El plan de Podemos no bajará la luz: solo puede recuperar un 3,5% de hidráulicas hasta 2030

Los principales líderes de Podemos se congratulaban este jueves de que la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, abriera la puerta a la creación de una empresa pública para gestionar las centrales hidroeléctricas. La titular del ramo competente en materia energética señalaba esta posibilidad para "ofertar energía de otra manera". Las declaraciones se producen con el precio de la luz desbocado, que este viernes registra su quinto máximo histórico consecutivo (117,29 euros/MWh), y después de que el propio Podemos amenazara con movilizaciones por los precios históricos de la electricidad. Dichas palabras de Ribera, además, han sido aplaudidas horas después por Ione Belarra. La ministra y secretaria general de Podemos se hacía eco de este anuncio y añadía que debía "afrontar con urgencia y valentía la situación crítica del precio desorbitado de la factura de la luz".

Ribera aseguraba este jueves que el reto no es movilizarse, como amenazaba su socio en el Ejecutivo, sino encontrar soluciones. Pero a pesar del mensaje que ambos partidos del Gobierno están lanzando al mercado ahora, la creación de una empresa pública que gestione las centrales hidroeléctricas cuya concesión vaya caducando, como proponía Podemos en su programa de las elecciones generales de 2019, no tiene efectos sobre el precio de la electricidad que sufren las familias, destacan expertos del sector.

En primer lugar, porque solo hay 31 centrales hidroeléctricas en España, que suman alrededor de 700 MW de potencia de un total de más de 20.000 MW instalados, cuya concesión expira durante la próxima década. Es decir, el 3,5% del total. La ley refundida de aguas determina que las concesiones hidráulicas a las compañías eléctricas duran 75 años. Sin embargo, existe una gran opacidad sobre cuál es el momento en que concluyen estas concesiones, muchas de las cuales datan de los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado.

El Ministerio de Transición Ecológica remitió a 'elDiario.es' un listado con las 31 centrales que concluyen su explotación entre 2024 y 2031. La mayoría de las mismas (un 61%) son explotadas por Iberdrola mientras el 39% restante está en manos de Naturgy, Endesa, Acciona y otros operadores de menor tamaño. El Gobierno aún no ha anunciado qué quiere hacer cuando expiren las concesiones.

Esto significa que, dentro de una década, las eléctricas seguirían controlando el 96,5% de la potencia hidráulica instalada, con lo que la propuesta de Podemos, que ahora recoge el Gobierno, apenas cambiaría el actual 'statu quo'. Hay otras estimaciones, como la realizada por el Observatorio de la Sostenibilidad, que calcula que un 8% de concesiones hidráulicas ya habría caducado y otro 7% lo podría hacer hasta 2030. Sin embargo, las eléctricas han logrado extender algunas de esas concesiones después de realizar inversiones en algunas de estas centrales. No obstante, no existe claridad sobre la situación de cada central. Todas las demás, la gran mayoría, tienen licencia de explotación más allá de 2030, detalla el Observatorio de la Sostenibilidad en su informe.

Dentro de una década, las eléctricas seguirían controlando el 96,5% de la potencia hidráulica

En cualquier caso, los expertos en el mercado eléctrico recuerdan que el hecho de que una concesión hidráulica pase a ser de gestión pública no logra por sí mismo abaratar el precio de la luz, sino que el efecto es que los ingresos van a esa compañía pública y no a otras cuyos accionistas son privados, que pagan un 25,5% de canon hidráulico por el uso de aguas continentales.

El sistema de casación de precios permite a las hidráulicas ofertar al coste que lo hace una central de gas para hacer un uso eficiente de los recursos hídricos. Al tratarse de un bien escaso, se busca que el efecto de turbinar agua sea lo más eficiente posible. Si las centrales hidráulicas evacuaran toda el agua a precios bajos, no se dispondría de ese recurso para los momentos de tensión. Si ahora las hidráulicas no estuvieran disponibles, el precio de la luz subiría aún más, ya que la demanda debería ser cubierta con otras centrales de gas de mayor coste (dependiente de las cotizaciones internacionales), que gracias a la presencia de la hidráulica se quedan fuera del mercado. Por eso se le da el incentivo del coste de oportunidad. Concluir, por tanto, que una empresa pública que gestione las centrales hidráulicas puede bajar la luz es un error, explican expertos del sector.

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Hasta ahora, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, había descartado esta propuesta alegando que no tendría efectos sobre el mercado eléctrico. Sin embargo, en la actual tesitura de precios récord y con una avalancha de críticas, este mismo jueves ha contemplado esta posibilidad.

Otra de las medidas que ha puesto encima de la mesa ha sido la de minoración de la retribución de hidráulicas y nucleares, actualmente en tramitación. Esta propuesta no modifica la forma de participar de la hidráulica en el mercado, por lo que logra reducir su retribución sin desincentivar su uso eficiente.

Podemos siempre se ha mostrado proclive a esa medida. Es más, el partido morado quería ir un paso más allá y haber introducido dicho recorte a las eléctricas por real decreto-ley, en lugar de como proyecto de ley. La diferencia es que uno hubiera tenido un efecto inmediato mientras que otro tardará meses en ponerse en marcha, si es que las Cortes lo aprueban. Este mismo jueves, el diario 'El País' pedía, a través de un editorial, actuar sin demoras sobre los altos precios de la luz. En el mismo, afeaba al Ejecutivo no haber aprobado el recorte a las eléctricas por real decreto, tal y como pedía Podemos, dado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha utilizado esta medida cuando la urgencia estaba mucho menos justificada.