Podemos desgasta al Gobierno con el precio de la luz y cuestiona sus reformas clave

El precio de la luz se ha disparado en esta semana a su nivel más alto de la historia. Aunque lleva desde mediados de marzo en un rango anormalmente elevado, en los últimos seis días ha pulverizado todos sus récords, con máximo tras máximo durante cinco días consecutivos. Un golpe sobre el bolsillo de todos los ciudadanos que amenaza la recuperación económica tras la pandemia. Una escalada que se produce durante la semana en la que la agenda política está más vacía de contenido en todo el año, lo ha provocado que la tensión mediática y política respecto a dicha cuestión haya ido aumentando en la misma medida en que se encarecía el recibo eléctrico.

El panorama ha provocado una avalancha de críticas desde todos los frentes al Gobierno, que se ha encontrado cada vez más aislado. En la semana de más calor del año, toda la oposición, las compañías eléctricas, las asociaciones de consumidores, incluso el Banco de España o la Comisión Europea han lanzado dardos al Ejecutivo por el encarecimiento de la electricidad. Pero las críticas más sensibles han llegado de su socio de Gobierno, que ha arremetido contra la acción —o inacción— de sus compañeros de consejo de ministros respecto de la subida de la luz.

De hecho, sus andanadas han dejado en un segundo plano las críticas del PP a Pedro Sánchez por mantenerse en silencio y de vacaciones mientras se dispara la luz y pese a lo que decía cuando estaba en la oposición o que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, hiciera gala de sus vacaciones en redes sociales precisamente en esta situación.

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No es la primera vez que, de manera coordinada, Podemos lanza una campaña cuando se tensionan los precios de la luz. Lo hizo en enero durante el temporal de Filomena, cuando también registró precio récord el recibo eléctrico, y lo ha vuelto a hacer ahora pese la calma que se había instalado en el seno del Ejecutivo tras la salida de Pablo Iglesias y su posterior abandono del partido y de la política.

Uno de los miembros de Podemos más próximo al exvicepresidente del Gobierno, Pablo Echenique, fue quien prendió la mecha cuando llamó a las movilizaciones esta semana por el precio de la luz pese a que su partido es parte del Ejecutivo. A lo anterior respondió María Jesús Montero, que dijo que en un Gobierno de coalición lo normal es ir todos a una.

Pero la tensión política, a la par que el precio de la luz, fue 'in crescendo' hasta que este jueves el propio Echenique, que ha contado como escudero para amplificar sus mensajes con el líder de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, aseguraba que el Gobierno podría bajar la luz de forma inmediata recurriendo a la figura del real decreto ley, con el que limitar los ingresos de las nucleares y las hidroeléctricas.

Echenique puso en cuestión una de las reformas más delicadas que tramita el Ejecutivo en materia energética. No en vano, su principal afectado es Iberdrola, empresa más grande del País Vasco, con mucha influencia sobre el PNV, uno de los socios prioritarios del Gobierno de coalición en el Congreso de los Diputados. Podemos puso de relieve este jueves una de las cosas más difíciles de explicar para el ministerio para la Transición Ecológica que es por qué esa ley que tramita para limitar los ingresos de las eléctricas no se activó por real decreto dada la urgente necesidad.

El golpe, si cabe, se ha visto respaldado también este jueves por el diario 'El País'. En un editorial titulado "El sector eléctrico no admite más demoras", el periódico de Prisa explicaba que para minorar la retribución de las eléctricas el Gobierno eligió "la vía del anteproyecto de ley, que requiere de largos meses de tramitación, en lugar del real decreto ley, que habría permitido su inmediata entrada en vigor, un instrumento que el Gobierno ha utilizado en otros casos en los que la urgencia estaba mucho menos justificada".

Exactamente la reivindicación que le hace Podemos y que tumba el discurso que está tratando de mantener el Ministerio para la Transición Ecológica de que no existe una medida salvadora que se pueda aplicar de un día para otro. El Gobierno ya aprobó dos reales decretos leyes en 2006 y 2008 para reducir los ingresos de las eléctricas justificando entonces la urgente necesidad. Precisamente esos reales decretos de la etapa de Zapatero son en los que está inspirado el proyecto de ley que quiere aprobar ahora el Gobierno y ya ha remitido a las cortes. Por otro lado, el Ejecutivo de Sánchez ha sido apercibido por abusar de la figura del real decreto ley, tal y como remarcaba en su editorial 'El País' esta semana.

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Ante este panorama, este viernes salía a replicar la vicepresidenta Tercera y ministra para la Transición Ecológica que cargaba con dureza contra Podemos. Teresa Ribera ha acusado a sus socios de Gobierno de generar falsas expectativas a los ciudadanos con la posible bajada de la luz. Aseguraba que "no hay una varita mágica para esta cuestión" y añadía que "quien crea que esto se soluciona con una publicación en el BOE de algo mágico de un día para otro o bien no tiene ni idea de lo que está hablando o bien está haciendo demagogia barata".

Pero tras sus duras declaraciones el gurú económico de Podemos y secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, pedía al Gobierno "humildad" y le recordaba al PSOE que "pese a sus esfuerzos la luz no baja". Por eso, una vez más le instaba a recurrir al real decreto ley para sacar adelante tanto el recorte a las eléctricas como el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), que pretende sacar las primas a las renovables de la factura de la luz para abaratarla a costa de subir gas y carburantes.

Ante la insistencia de las preguntas sobre si se puede bajar la luz con un decreto ley de hoy para mañana, la vicepresidenta Tercera negaba dicha posibilidad. "Mañana no se puede bajar la luz con un decreto ley salvo que hagamos una especie de Brexit del mercado europeo de la electricidad", zanjaba. La ministra competente en la política energética nacional ha dado pistas durante la semana sobre la dificultad de reformar el mercado marginalista. Ha asegurado que al vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, no le encaja esta cuestión que se le planteó previamente por carta.

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El Gobierno se encuentra en una encrucijada. Mientras su socio de consejo de ministros le amenaza con manifestarse en las calles y le pide que apruebe ya el recorte a hidráulicas y nucleares para bajar la luz, la Comisión Europea le niega las reformas del mercado común dentro de Europa en plena tramitación del proyecto de ley con el que pretende minorar la retribución de las eléctricas, que supone un golpe anual a sus ingresos de 625 millones tras ser matizado con las recomendaciones de la CNMC (en principio el recorte era de 1.000 millones).

El cabreo en el seno del Ejecutivo va en aumento, a la par que el precio de la luz, cuando saben de la dificultad de sacar adelante una reforma de este calado para recortar los ingresos a las eléctricas sin que ello afecte a la necesaria inversión foránea en energías renovables, sensibles ya al cambio regulatorio. Y sobre todo que tenga la suficiente consistencia para que las empresas eléctricas, asesoradas por los abogados con más experiencia, no la tumben en los tribunales. De ahí su empeño en ir vía ley, mucho más reforzada jurídicamente, que el real decreto ley.

Por eso, diversos analistas creen que el desgaste de Podemos, que circunscriben en clave electoral, no ayuda a sacar adelante esta reforma clave prevista para el otoño (Ribera aseguró este viernes que podría estar en noviembre). Este mismo viernes, era Félix Bolaños, ministro de Presidencia y uno de los hombres más próximos a Pedro Sánchez, quien recordaba que en la hipotética creación de una empresa pública donde se aglutinen las concesiones hidráulicas que vayan venciendo, otra propuesta que ahora estima el Gobierno y que Podemos ha aplaudido —está en su programa electoral a las elecciones generales de 2019—, es muy importante la seguridad jurídica.