Cuixart aprovecha la doctrina Otegi y recusa a todos los magistrados del 'procés'

La defensa de Jordi Cuixart, el presidente de Òmnium Cultural que permanece en prisión preventiva desde octubre de 2017 por supuesta sedición, ha pedido al Tribunal Supremo que aparte a todos los magistrados del 'procés' para garantizar el principio de imparcialidad, argumento que apoya en la reciente sentencia de Estrasburgo que condena a España por vulnerar el derecho a un juicio justo de Arnaldo Otegi. Aunque otros imputados también han solicitado en la última semana la recusación de Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Supremo, Cuixart va un paso más allá, al exigir que abandonen el caso los otros seis magistrados que componen el tribunal del 'procés'.

Según avisan fuentes jurídicas a este diario, la recusación de todos ellos vuelve a poner en riesgo las previsiones del inicio de la vista oral a finales de enero, pues la Sala Especial del 61 tendrá que pronunciarse sobre el asunto. La abogada de Cuixart, Marina Roig Altozano, recuerda en su escrito los mensajes del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, y pide por ello que Marchena abandone el caso, petición que extiende a los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, Antonio del Moral García, Luciano Varela Castro, Andrés Palomo del Arco y Ana María Ferrer García.

Roig recuerda para ello la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del pasado 6 noviembre que dio la razón a Otegi y condenó a España por el conocido como caso Bateragune, en el que considera que "hubo una violación del derecho a un juicio justo". El fallo de Estrasburgo sostiene en este sentido que "los demandantes tenían temores objetivamente justificados sobre el hecho de que estos jueces carecieran de imparcialidad en su caso", apuntando con esta frase a la magistrada de la Audiencia Nacional Ángela Murillo, que en otra causa anterior había preguntado a Otegi si condenaba el terrorismo. Tras su silencio, Murillo afirmó: "Ya sabía yo que no me iba a contestar a esa pregunta", recuerda la sentencia

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La defensa de Cuixart subraya este fallo y, en concreto, la parte del mismo en que se aboga hasta qué punto "la falta de imparcialidad objetiva" de Murillo pudo influir en el resto de magistrados que conformaban el tribunal: "Debido al secreto de las deliberaciones, no es posible saber cuál fue la influencia real de la presidenta del tribunal en esta ocasión. En consecuencia, la imparcialidad de esa formación de la sección podía ser susceptible de una duda razonable". Basándose en este caso, la abogada considera que cuestionar la imparcialidad de Marchena por los mensajes de Cosidó afecta también al resto del tribunal del 'procés', por lo que solicita la recusación de todos los magistrados que lo componen.

Además de los siete jueces, en el escrito se arremete también contra otros miembros de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo: "Uno de los últimos magistrados designados para conformar la Sala Segunda, el excmo. Sr. Vicente Magro, fue elegido senador por las listas del Partido Popular y el también magistrado de la Sala Segunda, excmo. Sr. Llarena Conde, fue públicamente sorprendido en una cena el pasado mes de julio, mientras era todavía instructor de la causa, en compañía del sr. Alberto Fenández Díaz, presidente del Partido Popular de Barcelona y hermano del ministro del Interior de uno de los gobiernos de Rajoy", argumenta la abogada Roig, refiriéndose así al escrache que organizaron los CDR contra Llarena en un restaurante de Mont-ras, en Girona.

Una vez expuestos sus argumentos contra la Sala Segunda, la abogada carga entonces contra el Supremo al completo, para lo que pone en duda su independencia a la hora de juzgar el 'procés': "No solo no es el competente para conocer del presente procedimiento, sino que además es el menos indicado para conocer del mismo, dados su altísimo grado de politización y su falta de imparcialidad en asuntos de esta naturaleza".

Los wasaps de Cosidó

Los abogados de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull solicitaron la pasada semana al Tribunal Supremo la recusación de Manuel Marchena para garantizar "un proceso público en plena igualdad y con todas las garantías". Las defensas de los acusados subrayaron los mensajes en los que el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, celebraba la nueva composición del Consejo General del Poder Judicial con Marchena al frente ante sus compañeros de la Cámara Alta, unos wasaps que hicieron que el acuerdo entre el PP y el PSOE saltara por los aires.

La frase clave de Cosidó que los independentistas recuerdan en sus respectivos escritos es aquella en la que explica que, con el pacto que habían alcanzado con los socialistas para renovar el CGPJ, el PP controlaría "la sala segunda por detrás [la Sala de lo Penal, única competente para enjuiciar a aforados] y presidiendo la sala 61 [especializada en ilegalizar partidos políticos y en estudiar las recusaciones de magistrados]". La abogada de Cuixart subraya sobre dicha afirmación que "es absolutamente aterradora por lo que implica: la corroboración de la absoluta falta de independencia del máximo ógano de los jueces y de la cúpula judicial".

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La defensa del presidente de Òmnium Cultural pide además la "declaración testifical" de Cosidó por sus mensajes, pues considera que este los envió para tranquilizar a aquellos compañeros a los que les preocupó la salida de Marchena del tribunal que juzga el 'procés'. "Debe indicarse que tal mensaje se producía, según la prensa, con el fin de tranquilizar los ánimos a raíz del estupor mostrado por algunos miembros del Partido Popular ante la posibilidad de que el excmo. magistrado propuesto tuviera que abandonar la presidencia de la sala que está conociendo del procedimiento que se dirige contra mi representado y otros líderes soberanistas y el supuesto cambio de equilibrios de posiciones de dicha sala, que según la prensa se 'escoraba' a la izquierda", defiende la abogada de Cuixart en el escrito.

Pese a sus argumentos, que coinciden con los de los abogados de otros investigados en la causa del 'procés', la Fiscalía de Tribunal Supremo ya anunció este lunes que se opone a la admisión a trámite de la cascada de peticiones de recusación de Manuel Marchena. El Ministerio Público considera que "no basta con que las dudas o sospechas sobre la imparcialidad de un juez surjan en la mente de quien recusa", ya que las valoraciones del portavoz del PP en el Senado son "puras y gratuitas especulaciones de un tercero". De todos modos, fuentes jurídicas aseguran a El Confidencial que la Sala de lo Penal que dirige el propio recusado descarta rechazar de plano las alegaciones y entrará al fondo del asunto, para lo que se nombrará un instructor que previsiblemente será Francisco Monterde.