Los gestos políticos, la agenda legislativa y los liderazgos que esperan tras el 4-M

El miércoles empieza otro capítulo de la nueva temporada de la legislatura. Año y medio después de las últimas elecciones generales, pero cerca de un siglo si se considera la cantidad de episodios, giros y acontecimientos que se han producido desde aquella cita con las urnas.

Si se cumplen los pronósticos coincidentes de todas las encuestas, el martes 4 de mayo por la noche la triunfadora será Isabel Díaz Ayuso, convertida en fenómeno político en esta legislatura, y el fracaso llevará el nombre de Pedro Sánchez y parte de su equipo que ha dirigido desde la Moncloa la campaña electoral y a su candidato, Ángel Gabilondo.

Habrá voces internas que pongan en cuestión que el Gobierno y el partido estén en manos de un asesor, Iván Redondo. Algunos ya lo hacen en voz baja para expresar su sorpresa por la zigzagueante campaña, y es posible que alguno se atreva a hacerlo a media voz si se cumplen los peores pronósticos. Miembros del Gobierno no descartan para las próximas semanas gestos para reactivar el Ejecutivo y retomar la iniciativa, como cambios en ministerios, anuncios de medidas en un debate sobre el estado de la nación y otros de la factoría de la Moncloa.

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El líder del PP, Pablo Casado, podrá iniciar una nueva etapa de su mandato al frente del partido con Ciudadanos en trance de disolución y Vox frenado en su ascenso, pero con el inconveniente de tener una baronesa fortalecida para seguir actuando por libre y sin límites, ni nadie que se los ponga.

Si hay sorpresa mayúscula y puede gobernar la izquierda, los fortalecidos serían el presidente del Gobierno y su estrecho colaborador, con refuerzo para avanzar en la legislatura, mientras el líder de la oposición volvería a ser cuestionado como tal y se desinflaría el efecto Ayuso y su mantra de la 'libertad'.

En todo caso y pase lo que pase el martes electoral de Madrid, no son solo unas elecciones autonómicas, y su repercusión en la política nacional es obvia. Tanto como que ha tenido frenada la iniciativa legislativa del Gobierno, ha congelado las relaciones entre el Ejecutivo y sus socios parlamentarios, ha mantenido bloqueados los necesarios acuerdos entre Moncloa y oposición y ha afectado a liderazgos como el de Unidas Podemos, entre otros efectos.

Queda aplazada la negociación de las exigencias de Bruselas para concederlos, como la reforma laboral o la de las pensiones

El primer deber del Gobierno, prácticamente el único que ha mantenido durante el periodo electoral, es el de la gestión de los futuros fondos europeos y, obviamente, la lucha contra la pandemia. Aunque incluso esos dos asuntos tienen importantes aspectos pendientes por las elecciones. El primero es el del fin del estado de alarma el próximo 9 de mayo, y el Gobierno mantiene inalterable su discurso contrario a prorrogarlo y también a aprobar una norma alternativa. Deberá gestionar el malestar y las exigencias de presidentes autonómicos de distinto signo político. Y sobre los fondos, queda aplazada la negociación de las llamadas condicionalidades, es decir, las exigencias de Bruselas para concederlos, como la reforma laboral o la de las pensiones, entre otras.

El objetivo del Gobierno es que la reforma laboral, pactada con empresarios y sindicatos, esté terminada antes de final de 2021. En ello está volcada la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz. Pero lo que ha ocurrido con la reforma del IRPF para eliminar la declaración conjunta da idea de lo que puede ser la negociación con Bruselas sobre esas reformas y las dificultades para sacarlas adelante en el Parlamento. Esa reforma está en el documento enviado a Europa, nunca informó de ello el Gobierno y cuando se ha conocido, el Ejecutivo le ha quitado hierro y se ha remitido a las futuras conclusiones del grupo de expertos.

Es previsible que, días después de las elecciones de Madrid, Félix Bolaños, secretario general de Presidencia, y Teodoro García Egea, número dos del PP, vuelvan a contactar para abordar de nuevo la renovación de órganos constitucionales, especialmente del Consejo General del Poder Judicial, que ha quedado prácticamente bloqueado por la reciente reforma legal.

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Desde que se frenaron las conversaciones, ha habido novedades. Especialmente la de la intervención de las instituciones de la Unión Europea para exigir cambios legislativos. Esos cambios no se aplicarán en esta renovación, pero del hipotético acuerdo entre PSOE y PP debe salir algún tipo de camino para modificar el sistema de elección.

