El eterno negocio eléctrico del río: Iberdrola explotará esta presa en Zamora 114 años

El 24 de agosto de 1926, dos meses después de que fracasara un golpe de Estado para derrocar la dictadura de Primo de Rivera y un día después de la muerte en Nueva York del galán Rodolfo Valentino, la Gaceta de Madrid, el BOE de la época, publicaba la concesión para la construcción de la presa de Ricobayo. El caudaloso río Esla, afluente del Duero muy cerca de la frontera con Portugal, iba a traer a España la energía hidroeléctrica, entonces ni prevista en la ley de aguas. "Estas obras, señor, darán en su conjunto riquezas y esplendor a vuestros viejos reinos de Castilla y de León", explica el texto.

La Compañía Anónima Sociedad Hispano Portuguesa de Transportes Eléctricos recibió una concesión y tres años después, en 1929, empezó una obra monumental en este rincón de Zamora. "Mi padre contaba que entonces esto parecía un pequeño Madrid", recuerda Eugenia, de 88 años marcados en la cara. Eugenia está tomando el sol en la puerta de su casa en Muelas del Pan, el Ayuntamiento al que pertenece Ricobayo. Se acerca su vecina Magdalena explica que ni los más viejos del lugar pueden recordar ya la construcción, que obligó a trasladar piedra a piedra la iglesia románica de San Pedro la Nave para que no fuera anegada.

Toda la comarca depende de la presa, un enorme pantano de 1.200 hectómetros cúbicos de capacidad. El agua parece limpia, hay un chiringuito con unos barcos y multitud de restaurantes para los turistas. El estiaje no se nota demasiado. El embalse se encuentra al 70% de su capacidad por lo que tiene buen aspecto. Cuando hay sequía, entre el fango asoman los pueblos, puentes y molinos del valle que quedaron anegados.

Las paredes del salón de plenos del consistorio están decoradas con fotos históricas de la construcción. Llegó a haber 2.600 obreros que dormían hasta en los pajares porque no estaba preparado. Fernando López Heptener, fotógrafo y cineasta de Zamora, inmortalizó miles de imágenes de la obra, para la que hubo que conseguir primero un acuerdo entre España y Portugal sobre el uso del Duero. "Este era un pueblo alfarero pero con la presa cambió todo", explica en su despacho Luis Alberto Miguel, alcalde de Muelas del Pan, de 640 habitantes.

En España, los ríos y la costa son dominio público y solo operan bajo una concesión estatal. Pero en el caso de las eléctricas esos plazos son enormes, casi eternos, y muy pocas han vuelto al Estado. La de Ricobayo es uno de los mejores ejemplos. El Confidencial ha conseguido el expediente de la concesión a través de la Ley de Transparencia. A lo largo de casi un siglo, los documentos explican cómo Iberdrola, heredera de la concesionaria original, tiene permiso para explotarla hasta 2040. Eso suponen 105 años desde que comenzó la explotación y 114 años desde la concesión original en la Gaceta de Madrid. Y eso, pese a que la concesión original hablaba de 99 años de máximo de concesión y a que una ley de 1964 limitaba las concesiones públicas a menos de un siglo para que nadie pudiese reclamar la propiedad.

La historia de Ricobayo es la del lucrativo aprovechamiento eléctrico de los ríos por parte de las eléctricas e ilustra un creciente debate político y económico. Aunque la ley de aguas vigente a principios del siglo XX contemplaba las concesiones a perpetuidad, la de Ricobayo ya establecía un límite temporal. "Esta concesión se otorga por el plazo de 75 años, que podrá extenderse hasta los 99 años". El tiempo comenzaría a contar cuando Ricobayo empezase a producir electricidad. En aquel momento ya se preveía "la reversión al Estado" pasados los 75 años.

Aunque la primera electricidad de la presa salió hacia Bilbao y Salamanca en 1934, la fecha oficial desde la que se cuenta es el 4 de febrero de 1935. Así lo establece una resolución de la dirección general de Obras Hidráulicas de 18 de febrero de 1958, cuando el franquismo parecía empezar a poner papeles en orden después de la posguerra. Los documentos están escritos a máquina y con los viejos sellos del ministerio, lo que no les resta validez legal. El salto de agua, que hace que mueva una turbina y genere electricidad, tiene una potencia de 133 megavatios. La sociedad ya era Iberduero, que había absorbido a la sociedad Hispano Portuguesa en 1946.

En 2010, la presa debía volver al Estado, que podría explotarla directamente, sacarla a concurso y aumentar enormemente el canon que ingresa o incluso plantearse la demolición por motivos ambientales. Pero en 1990, antes de que llegara esa fecha, Iberduero presentó un proyecto de ampliación. Quería construir Ricobayo II, un nuevo salto junto al otro y que añadiría 151 megavatios de potencia. El proyecto solo salió a información pública en el boletín oficial de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de esta localidad. No hubo reclamaciones.

