Sánchez aleja aún más a sus socios de investidura y evita la autocrítica

No es habitual ni es conveniente para un presidente del Gobierno en minoría que su principal socio parlamentario le reproche cometer una “temeridad”, y más si se lo dice en referencia a las medidas a tomar para luchar contra una pandemia. Se lo dijo a Pedro Sánchez el portavoz del PNV, Aitor Esteban, en el pleno del Congreso de este miércoles.

Y tampoco lo es que otro de los partidos que facilitaron su investidura y que le sacaron adelante los Presupuestos de 2021 considere “hostil” que presente en el Parlamento lo que considera un plan con trascendencia histórica sin ni siquiera haberlo notificado previamente. Es lo que entiende ERC, aunque su portavoz, Gabriel Rufián, no pudiera participar este miércoles en el pleno por estar en cuarentena por contacto con un positivo en coronavirus. “El Gobierno no está a la altura”, le dijo Mertxe Aizpurua (EH Bildu), y otros socios parlamentarios le reprocharon “propaganda” y descontrol.

Sánchez fue al Congreso a informar sobre el plan de recuperación tras media docena de actos de presentación y a dar cuenta de la lucha contra la pandemia, y se encontró a todos enfrente, salvo Unidas Podemos, con quien comparte Gobierno de coalición. Tras cumplir el trámite, salió con un largo catálogo de críticas y reproches y muy lejos de quienes le sostienen parlamentariamente, pero sin rectificar ninguna de sus posiciones y con su optimismo intacto.

Las críticas vienen por el citado plan y por el anuncio del fin del estado de alarma el 9 de mayo, sin querer aprobar una alternativa jurídica para que las comunidades autónomas puedan afrontar la pandemia del coronavirus. Las críticas procedentes de PP y Vox sobre estos asuntos ya son habituales, así que lo llamativo es que las hagan también todos los demás partidos. Explican que están muy lejos del Gobierno y lamentan que Sánchez eche mano de ellos cuando necesita completar mayorías sin que ni siquiera sean informados de sus iniciativas.

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Respecto al plan para el reparto de los 140.000 millones de euros procedentes de la Unión Europea, le reprochan conocer el contenido por los medios, pese a que si en el futuro hay normas que aprobar en el Congreso, sean necesarios sus votos.

“No han estado en contacto con nosotros, ni siquiera nos han adelantado a grandes rasgos el plan. Vuelven a incumplir el compromiso de que, a cambio de nuestros votos en el estado de alarma y para los Presupuestos, iban a informar y actuar casi con corresponsabilidad o cogobernanza. Es hostil y ya no sabemos a qué juegan”, explica ERC. Sánchez ni siquiera ha respondido en su réplica a este reproche de sus socios, extendido también al fondo del plan en algunas intervenciones críticas como la del portavoz del PNV.

El presidente del Gobierno tampoco ha dado explicación de uno de los aspectos más controvertidos del procedimiento de llegada de los fondos europeos: la condicionalidad. Bruselas exige reformas fiscales, de pensiones y laborales, que podrían concretarse en el futuro en recortes o incumplimientos del acuerdo de coalición. De hecho, Moncloa negocia con la Comisión Europea las exigencias y compromisos y, posteriormente, cualquier Estado miembro puede objetarlos en un plazo de dos meses. De esas negociaciones no ha dado cuenta a sus socios y, mucho menos, al Congreso.

En el caso de las pensiones, si hay recortes exigidos por Europa, tampoco Unidas Podemos está dispuesto a apoyarlos y, de hecho, ya ha rechazado varias de las propuestas diferentes que ha hecho el ministro José Luis Escrivá. Si eso ocurriera, Sánchez no tendría mayorías para sacarlo adelante en el Congreso y Pablo Casado está convencido de que el presidente del Gobierno acudiría a él a pedirle ayuda, como José Luis Rodríguez Zapatero se la pidió sin éxito a Mariano Rajoy en 2011.

Respecto al estado de alarma, el presidente insiste en que no es necesario ampliarlo el 9 de mayo, porque hay vacunas y porque las comunidades autónomas tienen instrumentos para aplicar medidas restrictivas para controlar la pandemia. Al tiempo, Sánchez rechaza aprobar una ley específica para prever esas situaciones, como le piden todos los partidos y hasta el Consejo de Estado.

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“Tal y como nos encontramos, retirar el estado de alarma es una temeridad. El estado de alarma es la herramienta fundamental que permite a las comunidades autónomas limitar la movilidad y establecer el toque de queda. No es cierto que las comunidades cuenten con los instrumentos suficientes, ni aunque lo apruebe por unanimidad el Consejo Interterritorial”, le ha dicho Aitor Esteban. Le ha recordado las decisiones de los tribunales de dejar sin efecto decisiones de algunos gobiernos autonómicos y no de otros, basados en la misma legislación estatal, como sucedió en el País Vasco con el cierre de la hostelería. Para Sánchez, eso no es un problema porque lo normal y democrático es ese control judicial. Y no se ha movido de su rechazo a la prórroga.

El estado de alarma termina el 9 de mayo; a criterio del presidente, es un problema político prorrogarlo en vísperas de las elecciones autonómicas de Madrid, donde Isabel Díaz Ayuso se presenta con el lema de 'Libertad' frente a las restricciones que llegan desde Moncloa.

Íñigo Errejón (Más País), que siempre ha estado al lado del Gobierno, ha resumido la situación como "desorden institucional".