JxCAT y ERC pelean por TV3 pero Salvador Illa podrá vetar al futuro presidente

La presidencia de la Corporación Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), que controla TV3 y Catalunya Ràdio, se encuentra entre los temas pendientes por los que ERC y JxCAT están batallando estos días a cara de perro en la negociación del nuevo Govern. Pero en realidad, como todo en estas conversaciones, la justificación tiene poco sentido. Porque para nombrar a los miembros del consejo de la CCMA, una de las mayores empresas públicas que dependen de la Generalitat, se requiere una mayoría reforzada de 90 diputados. Los independentistas, contando la CUP, solo suman 74 escaños. O lo que es lo mismo: el PSC de Salvador Illa tiene derecho a veto sobre el presidente de la CCMA.

Fuentes del PSC reconocen que el Parlament funcionará como una segunda vuelta. En el primer asalto, ERC y JxCAT tienen que ponerse de acuerdo. Algo que en este momento está resultando problemático. ERC considera que ahora que han ganado las elecciones, la presidencia de la CCMA les corresponde, igual que en la legislatura anterior fue para JxCAT. En el grupo de fieles de Puigdemont lo ven de manera diferente: consideran que hace falta una compensación por el reparto de las carteras y que la presidencia de la CCMA es el canje adecuado. En el encuentro de Lledoners, la cuestión fue calificada como pendiente.

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En la práctica es mucho más complicado porque en la segunda vuelta están esperando los socialistas catalanes. De manera extraoficial el PSC ya ha comunicado que si el candidato de JxCAT a presidir la CCMA es el periodista José Antich, que no cuenten con su apoyo, según han explicado fuentes parlamentarias. Lo dicho, el derecho a veto de Salvador Illa.

Esta complejidad institucional hace que la CCMA esté como está. Solo hay cuatro consejeros. La presidenta, Núria Llorach está en funciones. Todos tienen el cargo caducados desde hace años. El PSC, por ejemplo, no cuenta con ningún representante. Cs, tampoco. La mayoría independentista es clara en el consejo, pero en la práctica ya no controlan TV3, que hace mucho tiempo que va a su aire. TV3 es independentista, pero controlar una televisión es otra cosa.

Al PSC le corresponden dos, incluso tres consejeros en la CCMA. Para que otorgue su visto bueno a un nuevo presidente de la empresa pública ha de garantizarse la entrada de los suyos. Y, por tanto, la actual impunidad con la que actúa el independentismo en la televisión pública catalana.

El casi pacto

En la legislatura pasada estuvo a punto de haber un pacto para renovar la CCMA, pero fracasó cuando Cs se echó atrás al pensar que su electorado no lo entendería. El precio a pagar fue que el constitucionalismo lleva cuatro años fuera de los órganos de gobierno de la empresa que más influye en la opinión pública independentista.

El PSC ahora está dispuesto a pactar, pero eso va a implicar unas condiciones. Dicho de otra manera, habrá un coste que el independentismo ahora no puede saber por mucho que esta cuestión será una de las que está copando la parte de la negociación para constituir la nueva Generalitat.

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Pero que los socialistas quieran no es garantía nada. El independentismo podría decidir que prefieren seguir con Núria Llorach en funciones de manera indefinida que ceder ante el PSC. Esta lógica es la que hace, haya un bloqueo institucional a todos los niveles en numerosos organismos. Un ejemplo es Rafael Ribó quien lleva 17 años como Síndic de Greuges, los dos últimos ejercicios con el cargo caducado. No hay peligro para su futuro. Las legislaturas pasan y Ribó sigue por la incapacidad de llegar a acuerdos que rompan la dinámica de bloques entre independentismo y constitucionalismo.

Otros escollos

El control político de TV3 es uno de los escollos para cerrar el ejecutivo catalán pero no el único. Y no es el único vinculado a los medios de comunicación. Está la dirección general de Difusión, que depende de Presidència y controla las subvenciones a los medios de comunicación, incluyendo la miríada de medios digitales en catalán cuya operativa solo se sostiene de los fondos públicos que reciben. En esta legislatura la ha tenido ERC. Ahora JxCAT aspira a controlar este importante cargo estratégico aunque la consellera de Presidència vaya a ser Laura Vilagrà, mano derecha de Pere Aragonès.

Pese a la voluntad de seguir negociando, los avances siguen siendo tímidos, pese a que se celebró la cumbre de Lledoners. El control político de áreas estratégicas de la Generalitat sigue tensionando la esencia de la negociación y retrasando la investidura de Pere Aragonès. Ahora ya se fija para mediados de mayo. El 26 de ese mes es la fecha límite para evitar la repetición electoral.