Un CGPJ dividido desinfla la opción de acudir al Constitucional contra el Gobierno

Las perspectivas para el pleno extraordinario que celebra este miércoles el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no están del lado de los que apoyan acudir al Tribunal Constitucional para impugnar la reforma de los partidos del Ejecutivo, que recorta la actividad del órgano de gobierno de los jueces. Fuentes cercanas al Consejo aseguran que los ocho vocales que respaldan promover un conflicto de competencias ante el TC no están logrando recabar el apoyo de más compañeros. La iniciativa será rechazada si no cuenta con al menos 11 votos.

El pleno extraordinario es el resultado de la reclamación de una parte del Consejo de realizar un movimiento que evidencie de forma expresa no solo la discrepancia con la reforma legislativa, sino también la injerencia que representa en la independencia del poder judicial. No obstante, el cansancio generalizado se ha instalado en un Consejo que solo espera ya una rápida renovación y que no ve ventajas en respaldar la acción cuando ya se han promovido, por parte de partidos de la oposición, cuestiones de inconstitucionalidad, aseguran algunas de las fuentes consultadas.

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Como se decidió en el pleno mensual celebrado la pasada semana, la propuesta de los ocho vocales se ha motivado mediante un escrito de 16 páginas. Partiendo de la premisa de que la reforma discutida "está limitando el haz competencial del Consejo General del Poder Judicial cuando, por no haberse producido su renovación en el plazo legalmente previsto, entre en funciones", asegura que la ley realiza un "menoscabo de competencias" que se compadece mal con la percepción de independencia judicial en un Estado de derecho al quedar incorporada la acción legislativa en un contexto de bloqueos para la renovación.

Para este grupo, resulta imprescindible "desde el más alto nivel constitucional" resolver con arreglo a Derecho y a la Constitución, en relación con el propio concepto de Estado de derecho que establece la Unión Europea, y clarificar qué competencias puede ejercer el Consejo y cuáles no. Aseguran también que las "lesiones" a las que se está sometiendo al CGPJ son "reales y efectivas" y creen que puede soslayarse el intento del Ejecutivo de privar al órgano de esta opción, ya que quedó incompleto por no afectar a otros artículos de la ley en los que aún figura, como la parte referente a las atribuciones del pleno.

La sucesión de iniciativas ha resultado estéril y muchos piensan que el respaldo europeo a esta versión 'light' de reforma desactiva el conflicto

Si bien la propuesta supera el mínimo de cinco vocales que señala la ley para forzar un pleno, los vocales que la respaldan —Rafael Fernández Valverde, Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Noya, Nuria Díaz y María Ángeles Carmona— no han encontrado más adhesiones. La sucesión de iniciativas apoyadas ha resultado estéril y muchos piensan que el respaldo desde Europa a esta versión 'light' de reforma (que sucedió a la propuesta dura que levantó las suspicacias de la UE) desactiva el hipotético conflicto.

Los antecedentes tampoco acompañan. El Consejo recurrió a este mecanismo en 1985, cuando el entonces presidente, Federico Carlos Sainz de Robles, lo planteó frente al Congreso de los Diputados por la elección parlamentaria de los 12 vocales del CGPJ de procedencia judicial. El TC determinó en su fallo que la Cámara Baja tiene la potestad de legislar sobre el órgano.

La Comisión Europea

Además de este punto, el pleno tiene también encargado debatir el informe que se debe entregar a la Comisión Europea para su valoración anual. En él se responde de forma expresa a preguntas formuladas por la institución sobre la polémica reforma y se pone de manifiesto que la inmovilidad impuesta dejará vacantes varios puestos, como por ejemplo siete del Supremo. La reforma que limita las funciones dejará vacantes en lo que queda de año medio centenar de plazas que no podrán ser cubiertas.

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De forma inmediata quedarán 'atascadas' 11 plazas. Cinco de ellas ya han sido convocadas, pero no llegarán a aprobarse. En concreto se trata de una plaza de magistrado en la Sala Primera del Tribunal Supremo por la jubilación de Antonio Salas, dos en la Sala Tercera del TS (por las jubilaciones de Jorge Rodríguez-Zapata y Javier Borrego), otra más en la Sala Cuarta por el fallecimiento de José Manuel López García de la Serrana y la presidencia de la Audiencia Provincial de La Rioja.

A esa media decena se unen una plaza de magistrado en la Sala Quinta por la jubilación de Ángel Calderón, las presidencias de las Audiencias Provinciales de Lugo, Girona y Burgos, la presidencia de la Sala de lo Social del TSJ de Extremadura y la presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ del País Vasco. Estas últimas aún no habían sido convocadas, pero ya contaban con las bases aprobadas.