En las negociaciones anteriores, ya se habló de crear una subcomisión en el Congreso que estudie esa reforma, pero fuentes del PP aseguran que ahora no habrá más remedio que caminar hacia la elección corporativa de 12 de los 20 vocales del CGPJ. Fuentes del Gobierno dan por hecha la renuncia a la candidatura de José Ricardo de Prada, nombre que antes impidió el pacto. Los dos partidos pretenden que no haya pacto expreso sobre el presidente, al menos, de forma pública.

Estaba acordado el nombramiento de Ángel Gabilondo como defensor del pueblo y ahora habrá que repensarlo. Casado no lo descarta si el PP gobierna en Madrid, pese a que Ayuso le dijo en el debate de Telemadrid que su partido no lo aceptará.

Otro foco político será Cataluña. Si no hay acuerdo entre Junts y ERC, se repetirían elecciones, y si lo hay, empieza un nuevo pulso institucional

Otro foco político será el de Cataluña, donde aún no hay Govern, porque no termina de cristalizar el acuerdo entre los tres partidos independentistas: ERC, Junts y CUP. Si no hay acuerdo, se repetirían elecciones en julio, y si lo hay, empieza un nuevo pulso institucional.

El Gobierno tendrá pendiente constituir la mesa de diálogo con Cataluña para abordar ese conflicto y tiene en la carpeta de pendientes la situación de los presos independentistas. Queda aún el informe del Tribunal Supremo sobre los indultos, que, previsiblemente, será desfavorable. El Gobierno ya ha dejado caer que se inclina por conceder indultos parciales, pero lo hará acompasando con el proceso de diálogo y a cambio de destensar el conflicto.

Y también tiene en el cajón la reforma de los delitos de sedición y de rebelión. La propuesta está terminada hace meses en el Ministerio de Justicia y, de hecho, fue anunciada en su momento como un proyecto urgente que se aprobaría antes de fin de 2020. Las elecciones de Cataluña y de Madrid han frenado la reforma legal que rebajaría la pena notablemente a los presos del proceso independentista.

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En paralelo, el departamento de Juan Carlos Campo tiene también ultimada la reforma de los delitos de opinión para precisar el enaltecimiento, evitar las penas de prisión y tipificar la defensa del franquismo. Esa reforma fue anunciada en febrero y también quedó frenada por las elecciones.

En el capítulo legislativo, queda la ley de memoria histórica, que está a falta del informe del CGPJ, una vez que el Consejo de Estado ya ha dictaminado a favor. La renovación del CGPJ puede retrasar el informe y hacer difícil que el proyecto de ley llegue al Parlamento antes de verano.

Están pendientes las leyes de igualdad, tras las discrepancias entre Carmen Calvo e Irene Montero. Lo primero será el paso por el Consejo de Ministros de la reforma del Código Penal sobre el acoso y el abuso sexual, la llamada ley del 'solo sí es sí'. Luego llegará el largo y difícil trámite parlamentario. También debe desbloquearse la ley de vivienda, para la que aún no hay acuerdo entre los socios del Gobierno de coalición.

PNV, ERC, Bildu, Más País, Compromís y BNG viven en estado de malestar con el Gobierno porque consideran que no son tenidos en cuenta

En lo político, a Sánchez le llega el momento de abordar una tarea pendiente: recomponer relaciones con los partidos que le apoyaron en la investidura, que pactaron los Presupuestos Generales del Estado para 2021 y que pueden apoyar las iniciativas legislativas del Gobierno. PNV, ERC, Bildu, Más País, Compromís y BNG viven en este momento en estado de malestar con el Gobierno porque consideran que no son tenidos en cuenta y ni siquiera se les informa de las iniciativas que pone en marcha Moncloa, empezando por la gestión de los fondos europeos.

En esa gestión política, Moncloa tiene previsto fijar en las próximas semanas la fecha del debate sobre el estado de la nación, que no se celebra desde 2015, y que podría convocarse para mediados de junio, coincidiendo con el tercer aniversario de la moción de censura que sacó del Gobierno a Mariano Rajoy.

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En lo político, el miércoles se abre el camino de cambios orgánicos en los principales partidos, en distinto grado y consecuencias. Sánchez prepara el congreso del PSOE de octubre, que supondrá una notable renovación de personas y funcionamiento; el PP celebrará en otoño una conferencia para redefinir su estrategia y rearmarse ideológicamente; Unidas Podemos tiene que gestionar el relevo de Pablo Iglesias por Yolanda Díaz, y Ciudadanos puede seguir sufriendo la sangría de sus cuadros en favor sobre todo del PP.

El resultado del martes marcará también hasta dónde llegará cada uno de esos procesos orgánicos. Y, sobre todo, el ambiente y la expectativa con que se plantean.