda la salida. Fuentes policiales explicaron a Alejandro Requeijo que abandonar Afganistán depende básicamente de Estados Unidos y de que una de las pistas de aterrizaje vaya quedando operativa.

El tercer motivo, derivado del anterior, es la lentitud. Mientras varios países han podido rescatar a sus compatriotas, España no podrá hacerlo al menos hasta la jornada de este martes, y siempre y cuando los aviones que lleguen a Dubái puedan reanudar el viaje hacia su destino, que no es otro que Kabul. La inconcreción de los plazos no hace más que avivar la angustia en un contexto que las fuentes consultadas por Alejandro Requeijo han tildado de "dantesco". La incertidumbre afecta al personal que aguarda en el aeropuerto, pero también, y sobre todo, a los trabajadores afganos de la embajada española y de las Fuerzas Armadas, la mayoría traductores e intérpretes. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha hecho un listado con sus nombres para que, llegado el momento de la salida, no falte ni uno. Sin embargo, tanto ellos/as como sus familias no están en el aeródromo, sino en Kabul, ya que la carretera de acceso la controlan los talibanes, que no permiten el paso.

Una preocupante sucesión de acontecimientos

Sánchez se juega mucho en el plan de repatriación que está promoviendo el ministro de Asuntos Exteriores, básicamente porque no puede salir mal. No hay margen de error. Además de Albares, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la de Defensa, Margarita Robles, están ultimando todos los pormenores y proveyendo de información puntual al presidente.

Un error o una cadena de torpezas lesionarían al Gobierno de coalición y ahondarían más la brecha de credibilidad en que lleva tiempo sumido, y que justo intentó revertir el presidente cuando completó la mayor remodelación de un Consejo de Ministros en décadas. La situación de los españoles en el aeropuerto de Kabul no alivia las dificultades encontradas en la gestión del precio de la luz, que se encuentra aún en máximos históricos, o en el "retorno asistido" (expresión de Marlaska) de menores marroquíes, en Ceuta desde la llegada masiva del pasado mes de mayo.

Con el precio de la luz, el Gobierno ha dado muestras de desconcierto y de inoperancia, al menos el sector socialista. Las medidas anunciadas en julio por la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, han quedado desbordadas por la realidad de un mercado que Unidas Podemos quiere domar mediante la creación de una empresa pública. Con los menores que están saliendo de Ceuta, o fugándose de los centros en los que estaban alojados para no tener que regresar a sus casas, las circunstancias no hacen más que empeorar el plan del Ejecutivo. A las denuncias sobre supuestos incumplimientos legales, se ha añadido la paralización del proceso por la Justicia ceutí. A las críticas políticas, incluso las internas, de Belarra, se han sumado las evidentes discrepancias entre Interior y la Fiscalía.

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Agosto está pintando mal para el presidente, porque estas dos crisis, mal gestionadas, pueden agravarse por culpa de una tercera: la repatriación de los españoles que aún están en Afganistán.

Silencio del presidente

Los ministerios de Exteriores, Interior y Defensa no han cesado la interlocución con el objetivo de agilizar los tiempos y, por tanto, despejar la angustia. El goteo de información, sin embargo, ha sido escaso, y se ve que también con los operarios y efectivos militares, que esperaban el lunes en la base aérea de Zaragoza una noticia, una expectativa cuanto menos. Informa Enrique Delgado, citando fuentes de las propias Fuerzas Armadas, que la sensación durante la jornada fue, también, de espera. Por la noche, se confirmaron las horas de vuelos, como antes se ha recordado.

Que en Alemania, Francia, Reino Unido o Estados Unidos los presidentes y primeros ministros hayan comparecido para explicar los aspectos de las operaciones de retorno y para reprobar la llegada al poder de un nuevo Gobierno talibán contrasta con el mutismo del mandatario socialista, a quien únicamente se le puede atribuir un tuit en términos elogiosos con el personal de Defensa preparado para viajar a Afganistán y de compromiso con la defensa de los derechos del pueblo afgano. Tampoco se convocaron ruedas de prensa para que un ministro o ministra respondiera a las preguntas de los periodistas; ni siquiera declaraciones institucionales se organizaron, lo que, de haber ocurrido, hubiera resultado a todas luces insuficiente.

La solidaridad de algunos cargos públicos, casos, por citar dos ejemplos, del alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, quien anunció que las fuentes de la ciudad lucirían los colores de la bandera afgana en muestra de apoyo a su pueblo y a los derechos de las mujeres, o de la presidenta de Baleares, Francina Armengol, que instó a la protección de los refugiados y de los solicitantes de asilo, también chocó con la opacidad del Gobierno a pesar de los esfuerzos de Albares por exhibir lo contrario.

El jefe de la diplomacia española, incorporación reciente al Gobierno en sustitución de Arancha González Laya, telefoneó el lunes a los portavoces de los grupos parlamentarios en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso. Les explicó los preparativos, han indicado a El Confidencial fuentes conocedoras de las conversaciones, y les pidió unidad en un asunto "delicado" y, por ello, "de Estado". Les mostró optimismo en cuanto al desenlace de los planes, puesto que, dice una diputada que recibió la comunicación del ministro, dijo que España sería de los primeros países en sacar a toda la delegación de Afganistán.

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Para una de las fuentes parlamentarias consultadas, entrar en la disputa por ver quién desalojará primero es "absurdo". De lo que se trata aquí, añade, es de que las garantías sobre el regreso del embajador, del personal diplomático y policial y de los propios ciudadanos que queden sean absolutas. Y cuando pase todo, que Albares dé explicaciones.

Defensa de los derechos de las mujeres

El PP, Vox y Cs han registrado sendas peticiones de comparecencia, a la vez que han exigido a Sánchez que abandone por un momento el descanso estival para hablar sobre lo que está haciendo su Gobierno y lo que prevé llevar a cabo. Las peticiones de comparecencia, por cierto, se debatirán en una sesión de la Diputación Permanente prevista para la semana que viene, y tal y como están los ánimos en la Cámara no sería extraño que un miembro del Ejecutivo deba comparecer de urgencia. Le sucedió a la exvicepresidenta Carmen Calvo hace dos años, cuando se vio obligada a aclarar ante el pleno las decisiones adoptadas sobre el rescate de la embarcación Open Arms.

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Ciudadanos, además, ha presentado una proposición no de ley para que el Gobierno, en la esfera internacional, favorezca el trazado de un corredor humanitario, así como que facilite protección a los afganos afectados e impulse un reasentamiento extraordinario. Más País e IU plantean iniciativas similares. El PP, además de exigir explicaciones a Sánchez, recurrió a la ironía para criticar la publicación en el BOE de un puesto de trabajo en la embajada de Afganistán. "¿Hay alguien en el Gobierno que se tome en serio lo que está sucediendo en Afganistán?", protestó el responsable de Internacional del partido, Pablo Hispán. Vox, a través de Javier Ortega, puso el énfasis en evitar que entre los refugiados que lleguen a España haya terroristas.

Sobre las conversaciones con los portavoces, Albares tampoco dio muchos detalles. En un par de tuits, afirmó que "la transparencia y la colaboración son clave para que la política exterior de España sea exitosa", más tarde, en otros dos, reveló que había hablado con el alto representante de la UE, Josep Borrell, y con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, para transmitir en nombre del Gobierno español la defensa de los derechos de las mujeres afganas. Esto es algo en lo que han hecho hincapié los dos socios fundamentales del PSOE: Unidas Podemos, por medio de la ministra Ione Belarra, y ERC, por medio de su portavoz, Gabriel Rufián.