El plan de Iberduero era invertir 7.651 millones de pesetas (46 millones de euros) de la época. El reglamento de dominio público hidráulico de la época, una norma de rango menor, establecía una fórmula para ampliar las concesiones si las eléctricas invertían, algo que hicieron masivamente dado el buen negocio que supone. Con esa fórmula, el Gobierno socialista de Felipe González ampliaba la concesión de Ricobayo en 30,33 años, hasta 2040. Superaba los 99 años previstos originalmente, un plazo que fue ratificado como tope en la ley del sector público de 1964. El régimen de Franco consideró que las "concesiones o autorizaciones sobre el dominio público se incluirá necesariamente el plazo de duración, que no podrá exceder de noventa y nueve años" porque después de eso podía generar derechos de propiedad.

La ley establece un plazo máximo de 99 años, pero una extensión de 30 años daba a Iberdrola más de un siglo de uso del Duero

Al poco de presentar el plan, Iberduero pasó a llamarse Iberdrola, que sigue explotando hasta hoy la central y que, en contra de lo previsto inicialmente y en la ley, tiene una concesión para más de 100 años. El acuerdo del subdirector de dominio público hidráulico no tiene en cuenta que superaba ese plazo. El documento no se publicó en ningún boletín oficial. No existe un registro público donde consultar la caducidad de las concesiones hidroeléctricas. En los 90 proliferaron las extensiones de las concesiones. En 1996, el Gobierno de Aznar nombró secretario de Estado de Agua a Benigno Blanco, hasta entonces director de los servicios jurídicos de Iberdrola.

Teniendo en cuenta que la mayoría se construyeron en la primera mitad del franquismo se acerca el plazo de vencimiento, como resaltó en 2018 un informe del Observatorio de la Sostenibilidad, que será actualizado: "Las centrales hidroeléctricas se realizaron mayoritariamente en la década de los cuarenta y cincuenta, y muchas de ellas se encuentran en periodos próximos a la finalización de las concesiones". Según este, en los próximos diez años caducarán las concesiones de 45 centrales. Fernando Prieto, coautor del informe, critica la opacidad con la que se han renovado las concesiones durante décadas: "No hay ningún tipo de información pública sobre esto".

El Ministerio de Transición Ecológica, que no ha querido hacer declaraciones para este artículo alegando que está en funciones, afirmó hace dos meses en respuesta a este diario que preparaba un registro público que estaría listo en dos años. Los fondos de inversión que buscan concesiones caducadas o a punto de vencer lo hacen de confederación en confederación, de boca a oreja, buscando amigos en la Administración. Iberdrola tampoco ha querido hacer comentarios. Ni la Confederación del Duero, dependiente del ministerio, ha contestado a cuánto cobra de canon a la eléctrica. La patronal eléctrica tampoco contestó a la llamada de este diario.

Es imposible saber cuánto ingresa Iberdrola por Ricobayo, una de las grandes presas del Duero y de España. Un cálculo moderado estimando unas 3.000 horas de producción al año y el coste medio de 60 euros por megavatio hora daría unos 30 millones de euros de ingresos anuales. Pero es solo una aproximación porque depende de la producción y de su turbina en las horas en las que la electricidad es más cara.

Iberdrola no ha querido comentar las cifras, pero es evidente que la hidroeléctrica es un fabuloso negocio eléctrico. "La central está más que amortizada", señala el alcalde, que critica que pese a los beneficios Iberdrola cada vez da menos al pueblo. Este año dejó de subvencionar la carrera ciclista del gran premio de San Juan y al que hasta ahora daba 18.000 euros al año. El poblado en el que vivían los trabajadores y que llegó a dar techo a 360 personas está casi vacío. Los columpios enrobinados dan fe de que hay pocos niños ya. La tecnología permite manejar estas centrales a distancia y acudir cuando hay un problema. El edil, que ya ha ganado un pleito por los tendidos eléctricos, critica que la empresa se lleva ahora un centro de gestión a Salamanca. "Luego hablan de la despoblación", se lamenta.

La hidráulica cubrió el año pasado el 13,2% de la demanda eléctrica. El mercado eléctrico hace que todas las tecnologías cobren el precio más caro. Es decir, que Ricobayo, construida hace casi un siglo, recibe la misma retribución que una central nueva de gas. El libro blanco de la electricidad, encargado por el Gobierno de Zapatero en 2005, advertía del "desequilibrio muy fuerte en contra de los consumidores, a la vista de los amplios márgenes previsibles de explotación de las tecnologías hidráulica y nuclear y de las amplias vidas útiles técnicas —hasta el final de la concesión en el primer caso—".

Según esto, que fue rebatido por las eléctricas, las empresas estaban haciéndose de oro con la hidráulica y la nuclear. El acuerdo de presupuestos que pactaron el pasado mes de agosto el PSOE y Unidas Podemos incluía un hachazo a la hidráulica, pero nunca se llegó a implantar. Incluso si el PSOE y Unidas Podemos vuelven a pactarlo es previsible que el PNV lo torpedeara, ya que Iberdrola tributa en el País Vasco y los partidos dan por hecho que los nacionalistas vascos lo impedirían.

Solo aquel acuerdo hizo caer en bolsa a las eléctricas 3.400 millones. "Solo con poner en un papel que iríamos a por la hidráulica las eléctricas cayeron miles de millones en bolsa. Es lo más cerca que he estado de desestabilizar el capitalismo", ironizaba entonces un diputado de Unidas Podemos. Unidas Podemos aspira a controlar un ministerio de Medio Ambiente si se formaliza la coalición con el PSOE, pero da por hecho que no tendría las competencias en energía.

Cuando ocurrió aquello y los inversores preguntaron a Iberdrola, la compañía respondió que sus centrales hidroeléctricas estaban a mitad de su vida concesional (34 años transcurridos y 35 pendientes) y que tenían una amortización pendiente en libros de casi 4.500 millones de euros en estas plantas. Añadió que en la última década ha invertido 2.500 millones en hidráulica. Además del canon a la confederación, las centrales hidroeléctricas pagan un canon que supone el 25% de su producción y que fue elevado por el Gobierno de Rajoy desde el 22,5%. Iberdrola acusó un impacto de 400 millones de euros en su negocio en 2017 por la sequía.

Cuando estaba en la oposición, el PSOE también atacaba la sobrerretribución de la hidráulica. Lo hacía especialmente el ala más ecologista y que durante el último año ha asumido las competencias de Energía con Teresa Ribera en el ministerio de Transición Ecológica. Sin embargo, en el primer año del Gobierno de Pedro Sánchez no llegó a tocarlo pese a amagar con ello. Significativamente, el expediente al que ha tenido acceso este diario está anotado a lápiz, como si alguien del departamento hubiese repasado la concesión de Ricobayo. "No lo han hecho", se lee al lado del punto que explica que la central necesitaba de un acta con las características esenciales de la obra de ampliación en los 90.

Con el Gobierno de Zapatero el Ministerio de Medio Ambiente ya buscó cómo afrontar el tema de las concesiones eternas pero nunca avanzó. Las confederaciones hidrográficas son muy tolerantes con las eléctricas. Xavier de Pedro fue presidente de la Confederación del Ebro entre 2011 y 2015. Miembro del PAR llegó al cargo gracias a un pacto con el PP. Él fue uno de los pocos que afrontó el tema y rescató para el Estado el salto de El Pueyo, en Jaca, una concesión de los años 20 que seguía en manos privadas pese a llevar años caducada. "Cuando llegué ya había algunas concesiones que habían terminado el plazo y puse en marcha la reversión e hicimos la primera de ellas. El control administrativo sobre las concesiones era muy limitado por decirlo de alguna manera", explica De Pedro.

El ministerio que dirigía Miguel Arias Cañete dejó que caducara uno de los expedientes de reversión que inició y también demoró el plan para que las eléctricas abonaran a la confederación la energía reservada, un pago en especie que tenían que hacer según la concesión y que no estaban cumpliendo. De Pedro consiguió así 30 millones de Endesa. El expresidente señala que la hidroeléctrica no implica una gestión complicada. "Es un negocio sencillo, comunidades de regentas y pequeños municipios gestionan aprovechamientos hidroeléctricos. Las confederaciones tienen recursos personales de primera línea".

Las concesiones son polémicas cuando afectan al ciudadano en su día a día. El mejor ejemplo son las autopistas de peaje, donde se han producido polémicas cuando se prorrogaba una concesión. La AP-1, parte de la AP-7 y de la AP-4 entre Sevilla y Cádiz vencen a final de año y Fomento ha anunciado que no las prorrogará. El Estado asumirá la gestión y el mantenimiento para evitar que los conductores paguen peajes.

Pero hay otras concesiones mucho menos polémicas porque no son tan vistosas. Es el caso de las hidroeléctricas o las concesiones en la costa como los puertos deportivos. Muchas concesiones de puertos deportivos empiezan a vencer, pero comunidades como Andalucía y Canarias han legislado para prorrogarlas en contra de la ley estatal y para evitar que se abran a la competencia. Hay más 'ricobayos' repartidos por España.